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lunes, febrero 19, 2024
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Comerciantes contra aplicación de cobro por recolección de basura buscarán amparo; Ayuntamiento notificará a 40 mil comerciantes, espera cobrar 167 millones de pesos

Con la advertencia de infracciones futuras, la administración de Juan Manuel Gastélum Buenrostro inició a finales de junio el requerimiento de cobro por recolección de basura a comercios, derecho por el que este sector debe cubrir una anualidad de 3 mil 600 pesos, pago en el que se incluye una cantidad adicional de 590 pesos por la inscripción de un padrón de generadores de desechos sólidos urbanos.

La aplicación de este nuevo gravamen fue aprobada por el gobierno de Jorge Astiazarán y que pretendió aplicarlo en los primeros meses de 2016, pero, ante la inconformidad de comerciantes que amenazaron con recurrir a amparos, no se llevó a cabo.


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De acuerdo a la Ley de Ingresos, “la contratación del servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, que tenga carácter de ordinario, solo se proveerá en su caso a pequeños generadores”.

Por servicio domiciliado en ruta, cuya periodicidad es una vez por semana, se pagará anualmente un costo de 18 veces el salario mínimo vigente -actualmente en 80.04 pesos-, lo que da un monto de 1 mil 440.72 pesos. Para servicio domiciliado en ruta de periodicidad mayor a una vez por semana, se pagará anualmente y de forma anticipada 36 veces el salario mínimo vigente, es decir, 2 mil 881.44 pesos. Esto de acuerdo a la clasificación de Registro Municipal de Generadores de Residuos Sólidos Urbanos, cuya inscripción tiene un costo de 590 pesos, que sumados al pago anual, significará para los comerciantes un desembolso total de 4 mil 195 pesos, mismos que deberán cubrir antes del 18 de julio de 2017, “de lo contrario, nos veremos obligados a extender una boleta de infracción en una futura inspección”, se advierte en la notificación.

El cobro se demanda tanto a comerciantes de la Zona Centro, como en la Zona Este y de cualquier colonia de Tijuana. El monto requerido aplicará lo mismo para un taller como para una estética o farmacia, cuando la Ley de ingresos determina que su aplicación es procedente en los negocios que generan 400 kilogramos o más de basura al año.


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María del Carmen Hernández, propietaria de una farmacia, señaló a ZETA que recibió la notificación de cobro sin que se le diera la opción de buscar el servicio de recolección de basura de su conveniencia, sino que se le instruyó acudir directamente a Palacio Municipal y realizar ambos pagos, “en los que estoy totalmente en desacuerdo”, anotó.

A dos semanas de generalizarse las notificaciones de cobro por parte de la Dirección de Protección al Ambiente -DPA-, la Asociación de Comerciantes de la Zona Centro, presidida por Guillermo Díaz, advirtió que solicitarán el amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN-, al considerar que, con el pago del Impuesto Predial, el servicio de recolección de basura tendría que estar incluido.

Al aplicarse el gravamen en forma general en Tijuana, donde operan más de 40 mil negocios de comercio y servicios registrados, de acuerdo a las estadísticas de la DPA, Guillermo Díaz exhortó al presidente de Canaco de Tijuana, Mario Escobedo Carignan, a apoyarlos en su negativa de cubrir un pago que califica anticonstitucional.

No obstante, el dirigente de Canaco estimó que es “necesario como sector, cooperar con el gobierno para mantener la ciudad limpia, toda vez que la administración municipal no está en condiciones de prestar el servicio como se quisiera”.

El municipio está obligado a recolectar la basura doméstica, siempre y cuando sea unihabitacional.

En lo que sí dijo estar en desacuerdo fue con la obligación de contratar un determinado servicio para la recolección de los deshechos, cuando debería dar a los comerciales la libertad de “elegir al particular que quiera contratar”. Asimismo, demandó al gobierno municipal tener consideración con la aplicación de este gravamen hacia los establecimientos de reciente creación, en aras de apoyarlos a que se consoliden.

De parte de la autoridad municipal, el argumento para la aplicación del nuevo gravamen fue: “es un cobro que no aprobamos nosotros, lo autorizó la anterior administración”, justificó Alejandro Lomelín Clapera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología.

Autor(a)

Redacción Zeta
Redacción Zeta
Redacción de www.zetatijuana.com
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