Tras precisar que la resolución del Tribunal Contencioso Administrativo, en virtud de devolver sitios a los taxistas amarillos, es temporal, no definitiva y revocable, el magistrado Carlos Rodolfo Montero Vázquez, presidente del Tribunal, calificó como graves y preocupantes los señalamientos que desde el Ayuntamiento de Tijuana se han hecho contra la magistrada Flora Arguilés.
El martes 11 de julio, la magistrada resolvió a favor del gremio, la devolución de nueve sitios localizados en la Línea Internacional de San Ysidro y que les fueron revocados por el gobierno municipal luego de las agresiones que sufrieron algunos ciudadanos cuando los confrontaron chóferes de esta organización por utilizar el servicio de Uber.
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El magistrado expresó su preocupación por los comentarios hechos por el secretario de Gobierno, Raúl Felipe Luévano, quien consideró un acto de “corrupción” la resolución judicial, ya que se trata de un funcionario de primer nivel.
Invitó al funcionario municipal “a que recapacite” porque se deben respetar las resolución de los tribunales “estés o no de acuerdo con ellos, sean o no populares, esta es una medida temporal e invito a la autoridad municipal, que es una de las dos partes de este juicio, a que le diera cumplimiento”.
A la vez, aclaró que hasta el momento, no ha recibido ninguna queja ni por un particular ni por parte del Ayuntamiento al respecto a actos de corrupción, pero que “si llegara a haber (pruebas) que me las hagan llegar y le daremos el seguimiento correspondiente”.
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“Nosotros somos los árbitros y no tomamos partida hacia ninguna de las dos partes. Sin embargo si está haciendo un señalamiento de esta naturaleza, pues que aporte las pruebas, es muy fácil estar en frente de ustedes y decir cualquier cosa”., comentó respecto a Luévano Ruiz.
De no hacer caso a esta suspensión provisional, el magistrado detalló que la ley prevé una amonestación, una multa e incluso la destitución de ciertos titulares, lo cual conlleva un proceso que puede tomar días o meses, pero precisó que en 30 años, el Tribunal no ha llegado a este extremo porque siempre la autoridad termina acatando la orden judicial.
El titular del Tribunal manifestó su preocupación respecto a que la ciudadanía piense que la resolución emitida es definitiva, ya que la ley contempla que antes de llegar a la suspensión definitiva, la magistrada puede revocar su resolución o cambiar los efectos de la misma, ya que con el tiempo se pueden modificar las especificaciones jurídicas.
“Suponiendo sin conceder que la magistrada dijera que esto es definitivo, no tiene ella la última palabra, porque la autoridad o el particular puede recurrir al pleno de Mexicali, un órgano colegiado de tres magistrados quienes vamos a tener la última palabra en cuanto a si subsiste o no esta suspensión”, puntualizó..
Derivado de toda esta situación confusa, Montero Vázquez pidió paciencia a la ciudadanía, que le den oportunidad al proceso legal de finalizar.
Precisó que en un plazo de 15 días, la autoridad tendrá que responder y contestar esa demanda. Entonces la magistrada tendrá de tres a diez días para emitir un fallo, es decir, si sostiene la suspensión como definitiva o si retira los efectos de la suspensión en favor de la autoridad. El magistrado planteó que el proceso en tribunales finalizaría, probablemente, en agosto.
