De las 40 denuncias interpuestas ante la PGJE por delitos ambientales, ninguno ha sido sentenciado en Baja California. De hecho, solo un caso fue presentado ante el juez y se determinó que no había suficientes elementos para vincular a proceso. Las sanciones monetarias han sido varias, pero en promedio sus montos rondan entre los 31 y los 48 mil pesos
Los delitos ambientales se encuentran impunes en Baja California. La Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) informó que a lo largo de diez años se interpusieron denuncias ante el Ministerio Público por delitos ambientales, pero solo uno culminó en una audiencia de vinculación a proceso, donde el juez consideró que no se acreditó la probable responsabilidad de una empresa maderera por la presencia de partículas de aserrín en el aire, en Tijuana.
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Aunado a ello, las sanciones económicas no son muy altas y las instituciones se han enfocado en otro fenómeno que aqueja a la sociedad: la extracción clandestina de materiales pétreos, la cual se realiza en diversos puntos del municipio y que representa un problema mayúsculo en materia ambiental.
Según el Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco), Mexicali fue considerado como el municipio más contaminado del país y, aunque la SPA descalifica tales aseveraciones, algunos de los puntos más contaminados de México se encuentran en la entidad.
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Ninguna sanción por la vía penal
De las 40 denuncias interpuestas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) en Baja California, ninguna ha culminado en un proceso judicial en agravio de alguna empresa, es más, solo una vez se llevó a los representantes de un negocio del sector maderero ante el juez, quien determinó, no había elementos para considerar la responsabilidad de dicha empresa y el impacto generado por la presencia de partículas de aserrín en el aire en Tijuana.
Pese a ello, la misma SPA y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitieron sanciones económicas a diversas industrias de la entidad, por lo que en 2016 se percibieron montos de 3 millones 140 mil pesos y de un millón 962 mil en 2017, según las cifras estatales. Mientras que la instancia federal solo percibió 300 mil pesos por las diversas empresas que cometieron irregularidades.
En promedio, en 2016 las cien industrias amonestadas pagaron 31 mil 400 pesos, mientras que en el presente año han erogado 48 mil, por las 41 industrias que cometieron irregularidades, lo que representa una cifra minúscula en comparación a lo que generan.
El director de Auditoría Ambiental de la SPA, Elías Daniel Monroy Ojeda, comentó que la PGJE no cuenta con un área especializada en delitos ambientales, por lo que el Ministerio Público encargado de los delitos patrimoniales, es el encargado de llevar a cabo la investigación, con base a los elementos que proporciona la misma dependencia estatal.
De las 40 querellas interpuestas que se persiguen de oficio, la mitad se realizaron en 2017, por lo que ante la comisión de alguna irregularidad de mayor gravedad, se turna a la PGJE o incluso a la Profepa, encargada de los delitos relacionados con residuos peligrosos.
Monroy Ojeda aseveró que con frecuencia las empresas establecidas atienden las irregularidades cometidas, ya que tienen ubicación y trabajo constante debido a la presión de las autoridades, pero han detectado reincidencia en algunos sectores.
Por otro lado, dijo que el dinero que se percibe va a parar a la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado, la cual se encarga de direccionarlo a cualquier sector de interés. La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que el recurso proveniente de multas debe dirigirse a financiar políticas públicas en beneficio del medio ambiente.
Ante ello, el funcionario comentó que aunque el recurso quede en manos del Estado, la dependencia presiona a las empresas a reparar el daño de diversas formas, como el plantar determinada cantidad de árboles u otro tipo de mecanismos.
Referente a las sanciones, la SPA estableció que la empresa SuKarne fue sancionada en años anteriores por la emisión de contaminantes. De igual manera Zahorí, propiedad de Carlos Bonfante Olache, pero no estableció las sanciones.
Agregó que cuando termine la investigación, SuKarne tendrá que pagar una multa por el último incendio que consumió 30 mil pacas de alfalfa.
Por su parte, el subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, Arturo Rodríguez Abitia, comentó en entrevista que han sancionado a varias empresas por el manejo ineficiente de materiales tóxicos, aunque ninguna de ellas ha cometido sanciones graves como para requerir una clausura o denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
La dependencia, que cabe señalar realizó más de 600 inspecciones desde 2013 en Mexicali, ha percibido recursos por 5 millones de pesos por concepto de multas, de los cuales 300 mil han sido durante 2017.
Entre los negocios sancionados por la dependencia federal se encuentra Fruvemex, propiedad de los hijos de Gustavo Carlos Caballero Camou, fallecido hace unas semanas afuera de su casa en la colonia Nueva, luego que criminales le dispararan en reiteradas ocasiones.
La empresa Ivemsa, propiedad del ex secretario de Desarrollo Económico, Sergio Francisco Tagliapietra Nassri, y de sus hijos Christian y Karla Vanessa Tagliapietra Trujillo, el primero de ellos vicepresidente de Innovación del Comité de Desarrollo Económico e Industria de Tijuana (Deitac).
La empresa Industrial Vallera de Mexicali, registrada por los empresarios Robert y Jerry Kleist, Selwin Walker, Michael de Nocola y Mel Posin, pero representada por Arturo y Juan Ignacio Guajardo Araiza y Armando Pareyón Castillo, los primeros dos, conocidos empresarios de la localidad.
Quimsa es otra empresa sancionada del sector agrícola y propiedad del ejidatario residente de Ciudad Morelos, Rigoberto Salcedo Monteon y de sus hijos.
Panacea Products de México, S de RL de CV, la cual maneja metales, también fue sancionada. Es propiedad de Frederick Keil Rosen y su apoderada legal es la licenciada Mayra Julieta Acosta Chávez.
En promedio, afirmó el funcionario federal, de las 615 empresas revisadas en Mexicali, dos terceras partes cometen irregularidades, solo que un gran porcentaje no culmina en alguna sanción económica, sino en apercibimiento.
Materiales pétreos y otros contaminantes
Además de las partículas PM10 que se encuentran en el medio ambiente a causa de las emanaciones de industrias, para la SPA existe otra problemática detectada desde el año pasado que ha generado graves afectaciones ambientales en diversos puntos del municipio.
Y es que detectaron la presencia de empresas clandestinas que se dedican a la extracción de materiales pétreos, los cuales generan grandes cantidades de contaminantes ante la nula regulación a la que se someten.
Monroy Ojeda aseveró que han tenido que reforzar las medidas de vigilancia en este tema y aplicado sanciones, pero consideró que es complicado, al no tener certeza de cuándo iniciarán funciones.
Afirmó que han detectado cascajos, recursos y químicos de manejo especial en algunos puntos del municipio, cuyo objetivo es extraer este tipo de materiales relacionados al sector de la construcción.
Comentó que se ha sancionado a los propietarios de los predios, ya que se generan tiraderos clandestinos por este concepto. Las sanciones a estas empresas flotantes, afirma, son ejemplares.
Por otro lado, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) inició acciones para sancionar a empresas por concepto de descargas ilegales, encontrando principalmente problemas en el sector restaurantero y de alimentos, debido a que realizan descargas de grasas y químicos en el alcantarillado de la ciudad, lo que ha generado severas afectaciones a la conexión hidráulica del municipio.
El ingeniero Benjamín Carrillo Mata, jefe de Control de Procesos de la CESPM, indicó que para el fin del año se prevé haber revisado 300 empresas entre 2016 y 2017, la mayoría del ramo restaurantero-son 2 mil 500 en Mexicali-, mismas que cometen severos errores en el tema descargas, la mayoría por desconocimiento.
Cabe señalar que el 9 por ciento de las empresas revisadas durante 2017, un total de 81, han recibido sanciones económicas que apenas alcanzan los 9 mil pesos.
Por su parte, Thelma Castañeda Custodio, secretaria de Protección al Ambiente, consideró que además del tema geográfico que afecta severamente la calidad del aire, en Mexicali existen otros factores que provocan la contaminación, como el sector transporte y las empresas relacionadas al tema energético.
Al ser cuestionada sobre la geotérmica, la funcionaria opinó que es la institución que genera más contaminantes en esta localidad y juega un papel importante en las afectaciones al ambiente, debido al tipo de emisiones que genera diariamente.
Sin embargo, reconoció que han implementado mecanismos para modernizar y reducir los desechos y emisiones, gracias a la intervención de la Profepa.
Referente a los vehículos, Arturo Rodríguez Abitia, de Profepa, indicó que en realidad lo grave es el uso de transporte de diésel, el cual genera emanaciones de diversas partículas y azufre, a diferencia de los automóviles normales que despiden monóxido y dióxido de carbono, por lo que el verdadero problema es un sector específico del transporte, derivado de unidades de traslado de basura, camiones e incluso industrias que utilizan maquinaria de diésel.
Falta legislación y disposición de las autoridades
Para el doctor y activista Baltazar Macías Ahumada, mientras los representantes populares y funcionarios no sean verdaderos ambientalistas, la situación difícilmente cambiará, pues quienes están a cargo de estos sectores tienen visiones industriales, por lo que no comprenden los verdaderos problemas que generan al medio ambiente.
En entrevista telefónica, el integrante de múltiples agrupaciones relacionadas con el medio ambiente, dijo que no puede tomarse a la ligera un señalamiento como el del Imco, que establece a Mexicali como el municipio más contaminado del país, máxime cuando hay factores que refuerzan esta información en toda la entidad.
Para ejemplificar señaló que el Río Nuevo es el más contaminado de Norteamérica; el mamífero que se encuentra en mayor riesgo a nivel mundial es la vaquita marina; Tijuana tiene las playas más contaminadas de México; y el matorral costero que va de California hasta San Quintín se encuentra en riesgo de desaparecer.
Estos cuatro puntos, señaló, son indicadores claros que existen malas políticas públicas en materia ambiental, las cuales comienzan a cobrar factura.
Por otro lado, aceptó que no existe capacitación en el tema ambiental por parte de las autoridades y el ejemplo claro es que las denuncias no culminan en sanciones penales para las empresas, y las multas representan solo una pequeña cantidad en comparación con el daño.
Por su parte, el director de Auditoría Ambiental, Daniel Monroy Ojeda, coincidió en el tema legislativo como una opción necesaria para mejorar los resultados en favor del medio ambiente.
Afirmó que se está trabajando en una nueva Ley de Responsabilidades Ambientales, que tendrá como objetivo precisar mecanismos en el tema de sanciones y procesos para facilitar el actuar de sus inspectores, que cabe señalar, son ocho en toda la entidad.
Uno de los ejemplos claros es la necesidad de formalizar la intervención flagrante en los casos, pues actualmente deben realizar una tramitología cuando atienden un caso, sin importar que esté ocurriendo en ese momento, lo que complica el trabajo al momento de emitir sanciones.
Por otro lado, opinó que la política debe ir enfocada al tema de la prevención y no tanto a la amonestación, promoviendo que las industrias se encarguen de regularse a sí mismas, lo que disminuirá la carga de trabajo y hará que los inspectores puedan focalizar sus labores a temas más importantes, como los trabajos clandestinos.
