Un tic-tac fino, como de reloj y cada tres segundos podría no ser escuchado cuando usted hable por teléfono.
Para un experto en telefonía la cosa es sencilla: Su conversación está intervenida y la graban.
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Esto sucede solamente cuando el espía está usando un aparato de fabricación norteamericana. El gobierno de ese país obliga al tic-tac, casi inaudible, como advertencia legal de grabación.
Hay otras formas sin tic-tac y más sofisticadas: Alguien puede colocar componentes electrónicos en su teléfono y se transmite a otro. Y, un espía se coloca a cien metros de su casa u oficina, apunta hacia Usted con una pequeña antena tipo parabólica y graba. Allí ni ruidos hay.
Para esas tres formas, los sistemas son muy costosos.
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“A la mexicana”, no hay tic-tac. De plano se escucha un chasquido que a veces se prolonga como chicharra.
O bien, cuando Usted está en comunicación y de pronto “se va” la voz de quien le habla, o “baja de volumen”, entonces alguien “se colgó” de su línea. Expertos en telefonía lo explican así: entre la comunicación hay una corriente eléctrica uniforme. Cuando alguien “se mete a la brava”, es como si se conectara “un diablito”: Baja la potencia.
Hay más formas.
En el poste de la calle, a donde llega su línea telefónica, se pueden colocar unos “caimanes” –pequeñas pinzas sujetas a grabadora o audífonos– y todo facilito.
O bien, hacer la misma operación en las cajas de la compañía telefónica instaladas en las calles y donde comúnmente se ve a los operadores cuando realizan sus labores normales.
Pero entre los empleados de la telefónica en Baja California no es un secreto. Agentes de Gobernación han acudido a la central y con una grabadora que funciona al momento de establecerse la llamada, intervienen la comunicación deseada. No hay pierde.
La Policía Judicial del Estado, inclusive, en la persecución de acusados por graves delitos, “se cuelga” de las líneas telefónicas.
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Meter narices, ojos y oídos en teléfonos, es de uso común hace muchos años en este país.
En septiembre de 1980, la revista Proceso editó un libro titulado “Espionaje Político” y –entre otras cosas– en su presentación se lee:
“…la Secretaría de Gobernación, pero por cierto sus antecesores, tiene el encargo de meterse en la vida privada de los ciudadanos, sin ningún rebozo ni escrúpulo. Quien más, quien menos, ha oído la entrada de la grabadora de los espías de Bucareli, en cualquier hora y conversación”.
En ese libro, Proceso presentó fotocopias de reportes escritos conteniendo el texto de las intervenciones telefónicas practicadas.
Carlos Marín, reportero, escribió en tal ocasión: “…la investigación política invade frecuentemente el área privada, íntima de los sujetos a espionaje, desde relaciones familiares, amistosas, maritales, extramaritales, sexuales, etc.”
Hay más referencias sobre el espionaje telefónico:
En su libro “Los Periodistas”, Vicente Leñero abordó con detalles el “Caso Excélsior”, cuando por maniobras del entonces presidente Luis Echeverría, se le arrebató a Julio Scherer García, violentamente la dirección de ese periódico.
Era la medianoche del 20 de julio de 1976. Scherer recibió a casa la llamada de su corresponsal en Washington, Armando Vargas, quien le transmitía un mensaje de los periodistas norteamericanos: Viajar a Estados Unidos para explicar a la prensa de Estados Unidos las maniobras del Presidente Echeverría.
Al día siguiente muy de mañana, antes de Scherer hablar con sus compañeros, recibió una llamada del escritor Fernando Benítez. Por su intermediación, Echeverría quería hablar con el periodista.
Scherer fue a Los Pinos y al abrirse las puertas del despacho presidencial, Luis Echeverría le dijo: “No vayas a Washington, Julio. Es traición a la Patria”.
–¿Cómo sabe que voy a ir a Washington, señor Presidente? Todavía mis amigos no lo saben.
Sonrío Echeverría: “Ya lo ves, estoy muy bien informado. El teléfono”.
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En Baja California y desde el lunes pasado el de espionaje político es tema de moda. Dos diarios, una radiodifusora y Notivisa publicaron y transmitieron el contenido de una grabación al gobernador Ernesto Ruffo Appel. Ya es, a estas alturas, harto conocida.
Alguien se presentó a los diarios y la televisora. Dejaron un sobre con la cinta. “Anónimo”, coinciden los tres medios para acreditar el origen.
La conversación, en síntesis, es del gobernador con Francisco Becerril, el presidente de su partido, el PAN, captada la noche de agosto 18 en Mexicali, después de las votaciones. Allí, se escucha cuando Ruffo le orienta cómo debe actuar ante los reporteros para impresionarlos con una actitud de seguridad en el triunfo.
Según la grabación, Ruffo ejemplifica a Becerril, hacer de cuenta tener por enfrente al presidente del PRI, Arturo Guerra Flores, “dejándosela ir”. Además, aconseja-exige, sacar de la cama al licenciado Héctor Terán Terán para presentarlo a los periodistas, advirtiéndole no poner como pretextos sus males del corazón.
La publicación y transmisión de la grabación originó los comentarios periodísticos y particularmente políticos de ser ésta una grave falta del Gobernador interviniendo en la manipulación de su partido y, en consecuencia de las elecciones. Alguien, inclusive, se atrevió a proponer nulificar las elecciones ante la grave falta de Ruffo.
A todo eso, el Gobernador ha comentado-afirmado: Sí habló con Becerril, pero su plática fue alterada. Está seguro de haber sido grabado, pero el casete fue pasado a una computadora y se modificó la conversación.
Convocó a los periodistas para decirles eso y zafarse de culpabilidad política. Es consejero estatal y nacional de su partido. Las recomendaciones fueron con tal carácter y en ningún momento utilizó fondos públicos para favorecer al PAN.
Lamentó y dijo preocuparle la decisión de los periódicos, radio y televisión de difundir la grabación sin saber la procedencia y autenticidad. Se dolió, seriamente, de utilizar el casete únicamente para desprestigiarlo.
Y, declaró, haber turnado el caso a la Procuraduría General de la República para investigar quién cometió el delito de intervenir la comunicación, altamente penado en leyes federales.
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¿Debe la prensa utilizar alguna grabación lograda ilegalmente a funcionarios o particulares recibida por anónimo?
El año pasado, alguien entregó a ZETA un casete. Contenía la conversación entre Jaime Sam Fierro y Víctor Hugo Salgado, un guardaespaldas de Xicoténcatl Leyva Mortera, acusado de participar en el homicidio, por tortura, del comerciante sonorense Diego Sotomayor.
El agente, entonces huyendo y desde Estados Unidos, no solamente detallaba a Sam Fierro, en Mexicali, cómo sucedió todo incluido el traslado momentáneo del cadáver al rancho del entonces gobernador, sino otro punto más grave: Haber recibido de Leyva Mortera, a través de su jefe de escolta José Osorio, cinco mil dólares y la orden para “desaparecerse” de Baja California.
Este es un caso diferente al de Ruffo. Había la revelación de varios delitos y la posible utilización de fondos públicos para costear la huida de culpables.
Sí. La prensa debe utilizar las grabaciones, cuando su contenido sirva para denunciar un delito.
En el caso de Ruffo es discutible. No hubo delito ni dato que permitiera asomar la utilización ilegal de fondos públicos. Se asoma en cambio el propósito de un desprestigio político cuando está orquestada la entrega de casetes, en cadena, a prensa, radio y televisión.
Priistas principalmente consideran fuera de tono la actitud de Ruffo por hablar con sus compañeros de partido la noche de elecciones.
Esto solamente ha provocado la respuesta –a veces apasionada– sobre pecados mayores cometidos en otros personajes.
En 1989 –comentan los defensores de Ruffo– el Presidente Salinas utilizó dos aviones del gobierno federal para enviarlos a Baja California por una veintena o más de personajes para trasladarlos a México, y en su oficina, informarles la decisión del PRI para postular a Margarita Ortega Villa antes de darse a conocer públicamente el tradicional “destape”.
Luego los mandaría, en un autobús oficial, para comer con el líder nacional del PRI. Después, se utilizarían otra vez los aviones del gobierno para regresar a Tijuana y Mexicali a los personajes bajacalifornianos.
Tal fue, una actitud política con cargo al erario.
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Ahondar en esas diferencias sería echarle leña a la hoguera de la pasión política aun a costa de puntualizarlas.
Pero lo verdaderamente importante en este caso se remite ya no a la actitud de Ruffo sino al origen de todo esto: ¿Quién grabó la conversación?
Pero la gravedad ya no es el hecho teniendo como sujeto principal a Ruffo, pues si como éste revela haber hablado ese mismo día con el Presidente y con el Secretario de Gobernación ¿quién se atreve entonces a grabarle sus conversaciones al Lic. Salinas de Gortari y al Sr. Gutiérrez Barrios?
Posiblemente algún ex gobernador resentido.
Hay otra vertiente. Héctor Terán Terán, panista triunfante en la elección senatorial, comentó haber sospechado de las intervenciones telefónicas cuando fue Secretario General de Gobierno desde noviembre del 89 hasta mayo de este 91.
Y en su opinión, o fue acción del PRI o de la Secretaría de Gobernación.
En la lógica inmediata, otros coincidirían.
Pero en la realidad, seguramente a gobernación y al PRI les conviene dejar en claro no haber metido narices, ojos y orejas en los teléfonos a riesgo de, si esto no se define, quedar como sospechosos.
Tomado de la colección Dobleplana de Jesús Blancornelas, publicado por primera vez el 16 de septiembre de 2001.
