El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de San Luis Potosí, Manuel Barrera, afirmó que no pedirá licencia a su cargo como legislador. El diputado por el Partido Verde Ecologista de México, es señalado de participar en una red de corrupción operada desde el recinto legislativo, según da cuenta un video publicado por Pulso Diario de San Luis el 12 de junio. A propósito, Barrera Guillén, se pronunció por “… que la Procuraduría resuelva lo antes posible este tema”, mientras que por su parte, aseguró seguirá en sus funciones, “dado que no tengo que ver” en ese asunto, declaró.
En el video, el diputado por el PAN, Enrique Flores, lo menciona como implicado en una dinámica de extorsión en la que también tendrían participación los legisladores de PRI y PRD, Óscar Bautista y Guadalupe Torres Sánchez. Las extorsiones supuestamente se ejercían en detrimento de alcaldes potosinos, a quienes los diputados les solicitaban dinero a cambio de sanearle sus cuentas públicas de 2016, entre 10 y 20 por ciento de los montos observados por la Auditoría Superior del Estado. Como parte de la mecánica, a decir de Flores Flores, el legislador Partido Verde Ecologista de México ejercía control sobre personal de la ASE, a efecto de incidir en las observaciones realizadas.
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Mientras que desde un primer momento, Enrique Flores renunció como coordinador de la bancada panista y como presidente de la Junta de Coordinación Política; y al priista Óscar Bautista, su partido le pidió “renunciar a la Comisión de Vigilancia”, Barrera Guillén se rehúsa a hacer lo propio. Alega que la diputada panista Josefina Salazar Báez coordinaba el saneamiento de la cuentas, por lo que desde su punto de vista, es ella quien debe pedir la licencia. La legisladora enfrenta una demanda ciudadana en la Procuraduría General de Justicia del Estado; se le señala de blanquear reportes financieros correspondientes a los municipios de Ébano y Rioverde, donde gobierna el Partido Acción Nacional.
El propio legislador perredista Torres Sánchez, a quien su partido inicialmente lo había arropado otorgándole el beneficio de la duda, al final de cuentas, también renunció a la Comisión de Vigilancia.
Entretanto, Barrera Guillén sostiene que con todo y que “lastimó a San Luis Potosí y a las instituciones”, el material vídeográfico en el que se le menciona, “carece de sustento jurídico”.
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