Aprobarán endeudamiento de “Kiko” por 83 mil mdp

Foto: Cristian Torres
 
Destacados Viernes, 29 Septiembre, 2017 10:12 AM

 

Basta con que dos terceras partes, es decir, 17 de 25 diputados de Baja California voten a favor para que el Estado comprometa el presupuesto estatal por más de 83 mil millones de pesos, durante un periodo de 37 años, para empresas de familiares de funcionarios panistas

 

Diputados confiaron a ZETA que es el propio gobernador, Francisco Arturo Vega de Lamadrid, quien ha tenido que realizar llamadas telefónicas amenazantes a los diputados de su bancada para que aprueben a como dé lugar dos propuestas que envió desde julio para poder financiar negocios bajo el esquema de Asociación Público Privadas, principalmente relacionadas con el agua.

“No habíamos visto este nivel de presiones, chantes o amenazas para poder pasar algo”, contó uno de los diputados, haciendo referencia a la operación que el Gobierno del Estado ha echado andar en los últimos días, para que los diputados aprueben dos dictámenes que comprometerán los recursos de las próximas generaciones de Baja California.

El gobierno de “Kiko” Vega tiene un problema: firmaron contratos (autorizados por la anterior legislatura) con empresas bajo el esquema de APP, para éstas realicen obras y servicios relacionados con el agua en la entidad. La más costosa es la desaladora en Rosarito. Pero no tienen el dinero para pagarlos y más cuando se trata de costear 82 mil millones de pesos.

Tan solo al consorcio Aguas de Rosarito, integrado por las empresas NSC Agua, Nuwater y Degremont, encargados de la desaldora en Rosarito-Tijuana, el gobierno pretende pagar 172 millones de pesos 840 mil pesos al año, incluyendo el IVA, que representa 2 mil 74 millones de pesos al año.

Pero en este nuevo contrato -aprobado ya por los diputados de la legislatura anterior- tiene un plazo de 37 años, es decir, un total de 76 mil 740 millones.

En ese consorcio, se ubica Alejandro de la Vega Valladolid, vínculo familiar con el Antonio Valladolid, ex secretario de Fianzas del gobernador.

Estos proyectos han sido impulsados desde el Gobierno del Estado, personalmente por el mandatario, así como por el secretario de Desarrollo Urbano, Manuel Guevara, y por Antonio Valladolid.

Lo grave es que, para poder comprometer los miles de millones de pesos, el Congreso ahora debe aprobar que el Estado financié y garantice el pago a las empresas por las administraciones siguientes.

Eso es lo que está en juego en las próximas horas, en el pleno de la Cámara de Diputados, y donde el PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y Partido de Baja California, tienen la intención de votar a favor.

 

Otros contratos

Además del ya mencionado contrato, otro al que “Kiko” Vega le urge asegurar los pagos millonarios durante años, es el que celebró con Desaladora Kenton S.A. de C.V., que fue la única que presentó propuesta y que es representada por Patricia Paterson Villalobos y Yolanda Padilla Loza y donde aparece como socio Jesús Octavio Rincón Vargas, hermano de la alcaldesa panista de Rosarito, Mirna Rincón.

Esta empresa creada para la APP se encargará del “Sistema Integral Hídrico en San Quintín”. Ahí, el gobierno se compromete a un pago de 11 millones 136 mil pesos al mes, más IVA; esto es, más de 133.6 millones al año, con una duración de 30 años, arrojando un total de 4 mil 650 millones de pesos.

Uno más es para la Operadora de Pluviales Mexicali, empresa que realizará obras de tuberías y drenajes en la capital del Estado. Para ello se quieren destinar 2 millones 845 mil pesos mensuales, durante 15 años, dando un monto total de 512 millones 246 mil pesos, con IVA incluido.

Es justamente el Dictamen 95 que se votará este viernes 29 de septiembre el que pretende autorizar al gobierno del Estado para que todos los ingresos de la Cespt, Cespe y Cespm, por servicio de agua, conformen fideicomisos para el pago a las empresas.

Los propios diputados saben que para cumplir con ese compromiso, se tendrá que aumentar las tarifas del agua potable, adquirir más deuda pública y comprometer otros impuestos que generan importantes ingresos.

El dictamen 95

Las presiones son para que aprueben las garantías del pago. El gobernador envió esa propuesta desde julio, pero fue hasta el pasado 9 de septiembre que se dictaminaron en la Comisión de Hacienda, encabezada por la panista, Iraís Vázquez.

En la Comisión, además de la diputada Vázquez, a favor votaron dos panistas más: Eva María Vásquez y Sergio Tolento. Además, las propuestas del gobernador contaron con las “abstenciones” del diputado Jorge Eugenio Núñez, del Partido de Baja California, y de Rocío López Gorosave, del PRD.

No hubiera sido posible que salieran los dictámenes en la Comisión si los diputados de “oposición”, Catalino Zavala, de Morena; Job Montoya, de Movimiento Ciudadano; y de Benjamín Gómez, del PRI, no hubieran faltado “oportunamente” en esa sesión de Comisión.

El dictamen 95 pretende dejar en Ley que las Comisiones de Servicios Públicos estén obligadas a pagar las mensualidades millonarias que arriba fueron mencionadas. Es decir, se tendrá que aumentar las tarifas del agua para poder incrementar los presupuestos.

Pero si eso no llegara a concretarse, esto es, que si el dictamen es aprobado por el Congreso, se estará autorizando al Gobierno del Estado “un crédito en cuenta corriente irrevocable”, es decir, contratar deuda pública para garantizar hasta tres meses de contraprestación.

Esto no es todo, el dictamen 95 contempla una tercera garantía. Si los ingresos de las comisiones de servicios fallan y los créditos no son suficientes, se contempla un fideicomiso para nuevamente garantizar el pago por medio de los ingresos por consumo de agua.

Finalmente, el gobernador quiere que el Congreso autorice otro fideicomiso para poder incautar los ingresos derivados del impuesto sobre las remuneraciones al Trabajo Personal y asegurar los millones contratados con las empresas, durante todos los años que vienen.

Dictamen 94

Este viernes igualmente se votará por aprobar un contrato relacionado con la Seguridad Pública para construir  un C5 (Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad en el Estado).

El Gobierno del Estado busca pactar un contrato plurianual por 750 millones de pesos, más IVA, a pagar en 10 años, lo que representa 800 millones 400 mil pesos en total.

Estos dos dictámenes se intentaron votar en la Cámara de Diputados el pasado 21 de septiembre, pero grupos opositores de Mexicali tomaron a la fuerza los pasillos del Congreso y tuvo que posponerse.

De igual forma, creó división dentro de la fracción panista. El diputado Miguel Osuna Millán declaró públicamente la falta de sustento y la “poca seriedad” en la pretensión del gobernador y la de sus compañeros diputados.

 

Los cálculos

Los operadores del gobierno y del Partido Acción Nacional calculan que los dictámenes se aprobarán con cierta dificultad, pero se sienten confiados con el apoyo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), por medio de la “buena disposición” de Alejandro Arregui y coordinador de la bancada, quien ha ofrecido la operación dentro de su grupo parlamentario; asimismo saben de la colaboración de Benjamín Gómez, presidente de la Mesa Directiva.

Igualmente, el PAN-gobierno presume internamente que tienen en la bolsa a Rocío Gorosave, diputada del PRD; a Job Montoya, de Movimiento Ciudadano, por instrucciones del dirigente en el Estado, Alcibíades García Lizardi; y al Partido de Baja California, por medio de Jorge Eugenio Núñez.

Las APPs en el pantano

Para la diputada federal y ex dirigente del PRI, Nancy Sánchez, los dictámenes no deben de aprobarse: “Somos de los estados más endeudados en todo el país, sobre todo, por la prisa de atender el tema de las APPs que el tema de seguridad”.

Agrega: “los asesores del gobierno estatal parece que engañan al gobernador con números y cifras que danzan en lo ridículo, que lo único que hacen es hacerlo quedar mal. Como legisladora, exijo y pido que sean claros, que digan qué destino tendrán y tienen los recursos”.

Sánchez dice que la molestia social que existe “es porque es un gobierno incompetente, poco claro, que está más preocupado por sus negocios, por sus APPs, que pudieron haber sido muy buenas, pero nacieron en un pantano y no han sabido cómo salir adelante y decirle a la gente; no han clarificado que nos van a endeudar por 37 años”, señaló.

“Ha platicado con algunos diputados de mi partido, cruzamos información al respecto. Creo que la postura debe ser la misma, la nuestra, de la transparencia en el gasto, no engañar al ciudadano, no comprometer a generaciones futuras, la claridad del manejo de las finanzas públicas”.

La diputada no tiene duda, el dictamen 94 y 95, “Por supuesto que se tienen que votar en contra. Si no ha sido transparente su manejo, tiene que ser en contra. Las APPS siguen empantanadas y mis diputados tienen que ser congruentes con eso”.

— ¿El no hacerlo generaría sospechas?

“Por supuesto que generaría sospechas, espero que no sea así, pero también conozco a los del gobierno del Estado. Son tramposos y son mayoría (PAN), mis diputados han sido muy congruentes, se han fajado en los temas importantes, algunos más y otros menos, pero ahí se va a notar”.

 

Panista en contra

Dentro del grupo parlamentario de Acción Nacional, el diputado Miguel Osuna Millán fijó desde un principio su postura en contra de los dictámenes 94 y 95. Con esto, el ex secretario de Salud se convirtió en el único legislador panista que se opuso a la voluntad del gobernador.

Lo hizo por una serie de razones técnicas que muestran no solo la falta de viabilidad de los proyectos, sino los daños que causaría una deuda de esta magnitud.

“Llámese como se llame, empréstitos, pago de contraprestaciones o deuda; estas obligaciones de pago por más de 82 mil millones de pesos cuadriplican o quintuplican la deuda pública del Estado de Baja California; por ello mi postura en contra de mayor endeudamiento del estado”, declaró respecto al dictamen 95.

Explicó que la entidad cuenta con la disponibilidad de 89 millones de metros cúbicos de agua que alcanzarían para abastecer el servicio hasta 2018, por lo que consideró “inaceptable aprobar ahora una inversión de esta naturaleza, no hay prisa”, hizo ver Osuna Millán.

De igual forma, señaló que las desaladoras requieren la opinión y aprobación de expertos en el tema del agua, quienes recomiendan la construcción de manera escalonada en módulos de 200 litros por segundo.

En cuanto al dictamen 94, consideró insuficiente la documentación técnica para justificar la construcción del C5, por lo que calificó de “inviable” a este contrato. “La solución no está en el uso de la tecnología, sino en la voluntad política de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal”, expresó.

Además, reconoció la falta de responsabilidad en el abordaje del tema, ya que no se incluyó un dictamen técnico por parte de un perito especializado e independiente que avale el proyecto y pidió al gobierno del Estado que éste se incluyera.

 

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