Los contratos con Turbofin “son un mecanismo para movilizar el dinero hacia un operador financiero que tenemos identificado como Vilaso y que es éste quien en realidad acerca a (Jaime) Rogozinski con Gastélum (Juan Manuel), en su época de diputado, cuando Gastélum acepta que él conoció a Rogozinski. Lo único que está haciendo es proteger a Vilaso”, dijo Manuel Rodríguez Monárrez.
El regidor del Partido Encuentro Social -PES-, en el cabildo de Tijuana, afirmó que “Rogozinski es propietario de Turbofin; Diego Gaspar el que firma el contrato, es un representante legal y amigo también de los llamados Rogozinski y Vilaso”.
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Añadió que, a principios de abril, se firmó el contrato inmediatamente después de la separación de Rogozinski de Turbofin, en marzo, “para que no procediera la denuncia en Sindicatura que habíamos presentado… Han hecho una serie de maniobras legales para desligarse de responsabilidades, una es desligar a Rogozinski de los contratos, sacándolo de la empresa legalmente en marzo; y dos, el alcalde no firmando los contratos”, señaló.
Tras realizar el análisis jurídico del contrato de arrendamiento de camiones de basura, firmado entre el Ayuntamiento de Tijuana y la empresa Turbofin, los regidores del PES presentarán copias del mismo ante el Congreso del Estado, como prueba a la denuncia de juicio político, interpuesta contra el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro.
La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, integrada por ocho diputados, de los cuales cinco son del Partido Acción Nacional (PAN), sería quien autorizaría dicha prueba y escucharía los argumentos de los regidores Manuel Rodríguez Monárrez, Mónica Vega y José Manuel Ortiz Ampudia, en cuanto a la procedencia del juicio contra Gastélum y la Síndico Procuradora Ana Marcela Guzmán Valverde.
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Señalaron que el contrato es nulo de origen al estar firmado por la Oficial Mayor María de los Ángeles Olague Contreras y otros funcionarios, como Lamberto Portillo y Víctor Raúl López Alcaraz y no por el alcalde, siendo éste el único facultado con la representación legal del Gobierno Municipal. A ellos también se pretende fincarles responsabilidad.
Gilberto Fimbres, presidente de Coparmex Tijuana, también solicitó al alcalde copia del contrato, entrega que Gastélum solo ha hecho parcialmente, faltando el análisis de la situación financiera del Ayuntamiento. Motivo por el cual no pudo manifestar a ZETA una opinión justa e informada sobre el acuerdo con Turbofin.
El alcalde de Tijuana quedó de enviarle el estado financiero en el que se sustenta el contrato, la tarde del lunes 3 de julio, pero luego se negó argumentando que por estar bajo investigación de Sindicatura, no puede ser revelado.
No obstante, Fimbres señaló que Gastélum se ha mostrado con buena disposición para aclarar todas las dudas que ha tenido la cámara, respecto a lo que se conoce públicamente del contrato.
Otra irregularidad señalada por diversos sectores es la falta de declaratoria de emergencia para la adjudicación directa a favor de Turbofin, ya que, a pesar de que el artículo 34 del Reglamento de Adquisiciones, Contratación de Servicios y Arrendamientos para Tijuana permite esto, siempre y cuando “Se trate de adquisiciones de urgencia, motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, previo acuerdo escrito del Ejecutivo Municipal o del Cabildo, en el que se hará constar tal circunstancia”, dicho documento no forma parte de los anexos del dictamen ADQ-2017-AD-028, sólo haciéndose alusión a ésta con numeral PM-135-2017.
