ASF rebasada por la corrupción

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Edición Impresa Lunes, 11 Septiembre, 2017 12:00 PM

La figura de fiscal anticorrupción continúa acéfala desde abril. Instituciones desgastadas como la Auditoría Superior de la Federación ya se cansan de denunciar sin que la PGR realice investigaciones y consigne a corruptos. Solo el 4.66 por ciento de 708 denuncias han sido consignadas a la autoridad judicial. Investigador Javier Soto Morales considera que “lo que le duele a este país, es la ausencia de una auténtica sociedad civil”

En México no existe la voluntad política ni las instituciones que gocen de autonomía técnica y operativa para acotar la grave corrupción en todos los ámbitos, destaca el investigador académico Javier Soto Morales, para quien el hecho de que ya exista una Fiscalía Anticorrupción, sin un titular desde abril, refleja la poca importancia que los políticos y funcionarios dan al tema.

El docente de la Universidad Panamericana advierte que la llegada de los tiempos electorales politizará aún más la designación del pretendido fiscal que requiere el recientemente creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero estima que este mismo año se conocerá al funcionario.

Actualmente en el país existen políticas, leyes e instituciones para sancionar los delitos derivados de prácticas y actividades corruptas. Están previstos en los códigos penales federal y de las entidades. Las dependencias de los tres niveles de gobierno tienen contralorías internas, existen contralorías estatales, auditorías superiores en cada entidad federativa, una Auditoría Superior de la Federación (ASF) y una Secretaría de la Función Pública (SFP), independientemente de las unidades especializadas investigadoras de la Procuraduría General de la República (PGR).

Una nueva instancia, la Fiscalía Anticorrupción, no garantiza la desaparición del flagelo que afecta a gobernantes y gobernados si no se aplican adecuadamente las leyes y se erradica la impunidad, advirtió Soto, para quien el SNA es un proyecto convertido en realidad, pero “una realidad que se ha quedado un tanto corta, porque si bien se aprobó todo el esquema del SNA, seguimos con un sistema acéfalo, en el que no se ha designado o nombrado a la persona, o al fiscal, y en este caso, a quien debe encabezar precisamente a este sistema”.

El entrevistado aseguró que se cuenta con una comisión ciudadana, en la que se ha nombrado a integrantes de un perfil y un prestigio muy valioso; sin embargo, “seguimos, pareciera, sin que la voluntad política, hablando de los políticos, de que se concrete y se nos dé un resultado a los ciudadanos, en el que este esquema del Sistema Nacional Anticorrupción sea operativo y entre a operar”.

 

Una Auditoría sometida

Los esquemas fiscalizadores y las instituciones creadas para detectar, frenar y sancionar la corrupción han fracasado por dos razones, asegura el investigador Javier Soto Morales. Primero, por la falta de una voluntad política real, y, en segundo lugar, porque las referidas instancias “no gozan o no tienen la autonomía -tanto técnica como operativa- para que hagan su trabajo con total independencia. Nos encontramos con órganos técnicos sometidos a los intereses políticos dependientes del Congreso y sabemos, hoy por hoy, que el Congreso de la Unión o los congreso locales, al estar a niveles sumamente politizados, deciden intereses de fracción o de partido, pero pareciera que van en contra del interés especialmente de su razón de ser, una representación ciudadana, que vele por la rendición de cuenta, se combata la corrupción y se acabe con la impunidad”.

Una de esas instituciones, que aún goza de cierto prestigio, es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que continuamente sale a la luz pública a informar sobre presuntas transas, irregularidades, subejercicios y opacidad en diversas dependencias de los tres poderes. Sin embargo, sus resultados no se aprecian como exitosos, debido a que solo unos cuantos casos llegan a tribunales y son castigados en cualquiera de las vías procedimentales.

El propio auditor superior federal, Luis Manuel Portal, ha defendido a la institución que encabeza al asegurar que no le corresponde encarcelar a los corruptos. “No nos lavamos las manos, no es nuestra función, revise usted nuestra Ley, no son facultades nuestras meter a la cárcel a la gente, ni pescar peces gordos, no es nuestra función esa, hacemos auditorías, presentamos resultados de la revisión, de cómo se gastan los recursos públicos”, diría en una entrevista el funcionario.

Los indicadores de la institución encargada del control externo de la administración pública federal, durante los últimos años, reflejan el problema. El asunto no es detectar las irregularidades y denunciarlas, sino que le haga caso la PGR, ya que desde 1998 y hasta lo que va de 2017, la ASF ha formulado 708 denuncias penales, de las cuales solo 33 han sido consignadas ante una autoridad judicial; es decir, el 4.66 por ciento de la totalidad de señalamientos.

El 95.34% de denuncias que no se han consignado tienen diferente estatus. Según la PGR, 477 de los señalamientos aún se encuentran en integración de averiguaciones previas o carpetas de investigación, en 44 de los casos se determinó el no ejercicio de la acción penal, 124 están en reserva (de mejores datos) y 30 en recursos de amparo. Sin embargo, la autoridad ministerial no hace referencia a la posible prescripción de alguna de ellas, que datan desde hace 19 años.

Sobre este tema, en el que incluso la PGR interpone recursos de revisión a los fallos de amparo favorables a la ASF, Soto Morales indica: “Esa circunstancia es derivada de lo que yo llamaría un surrealismo, donde los políticos y quienes se encuentran en los cargos públicos no representan verdaderamente lo que la sociedad busca y espera. Vemos que los intereses políticos o de quienes ejercen el poder a través de los cargos públicos, se contraponen a un marco legal, obstaculizan la aplicación del derecho y en ese sentido vemos a una auditoría a nivel federal que goza de prestigio, por supuesto, por las personas que la encabezan y que hacen su trabajo, pero pues queda sometido a otros factores que le hacen contrapeso desde el mismo Congreso y desde el mismo Poder Ejecutivo, como lo vemos en el caso de la Procuraduría General de la República.

“Es penoso y es desafortunado. Yo creo que es tiempo de llegar a un ‘ya basta’, en el sentido de que se le den facultades a la misma Auditoría Superior de la Federación y pueda ésta, con independencia (por eso la figura del fiscal que ahora desaparecerá la del procurador), con autonomía propia, y sin que tenga que rendir cuentas a un Poder Ejecutivo, proceder hasta sus últimas consecuencias desde el punto de vista de responsabilidad de los servidores públicos”, remató el catedrático.

Por su parte, para el auditor Luis Manuel Portal existe un rezago importante tanto para la sanción de las penas administrativas, como las penales, por lo cual consideró que la PGR necesita liberarse de tanto expediente, y eso solo va a ocurrir cuando se nombre al fiscal anticorrupción.

 

¿Y la sociedad civil?

El profesor Javier Soto lamenta que al mexicano se le considere como un transa por los propios connacionales, y peor aún, por sus autoridades. Recordó el episodio en el que el Presidente Enrique Peña Nieto dijo que la corrupción en México era un mal de origen cultural, versión con la que no coincide y califica de afirmación muy desafortunada de alguien que representa jurídicamente a los mexicanos, aunque reconoce que la corrupción existe y es grave.

“Yo considero que abunda la gente que busca hacer las cosas bien en comparación con los que buscan el camino fácil, a través de la transa, a través del cochupo. Sí. Debemos de reconocer, y no podemos tapar el sol con un dedo, que existe una subcultura en ese sentido de hacer las cosas, como dicen, ‘por debajo de la mesa’, o ‘si puedo caminar más rápido sin importar la forma en la que lo hago’, pues hay quienes, en todos los ámbitos, desde quienes se dicen empresarios, hasta el comerciante, el que da una lanita para conseguir una licencia, etcétera. No nos asustemos. No tapemos el sol con un dedo, porque eso existe”, detalló el académico.

Soto Morales es optimista al aseverar que la corrupción se puede revertir, puede cambiar, pues a lo largo del tiempo y de los años, ha habido otras naciones que han demostrado que pueden salir de esa subcultura y lograr una cultura donde se promueva la transparencia, se combata la impunidad, se haga rendir cuentas “y en ese sentido, haya un mejor esquema en cuanto a calidad de vida, funcionamiento de las instituciones y obviamente un crecimiento en el que realmente se den todas las condiciones para que todos los mexicanos nos desarrollemos y haya oportunidades en todos los aspectos”.

La urgencia porque se designe a un fiscal anticorrupción que “cierre la pinza” en el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, además de la situación lo amerita, es por lo que resta de sesiones a los diputados en la recta final del año, previo a 2018, año electoral, en el que tiende a elevarse el grado de politización de los temas, su discusión y las acciones. “Veo posible el contar con ese fiscal. Los partidos políticos, sabemos hoy por hoy,  que son enfermos crónicos desde el punto de vista de falta credibilidad, que son grupos de intereses que están muy lejos de ser verdaderos institutos políticos, de formación de cuadros, que presenten alternativas a los ciudadanos para mejorar el nivel de nuestra democracia. Poco podemos esperar de ellos, si sus intereses están reflejados ahí en los diputados y los senadores. Menos los intereses ciudadanos”.

Javier Soto Morales piensa que lo que le duele a este país es la falta o ausencia de una auténtica sociedad civil “y tenemos que involucrarnos los ciudadanos y los organismos gubernamentales. Hay organizaciones muy interesantes que están muy activas combatiendo la corrupción desde la ciudadanía. Creo que los ciudadanos a través de las diferentes formas de participar, debemos presionar a los partidos, a los políticos, a los congresistas, al Presidente de la República, que hagan su trabajo y que completen lo que comenzaron; que no sea por falta de voluntad política que dejen de cumplir sus compromisos. La realidad ya nos alcanzó. Creo que si no actuamos con la celeridad del caso, esto se va a desbordar en muchísimos problemas no solo de tipo político o de corrupción, sino social, de marginación”.

Para concluir, declaró: “La corrupción es un generador, día a día, de desigualdad, de mayor pobreza y de que hoy tengamos mexicanos de primera, de segunda y de tercera. Considero que, precisamente, ese es el daño mayor de la corrupción: marginar y dejar en unas cuantas manos una concentración económica y de poder, en perjuicio de los demás”.


 

Señalamiento de la ASF

 

Televisores no entregados y descompuestos

La ASF reveló que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes entregó en 2015 aproximadamente 380 mil 695 televisiones inservibles, un 3.7 por ciento del total de aparatos regalados por la dependencia en el proceso del apagón analógico. Otras 11 mil 533 televisiones se perdieron, significando un posible daño patrimonial por 29.2 millones de pesos.

 

Anomalías en atención a migrantes

La ASF detectó anomalías en el ejercicio de 10.3 millones de pesos en el programa “3X1 Migrantes” y el Fondo de Apoyo a Migrantes del Gobierno de Michoacán. Se detectaron pagos excesivos de honorarios, falta de recibos que amparen el gasto y contratación de congresos y convenciones.

 

Opacidad de gasto por el Senado

El Senado de la República no proporcionó documentación que sustente el gasto de recursos por mil 202 millones de pesos durante la cuenta pública 2005. También se detectó el uso incorrecto de 234 millones de pesos.

 

Irregularidades en obras de la SCT

La ASF hizo observaciones sobre el ejercicio de mil 785 millones de pesos en la realización de obra pública a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las presuntas irregularidades estuvieron en obras al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el segundo piso de la autopista México-Puebla y la construcción del tren interurbano México-Toluca.

 

Cuatro universidades afectan al erario

La ASF detectó posibles daños al erario por 831 millones de pesos por parte de dependencias que contrataron universidades públicas que no tenían capacidad técnica para cumplir con las encomiendas. Estas universidades son: Tecnológica de Nezahualcóyotl, Autónoma de Zacatecas, Politécnica de Texcoco y Técnica del Sur de México.

 

Se desconoce destino de fondos en el Edomex

La administración de Eruviel Ávila, del Estado de México, recibió en fondos y programas federales de 2015 más de mil 943 millones de pesos y no pudieron comprobar su destino.

 

Los viajes de funcionarios de Pemex

En la cuenta pública 2015 de Petróleos Mexicanos, la ASF detectó 912 vuelos autorizados por la Dirección General de la empresa paraestatal, que no pudo acreditar que dichos viajes -en un helicóptero y una avioneta Cessna– fuesen para cumplir con funciones oficiales.

 

Denuncias contra Duarte, no consideradas

De un total de 52 denuncias formuladas por la ASF en contra del gobierno de Veracruz desde 2011 hasta inicios de 2017, sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, ninguna ha sido considerada en el proceso en contra del ex gobernador Javier Duarte.

 

El aumento de pago en reparación de ductos

El pago por reparaciones de ductos dañados por sustracción de hidrocarburos aumentó en un 295% entre 2014 y 2016, asevera la ASF. En 2014 se destinaron 477 millones de pesos para tal fin, mientras que en 2016 se erogaron mil 767 millones de pesos.

 

Irregularidades en compras de Pemex

La ASF encontró irregularidades en las compras de equipo por 127 millones de pesos para la Refinería de Minatitlán, Veracruz. En 2015, la empresa adquirió 47 equipos completos para emergencia para la refinería, pero solo 27 fueron instalados, dos estaban en el almacén y 18 presentaban condiciones de deterioro, corrosión y abandono.

 

Desvío de fondos en Coahuila

La ASF detectó que el gobierno de Coahuila extrajo 423 millones de pesos de sus cuentas bancarias que estaban etiquetados para el sistema de pensiones y Protección Civil, pero no se ha comprobado el uso del 84% del dinero con documentos.

 

Aviadores en servicios de salud estatales

Un informe de la ASF reveló que los servicios de salud en 13 entidades destinaron en 2016 recursos federales para pagar sueldos a 695 “profesionales” que no tenían título o cédula profesional, que no se encontraron laborando en su centro de trabajo o que ya habían sido dados de baja.

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