En Acapulco, un niño de 5 años, enfermo, es separado a la fuerza de su familia; lo quieren llevar a Francia

Fotografía: Tomada del perfil de la de red social Facebook de Magaly Ávila.
 
Nacional Domingo, 17 Septiembre, 2017 02:52 PM

Magaly Ávila Galeana denunció que su hijo Diego Antonio Cortés Ávila, de 5 años de edad, fue prácticamente privado de su libertad, el pasado 6 de septiembre, en su escuela, el Colegio McGregor, en Acapulco, Guerrero, por su padre, el ciudadano francés, Renaud Mario Serge Cortés.

Bajo el número de expediente 01-2/2015, la juez Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, Irma Graciela Lee González, ordenó la sustracción del menor de su colegio, al cual acudieron al menos 20 personas, entre ellos, la segunda secretaria de acuerdos del propio juzgado, Amelia Astudillo Bello.

Así como del Centro de Convivencia Familiar Supervisada Acapulco (Cecofam), perteneciente al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; además de la representante del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Acapulco, Joselyn León Calderón, y hasta policías municipales fuertemente armados, algo inusual en este tipo de diligencias, según acusó la madre de Diego Antonio.

Fueron los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco, quienes amedrentaron a personal docente y administrativo de la escuela, y hasta a algunos padres de familia, los cuales intentaron grabar con las cámaras de video de sus teléfonos móviles, pero los policías se los impidieron.

Sin embargo, una profesora del colegio alcanzó a grabar -en secreto- cómo se desarrollaron los hechos. No les importó, afirmó Magaly Ávila, que estuviera presente personal de la Comisión de Derechos Humanos estatal, entre ellos Natividad Adame Mejía, quienes en ese momento debieron, por protocolo, suspender la diligencia judicial.

Esto debido a que el menor sufrió de una crisis asmática y no existe dictamen médico al respecto, mismo que debió ser emitido por la psicóloga Emma Alicia Peraza Prieto, de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial estatal.

En la grabación, que la propia madre del menor difundió a través de diversos medios locales, se observa cómo el menor tuvo una crisis nerviosa, lo que incluso puso “en peligro su vida”, aseguró Magaly Ávila, debido a que Diego Antonio sufre de asma crónica, y en ese momento no contaba con los medicamentos necesarios para mitigar su padecimiento.

A través de su vocero -el periodista José Luis Benavides-, la madre del menor acusó que en dicho caso existe “corrupción, colusión o al menos omisión de las autoridades” judiciales y municipales, ya que el padre ejerció de forma “tramposa” los Derechos de Familia que le asisten en su país de origen.

Además, la mujer acusó que su aún esposo -aunque señaló que se encuentran en trámite de divorcio- se valió de “argucias” legales, con las cuales “logró transitar” dentro de la Cancillería mexicana, hasta lograr que el niño fuera ingresado a una estancia del DIF municipal, ya que en la diligencia también participó el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Carlos Reyes Cervantes.

El menor, que este domingo cumple 11 días bajo la custodia del DIF Acapulco, ha manifestado en diversas ocasiones que se siente como un “prisionero”, además de “estar triste” por no asistir a la escuela, y no poder estar con su madre, quien sólo puede ver a Diego Antonio de las 15 a las 18 horas, todos los días, hasta el momento.

La madre tiene que acudir en dicho horario a la Villa de Los Niños del DIF municipal, que se encuentra ubicada en el Fraccionamiento Las Playas, y cuya titular es Adriana Melgar Cruz Ahedo, quien sólo permite a Ávila Galeana convivir con el menor en una oficina de la institución, mientras que su abuela y tío -con quienes el niño vivía antes de ser sustraído-, pueden ver a Diego Antonio a través de la “pequeña” rendija de una puerta.

Según el vocero de la madre del menor, Renaud Mario Serge Cortés propinaba golpes, así como maltratos físicos y psicológicos a su cónyuge, cuando ambos vivían en Francia, lo que afirmó el periodista Benavides, obra dentro de las constancias judiciales relacionadas con el caso.

La disputa legal se centra, insistió la madre del menor, en que el padre de Diego quiere llevárselo a Francia para que viva con él, sin embargo, el niño no quier irse a vivir a ese país y tiene miedo de estar sin su familia materna, con la cual vive en el puerto de Acapulco.

Con ello, argumentó la madre del menor a través de su vocero, se viola el Principio número 6 de la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1959, de forma unánime, por todos los 78 Estados miembros que componían en ese momento la Asamblea General de las Naciones Unidas, grupo en el que está incluido México.

La madre de Diego Antonio promovió un amparo indirecto -expediente 804/2017-, contra la orden y/o ejecución de la orden de restitución del menor, ya que argumentó, con su resolución, la juez del Segundo del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, violó los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, le fue negada la suspensión incidental, aunque falta la audiencia constitucional que se celebrará a las 10 horas con 20 minutos del próximo 11 de octubre.

Por su parte, el ciudadano francés Renaud Mario Serge Cortés, promovió otro amparo que va a conocer el Juzgado Segundo de Distrito del estado de Guerrero, con el número de expediente 810/2017, en contra de la orden de restitución para que el menor sea llevado a París, donde el padre de Diego Antonio vive en la actualidad.

Una fuente del Poder Judicial estatal consultada por este reportero, afirmó que los agravios “no están del todo bien sustentados”, por lo que en suplencia de la queja -figura jurídica que se usa cuando un amparo es deficiente-, la juez “tiene la obligación de ayudar al quejoso”, en este caso al menor.

La fuente consultada, también sugirió a la madre del menor, que redacte cartas dirigidas al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), así como a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que dichas instancias conozcan del caso, y de las “flagrantes” violaciones que se cometieron en contra de los derechos del menor.

El caso, señaló una fuente consultada dentro de la Cancillería mexicana, puede escalar hasta un conflicto diplomático internacional, entre Francia y México, como el que ocurrió con el caso de la ciudadana francesa Florence Marie Louise Cassez Crepin, sentenciada a 60 años de prisión, acusada de haber participado en al menos tres secuestros cometidos en la Ciudad de México.

Sin embargo, a pesar de haber sido identificada plenamente por sus víctimas y por cuatro detenidos presuntos integrantes de la banda de secuestradores Los Zodiaco, Florence Cassez fue liberada por la SCJN el 23 de enero del 2013, bajo el argumento de que los derechos de la francesa, al debido proceso, así como el de presunción de inocencia, fueron violados.

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