El Instituto Estatal Electoral de Baja California se declaró incompetente para llevar a cabo la organización del plebiscito solicitado por el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes –COCI-, para que los ciudadanos sean quienes avalen el aumento a las tarifas de transporte público y la concesión a particulares del alumbrado público.
En conferencia de prensa, los integrantes de COCI informaron que ayer jueves 21 de septiembre, el órgano electoral remitió al Ayuntamiento de Tijuana la organización del plebiscito, lo que consideraron una resolución errónea y reprobable desde el punto de vista jurídico, político y social, así como un golpe a la democracia en el Estado.
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Carlos Atilano Peña consideró cuestionable la independencia y autonomía del órgano electoral, “nos queda muy claro que actuaron bajo consigna del ejecutivo estatal o municipal, o bajo un miedo exacerbado para establecer medidas contra actos de corrupción de la autoridad municipal”.
Agregó que esta decisión inhibe y desalienta la participación ciudadana y “va en contra de la esencia del propio órgano electoral. Están protegiendo los actos de corrupción de la autoridad local que pretende hacer un negocio de más de 5 mil millones de pesos con el tema de seguridad”.
“Cómo es posible que lo remitan a la competencia municipal donde no hay reglamento ni una instancia municipal que pueda desarrollar el plebiscito, ellos lo saben, lo tienen muy claro”, expuso, al recordar el caso de los estudiantes que demandaron someter a consulta pública el aumento a la tarifa de transporte desde hace 3 años y a la fecha no se ha implementado el plebiscito solicitado.
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Dijo que buscarán combatir por la vía legal la respuesta del IEE, “tenemos derecho a presentar un juicio de derechos políticos electorales ante la sala superior del Tribunal Electoral, bajo el principio de per saltum, que permite saltarnos a la autoridad local; no queremos que se resuelva en el tribunal local porque son parte de este sistema corrupto estatal”.
De hecho, abundó, ya se le había pedido al IEE que si no era capaz de llevar a cabo el plebiscito lo remitiera al Instituto Nacional Electora, para que una instancia sin la influencia local resolviera en consecuencia.
COCI también valora la posibilidad de promover un juicio de amparo para que, “entendiendo que se han violado los derechos fundamentales en materia política electoral de los ciudadanos tijuanenses que firmaron el plebiscito, se ordene dar marcha atrás a esta decisión y se obligue al órgano electoral implementar este tipo de instrumentos de participación ciudadana”, añadió el abogado.
Román Antonio Aboytes, por su parte, anunció que van a “promover un Juicio político en contra de estos sinvergüenzas, porque son incompetentes e ineptos”.
Advirtió que con la respuesta del IEE las acciones de los ciudadanos inconformes contra el actuar de la autoridad municipal podría radicalizarse. “Nos quieren llevar a radicalizar nuestra actuar, con esta actitud necia e impertinente, y dado el hartazgo de la ciudadanía, podríamos llegar a la realización de manifestaciones, marchas, toma de oficinas, a una revolución social”. Isabel mercado
