Las secretarías de Gobernación (Segob), de Relaciones Exteriores (SRE) y la Procuraduría General de la República (PGR), aseguraron que “han agotado” 7 de las 11 líneas de investigación que estaban pendientes en el caso Ayotzinapa -que este martes cumple 3 años- y que fueron planteadas por familiares de las víctimas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Entre los puntos a los que ha dado cumplimiento y de los que ha informado tanto a los familiares como a la CIDH, en seguimiento a sus medidas cautelares, dijeron las dependencias en un comunicado conjunto, está la definición sobre la existencia o no de responsabilidades de agentes policíacos estatales y federales, aunque la Procuraduría no precisó cuál fue el sentido de su conclusión.
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Otra línea de investigación concluida, según la PGR, es el esclarecimiento de la identidad de “El Caminante” y “El Patrón”, personajes involucrados junto con la Policía Municipal en el operativo de traslado de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
La PGR también aseguró que agotó otras líneas como la relativa al denominado “quinto autobús”, bajo la que se suponía un presunto traslado de heroína en uno de los camiones tomados por los normalistas y que explicaría una reacción violenta de algún grupo del crimen organizado.
Además, la PGR dijo que ya resolvió lo relativo a los policías municipales contra los que se ha pedido proceder, y a los análisis de telefonía de los normalistas desaparecidos. Además, dijo, obtuvo los detalles de la operación que tuvo la noche de los hechos el C4 de Iguala, Guerrero.
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El último punto recomendado por deudos y la CIDH, que también ya cumplió, señaló la PGR, es la obtención de información solicitada a Estados Unidos sobre el trasiego de drogas de Guerrero a la ciudad de Chicago, Illinois, por parte del grupo delictivo Guerreros Unidos.
La PGR también explicó que del total de las 973 recomendaciones y peticiones que hiciera en su momento el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), puede afirmarse que se han atendido casi en su totalidad.
“En todo momento se ha obrado con objetividad en este caso, cuya investigación constituye la más amplia realizada en época alguna por la PGR. Los más de 500 tomos del expediente así lo confirman”, puntualizó la Procuraduría.
La PGR agregó que hay más de 120 acusados por el caso Ayotzinapa en la cárcel, así como 71 sujetos a proceso por secuestro, y señaló que si ninguno de estas personas está sentenciada, es por dos razones principales:
La primera, porque los procesados han estado agotando toda clase de recursos legales en contra de las decisiones judiciales que se van emitiendo y, dos, que no es legalmente posible cerrar la instrucción de esos procesos mientras continúen ofreciendo pruebas, indicó la Procuraduría.
“La PGR, no obstante, continúa desplegando sus mayores esfuerzos para que los procesos judiciales avancen de la manera más expedita posible”, dijo.
Sobre la búsqueda de los desaparecidos, la PGR dijo que examina las imágenes obtenidas mediante la tecnología Lidar, en una extensión de 60 kilómetros cuadrados, en un área sugerida por la representación de las víctimas.
Una vez que concluya su análisis, revisará directamente los lugares considerados por sus características como de ubicación probable de fosas clandestinas, indicó.
“A tres años de distancia de los hechos de Iguala, el Gobierno de la República reafirma su compromiso con las víctimas y reitera que continuará agotando todos los medios a su alcance en materia de investigaciones, búsqueda y atención a las víctimas y sus familiares”, señaló la PGR.
ABOGADOS DE LOS NORMALISTAS ASEGURAN QUE LA PGR NO HA CUMPLIDO LO QUE DICE
Los normalistas participaban en los preparativos para asistir a la marcha de la matanza del 2 de octubre de 1968, en el entonces Distrito Federal. El 26 de septiembre de 2014, los normalistas recaudaron dinero por medio de “boteos” y tomaron autobuses.
Por la noche, fueron interceptados y agredidos por policías de Iguala, Cocula y probablemente de Huitzuco. El resultado: 196 víctimas directas de violaciones a derechos humanos; 43 normalistas de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada.
Mil 096 días, 81 millones de pesos y 650 búsquedas después, no hay indicios de su paradero, dice Serendipia, medio que publica investigaciones y herramientas basadas en datos. Además, la PGR “no ha sido capaz de llevar a una sentencia condenatoria” a los más de 130 detenidos, la mayoría integrantes de la organización Guerreros Unidos.
Ninguno de los implicados y a quienes se les inició proceso tienen acusaciones por desaparición forzosa, sólo cuatro casos tienen acreditado el homicidio o tentativa de homicidio, señaló el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH), que también calificó como “estancada” la investigación que tiene abierta la PGR con el número de expediente AP/PGR/SDHPDSC/OI/001/2015.
A 36 meses de los hechos, la organización defensora de derechos humanos que acompaña a los padres de los normalistas señaló irregularidades durante el proceso de investigación que no han sido resueltas, como el ocultamiento de información al GIEI, relacionada con una libreta que le fue asegurada a un integrante de Guerreros Unidos en la que presuntamente se tenía un listado con datos de funcionarios.
El documento del Centro ProDH menciona que otro tema que no tiene avance es la diligencia realizada el 28 de octubre de 2014 en el río San Juan por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y que no fue informada al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Tampoco han sido resueltas, indicó el Centro ProDH, las líneas de investigación que han solicitado los familiares de los normalistas, relacionadas con la actividad que todavía tuvieron los celulares de los jóvenes días después del ataque.
Así como la posible participación de policías municipales de Huitzuco, de militares y el trasiego de droga en autobuses con destino a Estados Unidos. En el caso de los teléfonos de los normalistas, refiere que aunque el GIEI recomendó que se profundizara la investigación no hay nada concreto al respecto. y dijo que por lo menos siete teléfonos tuvieron actividad, a pesar de que la PGR aseguró que los aparatos habían sido destruidos.
Según el Centro ProDH, la PGR menciona la detención de 170 personas, aproximadamente, relacionadas con la desaparición de los estudiantes; de ese total, 97 son presuntamente integrantes de Guerreros Unidos, 54 policías de Iguala y 19 policías de Cocula; sin embargo, sólo alrededor de 70 están directamente acusados de los delitos cometidos contra los normalistas.
La organización de Derechos Humanos afirmó que se tiene demostrado que en los puntos en los que fueron interceptados y detenidos los normalistas, como el Palacio de Justicia de Iguala y la vialidad en la que fue agredido el autobús del equipo de fútbol de los Avispones, habrían participado policías de Huitzuco, pero ninguno de ellos ha sido detenido.
Recordó que en el informe del GIEI se menciona que, según testimonios, se estableció un radio de 80 kilómetros, desde el punto de ataque, para evitar que los normalistas pudieran salir de Iguala la noche del 26 de septiembre.
El documento del GIEI detalla que en una salida de Iguala había elementos de la Policía Federal que desviaban la circulación por un camino de terracería, y que ese radio -que establecieron diferentes corporaciones- era desde la carretera Iguala-Chilpancingo hasta la comunidad de Sabana Grande, en Mezcala, incluyendo Huitzuco.
“Por cuanto hace a la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acreditó que en uno de los lugares donde un grupo de estudiantes fue detenido y luego desaparecido había al menos dos elementos de la Policía Federal que consintieron la detención”, señaló.
“Del Ejército, se comprobó que presenciaron pasivamente los hechos elementos del Ejército desplegados irregularmente como civiles la noche de los hechos”, indicó el Centro ProDH.
Por otra parte, al cumplirse tres años de la desaparición de los 43 estudiantes, sus familiares y diversas organizaciones sociales, realizarán una marcha silenciosa en la Ciudad de México, que partirá del Ángel de la Independencia hacia el Antimonumento, ubicado en Paseo de la Reforma y Bucareli.
Aunque tenían programada una marcha hacia el Zócalo de la ciudad, los padres de los 43 de Ayotzinapa decidieron cambiar su plan de acción por el sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, que la semana pasada azotó la capital de la República, y que ha dejado más de 190 muertos, tan sólo en la Ciudad de México.
