Una de las promesas de Francisco Vega de Lamadrid fue eliminar la alerta de viaje que sobre Baja California ha emitido el gobierno de los Estados Unidos a sus ciudadanos para que se abstengan de visitar cualquiera de los cinco municipios de la entidad, o tomen especiales medidas de seguridad en caso de realizar el viaje.
Con el objetivo de cuidar la vida e integridad de los ciudadanos que visitan el extranjero, en Estados Unidos crearon esta alerta de viaje que califica los niveles de seguridad en los países, y al análisis de los datos duros, lanzar las recomendaciones. De igual manera como el Departamento del Tesoro de Norteamérica congela los bienes en su país de personas relacionadas con el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y otros delitos, emite alertas para que ciudadanos y empresarios de su país no hagan relaciones comerciales con los mismos.
Publicidad
Baja California tiene varios años en la lista de estados y ciudades a los cuales el gobierno de la Unión Americana recomienda tener precaución en caso de visitarlo,
La alerta textual dice así:
“Baja California (incluidas Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate y Mexicali): Tomar precauciones en la parte norte del estado de Baja California, particularmente por la noche. La actividad criminal y la violencia, incluido el homicidio, continúan siendo un tema a lo largo del todo el estado. De acuerdo al Secretario de Seguridad Pública de Baja California, el estado ha experimentado un incremento en la tasa de homicidios comparado con el mismo periodo de 2016.
Publicidad
“Mientras la mayoría de estos homicidios parecen estar focalizados en asesinatos de organizaciones criminales, guerras territoriales entre los grupos criminales han resultado en crímenes violentos en áreas frecuentadas por ciudadanos de los Estados Unidos. En incidentes de balaceras han resultado heridas personas inocentes, cuando han ocurrido a la luz del día.
“Debido a la pobre cobertura de celular y en general de las condiciones de las carreteras, personal del Gobierno de los Estados Unidos únicamente están autorizados a viajar por La Rumorosa entre Mexicali y Tijuana, por la carretera de cuota y durante el día”.
Es evidente que la alerta está sustentada en información oficial del país, que refiere que efectivamente, la inseguridad va en aumento, la violencia y la inseguridad producto de las guerras entre cárteles y bandas del crimen organizado a lo largo y ancho de México, y en este caso, en los cinco municipios de Baja California.
Además, de manera oficial refieren haber contado con información de instancias gubernamentales al referir, en la alerta misma, que el secretario de Seguridad Pública de Baja California (Daniel de la Rosa Anaya), confirmó el incremento entre el número de homicidios de 2016 a 2017. Esa es una realidad.
Sin embargo, en esa actitud simplona que le caracteriza y sin asesores que por lo menos se documenten y le digan de qué trata el tema para elaborar una respuesta acorde no solo a su investidura, sino a la realidad bajacaliforniana, cuando los reporteros le preguntaron sobre la alerta, el gobernador Vega de Lamadrid salió con la ligereza de que está equivocada la alerta de los Estados Unidos, que no corresponde a la realidad, e incluso a tono de sorna ejemplificó (las personas ejemplifican cuando no tienen fundamentos, contexto, información o carecen de conocimientos) que sería tanto como recomendar que los niños no vayan a las escuelas de Estados Unidos por lo que sucede.
La información en la que el gobierno de la Unión Americana sustenta sus alertas, salió de las autoridades de México. Para conocimiento del gobernador, en el Estado que administra, sí ha habido un incremento en los homicidios, no solamente de acuerdo a la estadística que lleva a cabo el Gobierno Federal a través del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, o del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sino de la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado, y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, donde por cierto está de titular una de las amigas y más cercanas colaboradoras de Vega, doña Perla Ibarra.
Cualquiera de estos dos funcionarios podría, de hecho me atrevo a pensar que sí le informan, decirle al gobernador que Estados Unidos está en lo correcto, que el número de asesinatos en 2017 es mayor que el de 2016, que desde que tomó posesión del gobierno en noviembre de 2013, la cifra ha ido incrementando a partir de 2014. Que en ese año se contabilizaron 714 homicidios dolosos en Baja California, que en 2015 la cifra aumentó a 909, que para 2016 llegaron a mil 257 los ejecutados, y que en tan solo ocho meses de 2017, ya se cuentan mil 331 homicidios dolosos en el Estado.
No, habría que decirle al señor gobernador Francisco Vega de Lamadrid, alias “Kiko”, como le gusta que le llamen, que las cifras del Estado no están mal, como la alerta de los Estados Unidos no está mal fundamentada. Lo que está mal es su negativa a aceptar que existe un grave problema de inseguridad y violencia en Baja California como hace mucho no se vivía, y que no solo vulnera a los turistas de los Estados Unidos o de cualquier país, sino a los ciudadanos bajacalifornianos que todos los días salen a trabajar, a estudiar, a realizar sus compras, a vivir en la cotidianidad, y que pueden ser víctimas de un fuego cruzado, de un asalto de un robo a mano armada, de un secuestro exprés, o de una extorsión.
Si el Ejecutivo estatal aceptara el problema de inseguridad, que reconoce el Gobierno Federal al enviar al titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong a ayudar (aunque poco lo hace), que reconocen los Generales de la II Zona y la II Región, que reconocen los mandos medios de las corporaciones policíacas y que viven los bajacalifornianos, podría encontrar en coordinación una estrategia para combatirlo. Pero mientras lo siga negando, mientras insista que Estados Unidos está mal, que no conoce la realidad del Estado, iremos de mal en peor, porque la ausencia de una estrategia eficiente de combate a la inseguridad, sólo genera impunidad.
Porque en Baja California, y en esas condiciones de ignorancia o negación por parte del titular del Gobierno del Estado, la alerta la deberíamos tener todos los ciudadanos, no nada más los estadounidenses.
