Criminalidad desbordada: gobierno incompetente

FOTO.- Cortesia
 
Edición Impresa Lunes, 18 Septiembre, 2017 12:00 PM

El gobierno de Baja California admite la presencia del crimen organizado y su propuesta de solución es endeudar al Estado con 760 millones de pesos más. Empresarios y el Consejo Ciudadano de Seguridad reclaman por qué las fiscalías no han emitido órdenes de aprehensión en contra de los 12 criminales que aseguran son los generadores de la violencia. Consideran que la Procuraduría está rebasada

Tijuana alcanza otra cifra récord en los primeros trece días del mes de septiembre, prácticamente ocho asesinatos violentos al día, más de cien ejecuciones en menos de dos semanas. La marca anterior era un promedio de seis homicidios diarios.

Solo el lunes 11 de septiembre mataron a 13 personas en las calles de la ciudad fronteriza.  Baja California ya acumula más de 2 mil 023 expedientes.

Foto: Archivo.- Juan Manuel Hernández Niebla

En menos de una semana, todas las modalidades de violencia asesina fueron expuestas, cadáveres de hombres y mujeres, calcinados, un decapitado en Rosarito (80 asesinatos) cuya cabeza fue tirada afuera de un preescolar, y más restos humanos aventados al costado de un puente. En Tijuana, dos triples homicidios, cadáveres  amontonados, y en Tecate (39 homicidios), un joven de 25 años fue baleado.

En Ensenada (130 muertes violentas), el asesinato de un empresario rosaritense que agota la paciencia de representantes del sector productivo.

Y mientras el subprocurador de Justicia Zona TijuanaJorge Álvarez, declara a la prensa que el robo a comercios bajó un 30 por ciento en la ciudad, después se da a conocer que ladrones se llevaron varias pantallas planas de la hamburguesería Carl’s Jr. de Bulevar Insurgentes de Tijuana.

Aunque el robo reciente más cuantioso lo tiene Mexicali (109 homicidios), con los 3 millones de pesos (promedio) que hurtaron de dos cajeros automáticos en la tienda Walmart del fraccionamiento San Pedro el 7 de septiembre.

Hoy, los muertos son tantos que la gente se está acostumbrando al sonido de las balaceras, ejecuciones que la autoridad no está interesada en resolver, bajo la excusa de que la mayoría son delincuentes y mientras más se maten entre ellos…mejor.

 

Procuraduría rebasada

En las reuniones, el Grupo Coordinación reitera la versión de que el recrudecimiento de la violencia lo están generando 12 criminales a los que llaman “objetivos específicos, los mismos que ustedes ya han publicado”, comentaron a ZETA empresarios tijuanenses.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo: “¿Por qué las procuradurías no han emitido órdenes de aprehensión, si los tienen identificados?”, cuestionó Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

Y las respuestas son siempre las mismas: la gente les tiene miedo; ellos no cometen ni ordenan los delitos directamente a los ejecutores; y no hay elementos suficientes. Esto sucede incluso después de la última visita a la región del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong quien públicamente comprometió a los tres órdenes de gobierno a capturarlos, sin dar nombres.

“La Procuraduría está desbordada, no va a poder…son demasiados muertos para una fiscalía”, consideró Hernández Niebla

“Aquí lo único es que la Policía Municipal y la Estatal Preventiva están llegando a los lugares de los hechos, porque a  lo único que le puedes apostar ahorita es a ser disuasivo, que si el cuate va a salir a ejecutar, sepa que va a llegar la Policía, porque la Procuraduría no va a poder.

“En la mesa de seguridad, la semana pasada le pregunté al delegado de la PGR, Pedro Torres, por las órdenes de aprehensión, y respondió que Baja California era el primer lugar en integración de carpetas de investigación, entonces imagínate cómo andan los otros”, recordó el representante ciudadano.

En 15 meses se han judicializado 3 mil 500 detenidos por portación de armas exclusivas del Ejército, declaró el representante en medios locales en el informe de delegaciones; lo que omitió fue que la mayoría de esos sujetos lleva le proceso en libertad.

 

Rechazan deuda

Mientras el 13 de septiembre en Mexicali,  además de los temas del agua, integrantes de dos grupos de resistencia ciudadana reclamaban en las instalaciones del Congreso del Estado que ante la inseguridad desbordada el gobernador Francisco Vega de Lamadrid y su gabinete estuvieran pensando en hacer más negocios a costa de esta crisis, se manifestaron para impedir la realización de la sesión del Congreso en la que pretendían aprobar un “Contrato plurianual para diseño, construcción, operación, y mantenimiento de in sistema integral de infraestructura e interconexiones tecnológicas para seguridad pública del Estado de Baja California”, el C5i, cuya inversión se propone de 750 millones de pesos a razón de 69 millones de pesos por año.

Foto.- Archivo, Perla del Socorro

El Consejo Ciudadano de Seguridad y los comités municipales también rechazaron el proyecto; dicen que no es el momento.

“Va a pasar lo mismo que ahorita que los agarran y los tiene que soltar, por actos de molestia, llegan, paran malandros con armas, con cualquier otra cosa ilegal y finalmente lo vas a terminar soltando. No estamos preparados, no tenemos policías, no tenemos protocolos de respuesta, el 911 no está funcionado y finalmente, bajo el NSJP si detectas a la persona en el arco o en las cámaras y no tiene orden de aprehensión  lo vas a tener que dejar ir, vamos a terminar donde mismo y endeudados”, fue el clamor ciudadano.

“Realmente es dinero tirado a la calle si no fortalecemos el NSJP, si no generamos órdenes de aprehensión contra los delincuentes, de nada sirve”.

El diputado panista Miguel Osuna comparte la postura de rechazo al C5i, pero con diferente motivación: “Estoy ponderando que se acompañe este dictamen de un aval más amplio de la sociedad y también un aval técnico de un perito especializado e independiente  y dictamen del secretario firmado”.

 

Gobierno se admite falto de coordinación  y en presencia del crimen organizado

Fue precisamente en la redacción de la propuesta del mencionado contrato multianual del C5i donde el gobierno de Francisco Vega reconoció los problemas de coordinación.

En su redacción, indica que pese haber “robustecido acciones y estrategias (…) en los últimos años se ha registrado un aumento de la actividad delictiva (…) por lo que debemos reconocer la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación y comunicación interinstitucional entre los diversos órdenes de gobierno”.

La respuesta a este problema es, de acuerdo a la versión de “Kiko” Vega, “consolidando una infraestructura tecnología robusta”. Con eso pretende reducir la desconfianza que existe entre corporaciones que no comparte la información importante, y cuando realizan capturas,  se meten zancadillas unas a otras.

En el texto también reconocieron la presencia de crimen organizado, asegurando que se debe a la cercanía con el mercado de Estados Unidos, expusieron que el Estado se vuelve vulnerable y atractivo para  los traficantes, “los delincuentes comunes, los que cometen delitos de alto impacto y los relacionados con delincuencias organizada”.

Situación que los gobiernos locales no pueden seguir negando si en menos de 24 horas en esta semana,  sus corporaciones emiten boletines informando que dos hombres fueron detenidos transportando seis kilos de cristal, o reportando la incautación de 400 kilos de marihuana en un estacionamiento de Otay.

“Que en la entidad y particularmente en las  entidades fronterizas, operan organizaciones del crimen organizado, que actualmente están teniendo una confrontación  para tener el control de la distribución y narcomenudeo local, así como el trasiego de las drogas hacia los Estados Unidos de América”.

Y reconocieron que derivado de la presencia de los grupos del crimen organizado, está creciendo el resto de la incidencia delictiva que afecta a una mayoría de ciudadanos honestos, “situación que se ha visto reflejada en delitos dolosos de alto impacto como homicidios, robo, violación, delincuencia organizada y otros”.

 

Empresario asesinado

El 6 de septiembre, alrededor de las 8:41 am, se reportó al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C4), una persona de sexo masculino sin vida en la habitación 22, del Hotel Dubái de Calle Esmeralda en Ensenada.

Ejecutada en Módulo 2 de Otay

La víctima  estaba sobre la cama y parcialmente envuelto con cobijas, con heridas múltiples -siete, informaron en un primer momento, pero la Procuraduría no ha dado reporte oficial-. Como causa de muerte, la necropsia reportó choque hipovolémico debido a laceración traumática de hilio renal derecho, debido a heridas por objeto punzocortante penetrantes de tórax y abdomen. Resultó negativo en los exámenes toxicológicos y de alcoholemia.

El 8 de septiembre, el occiso fue identificado como Víctor Loza Bazán, de 60 años de edad, quien era buscado por su familia. Para quienes trabajan en esta carpeta de investigación destaca el hecho de que el hombre llegara a hospedarse en un hotel por debajo de su nivel adquisitivo.

En los videos de vigilancia del lugar se aprecia que llega solo por su voluntad y se registra con su nombre. No está establecido el robo, porque en el lugar del crimen se encontraron varios objetos suyos, aunque sí se llevaron algunas cosas. La escena no parecía un acto planeado para asalto.

En las imágenes se detectó movimiento de dos personas más, hombre y mujer que llegaron después, pero no se registraron.

Usaron su cuenta de Facebook después de haberlo matado, alguien escribió algo desde su dispositivo móvil. “Las investigaciones van muy avanzadas, se están ubicando sus relaciones, y de inicio el móvil de homicidio está ubicado en el ámbito personal”. Sin embargo, eso no evitó la molestia del sector empresarial al analizar que quien sea que lo haya victimado, lo hizo porque creyó que podía salir impune.

“Aunque este fue un hecho aislado que sucedió en Ensenada, evidentemente afecta los ánimos de los empresarios de Rosarito, puesto que la violencia en el Estado está creciendo y es algo que nos debe preocupar”, comentó  Rosario Castillo, presidente de Restaurantes y Bares de Playas de Rosarito.

“Hace falta más apoyo estatal y federal para que estos índices tengan una baja considerable y darle una mejor certidumbre a su gente y al turismo, a pesar de que el propio turismo no se ha visto afectado por estas situaciones, eso no nos exime de una crisis que podamos tener en cuestión de seguridad”, agregó.

“No tenemos la información del móvil sobre el crimen, pero en primera instancia la petición es que se esclarezca y se castigue a los culpables. Esto significa el temor y el fantasma de 2008 y el hecho de que regresemos a lo que se estaba viviendo en ese tiempo, cuando el crimen organizado estaba impactando a la sociedad, es un temor que hemos estado expresando de que si se sigue como vamos, se va a caer nuevamente en esos esquemas”, puntualizó Manuel Hernández, del CCSPE.

 

Incidencia y cruzada

El 12 de junio, el gobernador Francisco Vega presentó y formó en Tijuana la “Cruzada por la Seguridad: Tarea de Todos” para “atender los temas de seguridad pública y justicia a través de la fusión de esfuerzos por la paz social”, lo hizo en presencia de diverso grupos civiles de la sociedad organizada y representantes de los diversos sectores productivos

Santa Fé

Han transcurrido tres meses y el mandatario no ha realizado otro acto público para exponer los resultados.

Por ejemplo, se sabe que:

* Se establecieron cuatro campamentos en las zonas de mayor incidencia delictiva: Presa, Pinos, Sánchez Taboada. Y policías de proximidad.

* Ya cumplió 100 días y, en ese tiempo, 506 personas han sido asesinadas en Tijuana, la mayoría en la vigilada Zona Este.

La ciudadanía sigue asustada como los padres de familia y vecinos de la Escuela Secundaria Número 16 de Terrazas del Valle, quienes pagaron, construyeron y activaron una caseta de seguridad para cumplir  lo que la autoridad no hace: proteger a sus hijos.

En cuanto a  la incidencia de otros delitos del fuero común, la información que la Secretaría de Seguridad Pública tiene disponible públicamente solo refleja los primeros 40 días de la Cruzada.

El robo violento a comercio que el subprocurador Álvarez aseguró se redujo un 30% -las denuncias- en Tijuana, en el comparativo entre junio y julio, el número de carpetas creció de 191 a 241; sin embargo, en ambos casos se mantuvieron dentro del promedio mensual de 241 robos violentos a comercio.

Lo mismo sucede con los robos en general. Junio tuvo mil 677 y en julio aumentaron a mil 874, pero en ambos casos quedaron por debajo del máximo de 2 mil 086 robos en mayo del presente año; las lesiones aumentaron de 336 en junio a 341 en julio; los homicidios culposos aumentaron de 12 a 17; las violaciones se duplicaron de 17 a 33.

De lo anterior se deduce que en su primera etapa, la estrategia no tuvo efecto alguno en la incidencia. Habrá que esperar a hoy viernes 15 o hasta el lunes 18 de septiembre, cuando la Secretaría publique las estadísticas de agosto, para saber si finalmente la Cruzada tiene algún impacto.


100 muertos en 14 días

 Desmembrados, calcinados, encobijados, embolsados, ejecutados a tiros o a golpes, engrosan la cifra que en los últimos siete días asciende a 44 muertos.

El viernes 8 de septiembre, en un local de máquinas de videojuegos, dos sujetos fueron ultimados a tiros. Un cuerpo desmembrado, envuelto en una bolsa de plástico color negro, fue hallado en el interior de un auto en Camino Verde. Un hombre de 35 murió  tras recibir un balazo en El Laurel.

El sábado 9, en Loma Bonita, un joven murió de un tiro en la cabeza. En una maleta color roja  fue encontrado el cuerpo de un hombre sobre la carretera de cuota Tijuana-Rosarito. En el Mariano Matamoros norte, “Jaime” recibió impactos de bala en el tórax. Y entre basura en Villas del Prado, fue localizado el cadáver de un sujeto calcinado.

El domingo 10, en Urbi Villas del Prado, un varón fue encontrado muerto con lesiones contusas.  Además, José Amaro Flores murió tras recibir varios tiros y Édgar David Navarro “El Gordo”, de 30 años, fue asesinado en la colonia Emperadores.

El lunes 11, trece personas fueron ultimadas. En el Mariano Matamoros centro, una joven fue asesinada. En el Hotel 3 Leones de la Zona Centro, un  hombre de 40 años fue ultimado a tiros. Envuelto en una cobija y con huellas de violencia, fue encontrada muerta una mujer de 30 años  en la colonia Libertad.  Pedro Hernández García, de 22 años, fue asesinado en la colonia México Lindo. En Loma Bonita mataron a Iván Hernández, y Marco Montejano Hernández, de 27 años, fue ultimado en el Altiplano.  En estado de putrefacción y con lesiones de arma de fuego, fueron localizados tres cuerpos en un área de terracería a la altura del fraccionamiento Hacienda Las Delicias.  Juan Cervantes Carrillo, de 32 años, murió a tiros. Manuela Alvarado fue ejecutada en la colonia 3 de Octubre. En Villas del Prado fue asesinado Gabriel Roa Hernández, de 40 años. Y otro cadáver  envuelto en una cobija fue localizado en la colonia Reforma.

El martes 12, cinco  personas fueron asesinadas, entre ellas Antonio Murillo Alba alias “Brenda”,  de 19 años, quien murió por lesiones de arma blanca. En Delicias 3 fueron encontrados cuerpos semi-enterrados.  En la Emperadores, fue asesinado a balazos un hombre de 30 años.  En Urbi Quinta del Cedro II, un hombre fue ultimado a tiros.

El miércoles 13, Héctor Cruz, de 20 años; Jorge Miche Beta, de 49; y Héctor Rivera “El Pelón”, de 41, fueron asesinados en Villa del Campo, Generación 2000, Praderas de la Gloria, Villas de Alcázar y Sánchez Taboada, respectivamente.

Por último, el jueves 14 de septiembre, en Urbi Villas del Prado, un sujeto de 45 a 50 años fue ejecutado a balazos. En la  colonia Monte San Antonio localizaron el cadáver de una mujer de entre 25 y 30 años. El cuerpo calcinado de una persona fue encontrado en Cumbres Flores Magón y, en un lote baldío de la colonia El Florido tercera sección, se reportó el cadáver de un joven de entre  20 y 25 años.


Difieren audiencia contra presuntos homicidas de policía

 

La audiencia intermedia de la causa penal 00268/2016, instruida por el delito de homicidio calificado en contra del elemento de la Policía Municipal, Luis Armando Martínez Escobar, llevada a cabo el 12 de septiembre, fue diferida por las partes procesales, manifestando se encuentran en pláticas para acordar un proceso abreviado.

Los imputados son Alberto José Martínez Jeovani y Ricardo Daniel Rivera Pulido, presuntos responsables del homicidio de Martínez Escobar, ocurrido el 23 de septiembre de 2016 sobre Calle Coahuila frente al Adelita’s Bar de la Zona Norte. En dicha fecha, estos habrían agredido a balazos al occiso y a otros dos elementos municipales, Wilfredo Cervantes y Saúl Escobar, quienes resultaron heridos.

Tras una persecución, Martínez Jeovani y Rivera Pulido fueron detenidos en posesión de dos armas largas sobre el Bulevar Insurgentes.

Dada la trascendencia de acordar un juicio abreviado, ya que los imputados tendrían que confesar su responsabilidad en los hechos a cambio de una sentencia menor, la defensa de los mismos solicitó diferir la audiencia intermedia para continuar las negociaciones con el Ministerio Público, a lo que no hubo inconveniente por parte de la fiscalía.

La nueva fecha para audiencia quedó fijada para el 16 de octubre.

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