Contratos de “Kiko” por 15 mil millones de pesos colapsan al Congreso

Foto: Cristian Torres.- Grupos opositores evitan que se voten los dictámenes.
 
Zoom Político Lunes, 18 Septiembre, 2017 12:00 PM

Se trata de dos propuestas del Gobierno del Estado para que el Congreso autorizara dos reformas que involucraban cambios por más de 15 mil millones de pesos, que se proyectaban pagar a cuatro empresas bajo el esquema de APP’s -Asociación Pública-Privada-

Con dos intentos de  modificar contratos multimillonarios, el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid no solo provocó el incendio social en el Congreso del Estado, generando daños y la toma de las instalaciones, sino también logró lo que pocos: incitar que la bancada del PAN se fracturara; al menos, uno de sus diputados señaló públicamente las irregularidades e inconsistencias técnicas y la “falta de seriedad” del gobierno panista en temas de Seguridad Pública y Proyectos de agua.

En un episodio legislativo exprés y amañado, Francisco Vega de Lamadrid y sus diputados panistas -excepto Miguel Osuna Millán- intentaron engordar aún más la carga para los bajacalifornianos, en temas de negocios del agua. Además de querer modificar el proyecto del C-5, con un valor superior a los 3 mil millones de pesos, de un “sistema Integral” de infraestructura para la Seguridad Pública.

Se trató de dos propuestas del Gobierno del Estado para que el Congreso autorizara dos reformas que involucraban cambios a los contratos por más de 15 mil millones de pesos que se proyectaban pagar a cuatro empresas, las cuales se encuentran en el esquema de Asociación Pública-Privada.

A pesar de que el gobierno de Vega de Lamadrid envió sus propuestas desde julio, su coordinador de bancada, Ignacio García Dworak, no tuvo la capacidad política para poder avanzar el tema adecuadamente, despertó sospechas, inconformidades y señalamientos dentro del Congreso.

Fue hasta el pasado 9 de septiembre que -tal como lo marca el proceso legislativo- las propuestas del gobernando se dictaminaron en la Comisión de Hacienda que preside la diputada del PAN, Iraís Vázquez; junto con ella, a favor votaron únicamente dos legisladores más: Eva María Vásquez y Sergio Tolento. La propuesta del gobernador además contó con la ayuda de las “abstenciones” del diputado Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California, y de Rocío López Gorosave, del PRD.

Asimismo, el dictamen en la Comisión pudo avanzar “causalmente”, gracias a las ausencias de los diputados de “oposición”, Catalino Zavala, de Morena; Job Montoya, de Movimiento Ciudadano; y de Benjamín Gómez, del PRI.

Finalmente, el anuncio del intento del gobernador convocó a grupos ciudadanos opositores del gobierno del Estado, que terminaron en intercambios de empujones, por parte del personal del Congreso, y una puerta rota. El enfrentamiento logró que algunos de los manifestantes tomaran las instalaciones de la Cámara de Diputados y así evitaran que la sesión, donde se votarían las modificaciones del gobernador, iniciara.

 

15 mil millones en juego

Luego de haber comprometido más de 72 mil millones de pesos del presupuesto actual y futuro de Baja California con las obras, por medio de las mentadas APPs (Asociaciones Público-Privadas, contenidas en el Decreto 57), el gobierno de “Kiko” no ha podido destrabar las inconsistencias legales para poder empezar a desembozar los millones de pesos y cumplir con los empresarios cercanos al PAN-Gobierno, algunos de ellos panistas, como el hermano de la alcaldesa de Rosarito, Mirna Rincón, y el senador, Víctor Hermosillo, entre otros contratistas “consentidos”.

BC colapsado, y el gobernador en gira por otros Estados.

En las horas previas a la sesión ordinaria del jueves 13 de septiembre, toda la operación del Estado se echó a andar. Llamadas, ofrecimientos, negociaciones o presiones, amenazas y cobros de favores, todo lo necesario para poder planchar una iniciativa de reforma en el Pleno de Diputados.

Se trató de una “modificación (Dictamen 95)” al mentado Decreto 57, en específico, sobre tres proyectos de APP’s, relacionados con el agua. Con eso, el gobernador intenta torcer la ley para garantizar los millones de pesos mensuales que van a recibir las empresas encargadas de: 1.- La desalinizadora en el Municipio de Rosarito, 2.- Sistema de agua en San Quintín, 3.- La construcción de drenajes y pluviales en Mexicali. Solo por esas tres obras, el Estado pagará a las empresas -hasta por 37 años-, 11 mil 478 millones 889 mil 433 pesos.

Pero el gobierno panista quiere garantizar las fuentes de pago. Para ello, propuso esa modificación (dictamen 95), donde todos los ingresos de la CESPT, CESPE y CESPM, por servicio de agua, se fueran a un fideicomiso que garantice el pago a las empresas.

De entrada, las Comisiones de Servicios Públicos están obligadas a pagar una mensualidad millonaria que firmó el gobierno y que ya autorizó el Congreso en la XXI Legislatura, si ese pago fallara, se constituirá “un crédito en cuenta corriente irrevocable” para garantizar hasta tres meses de contraprestación.

Si todo lo anterior no alcanza para cubrir los pagos ya pactados, se autorizará -con la propuesta que no se pudo votar el jueves 13- la constitución de un fideicomiso para nuevamente garantizar el pago; es decir, comprometiendo todos los ingresos por consumo de agua al acceso inmediato para las empresas. Por si fuera poco, el dictamen contempló autorizar al Poder Ejecutivo la constitución de otro fideicomiso para asegurar los pagos mediante los ingresos derivados del impuesto sobre las remuneraciones al Trabajo Personal.

Lo peor es que esta idea -generada por Manuel Guevara, secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Sidue- contraviene a la propia Ley que reglamenta el servicio de agua potable y que prohíbe que los ingresos de los organismos encargados de los servicios, se destinen “a otro fin distinto” que, en este caso, es el fideicomiso que sirva de garantía.

El único en ejercer un posicionamiento público fue el diputado del PAN, Miguel Osuna Millán, que calificó de “inaceptable el endeudamiento” del Estado, cuando se tiene asegurado el abasto de agua hasta el 2028, según los estudios de expertos.

El diputado denunció que Tijuana tiene el agua más cara del país y que las reformas del gobierno panistas han generado una inconformidad social que debe de atenderse. “No hay prisa”, argumentó, para exhibir la intención de “Kiko” por endeudar aún más al Estado.

“Llámese como se llame; empréstitos, pago de contraprestaciones o deuda. Estas obligaciones de pago por más de 82 mil millones de pesos cuadriplica o quintuplica la  deuda pública del Estado de Baja California, por ello mi postura en contra de mayor endeudamiento del Estado”.

En la Comisión de Hacienda “los de oposición” se hacen

Además, el Dictamen 94 contemplaba la celebración de otro contrato multimillonario para la construcción y operación de un sistema en Seguridad Pública, el cual, Osuna Millán igualmente dijo, carece de sustento.

Fuentes revelaron que, antes de la frustrada  sesión, a inicios de semana, tanto el dirigente del PAN, José Luis Ovando, los diputados del PAN, así como altos funcionarios del Gobierno del Estado, se reunieron para acordar la votación a favor y desde esa reunión, Osuna Millán anticipó su rechazo “al considerar que la documentación técnica es insuficiente; por lo tanto, es inviable dicho contrato”. El panista señaló: “La seguridad pública requiere atención prioritaria en Baja California. La solución no está en el uso de la tecnología, sino en la voluntad política de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal”.

El Gobierno del Estado pretende sacar el C5 del esquema de APP, pactado ya con un valor de 3 mil 224 millones de pesos, a pagar en 25 años, a un esquema plurianual por 750 millones de pesos, a pagar en 10 años.

Sumando los 3 mil 224 millones y los más de 11 mil 400 millones de las APP’s del Agua, en estas dos intentonas del gobernador se juegan aproximadamente 15 mil millones de pesos que se pagaran por años futuros y las generaciones próximas.

Los movimientos del gobernador y sus funcionarios y la danza de miles de millones de pesos, incendian a Baja California e incluso al interior del partido sentado en el poder. (con Información de ZETA Mexicali)

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