Durante su periodo de audiencias, celebrado del 3 al 7 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a activistas mexicanos que presentaron el informe #GobiernoEspía, en el que se detalla cómo a través del software Pegasus, adquirido por el Gobierno Federal, periodistas y defensores de derechos humanos fueron blancos de espionaje.
Tras divulgar el informe hace dos semanas, varios miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual realizó peritajes e investigaciones acerca de la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, manifestaron que recibieron mensajes de texto muy parecidos a los descritos en el informe.
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Estos mensajes de texto contienen un enlace que al abrirse, descarga el programa de espionaje que permite el acceso a fotografías, contactos, archivos e incluso, cámara y micrófono del celular infectado.
Por este motivo, el comisionado estadounidense James Cavallaro precisó, “no hemos escuchado respuesta del Estado sobre el posible espionaje”. Los abogados de los padres de los normalistas también recibieron estos ataques.
Al respecto, Sandra Pargo, oficial adjunta del Programa de Protección, de Artículo 19, destacó que el presidente Enrique Peña Nieto buscó normalizar el espionaje y lanzó amenazas contra quienes lo expusieron. Esto, aseguró “confirma que la autoridad ve como enemigos a periodistas y sociedad civil”.
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Como uno de los representantes del gobierno mexicano, Ricardo Sánchez Pozo, titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), añadió que, como parte de las investigaciones, pidieron a los afectados que entregaran sus equipos celulares para identificar el origen de los mensajes.
Sin embargo, días antes, en México, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción votó en contra de hacer un exhorto para que el gobierno de Enrique Peña Nieto informe sobre la adquisición y uso del programa de espionaje de la empresa israelí NSO Group, el cual fue adquirido a través de la Procuraduría General de la República (PGR).
Solamente la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema, Jacqueline Peschard votó a favor de la propuesta. En cambio, entre quienes se opusieron al pronunciamiento, se encuentra Arely Gómez, actual secretaria de la Función Pública y quien estuvo al frente de la PGR cuando se adquirió el malware, según un contrato exhibido en investigaciones periodísticas.
