Decenas de importantes organizaciones, activistas, representantes de medios y periodistas, le pidieron este miércoles al Gobierno de México, que rinda cuentas sobre el uso de malware para realizar espionaje y de la información que recabaron con dicho método ilegal, tal como fue documentado y publicado por el diario estadounidense The New York Times, el pasado lunes.
“Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta”, señalaron.
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Además de sumarse al rechazo de la sociedad civil ante este nuevo ataque en contra de los periodistas y defensores de derechos humanos, los firmantes exigieron al Gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, que aperture “investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes”, y que sancione los responsables que, “mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales”.
“Asimismo”, dijeron los firmantes a través de un comunicado publicado en el portal de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), “exigimos las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas.”
Los firmantes también se quejaron del “escueto mensaje en [la red social] Twitter”, de Eduardo Sánchez Hernández, coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República, quien publicó la respuesta del gobierno federal al reportaje del NYT.
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En el comunicado de la Presidencia de la República se asegura “que no hay prueba alguna de que agencias del gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje”, para luego llamar a quienes pudieran ser víctimas a que presenten una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR).
“Esta respuesta es deficiente ante las sólidas evidencias técnicas planteadas en la nueva investigación, la cual demuestra fáctica y técnicamente que el software utilizado para intentar espiar a los objetivos, es comercializado a gobiernos y existen pruebas de que la PGR y la [Secretaría de la Defensa Nacional] SEDENA cuentan con estas herramientas de espionaje.”, se lee en el comunicado firmado por las organizaciones, activistas, representantes de medios y periodistas.
“Corresponde al gobierno mexicano esclarecer los casos de espionaje con precisión y exhaustividad y cuáles son las razones que motivan el espionaje ilegal perpetrado contra periodistas y defensores de derechos humanos en México.”, señalaron los firmantes, que han difundido el comunicado a través de las diversas redes sociales con el hashtag #GobiernoEspía.
En el comunicado dejaron en claro que “El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación” contra defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, mismo que “constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder”.
El lunes 19 de junio fue publicada nueva investigación, recogida por el NYT que demuestra el uso de malware altamente sofisticado y comercializado exclusivamente a gobiernos, con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción.
El principal método de infección -documentado tanto por Citizen Lab como por R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y SocialTIC-, consiste en el envío de mensajes SMS con enlaces que, al ser accedidos, provocan la instalación inadvertida del software malicioso denominado Pegasus y comercializado solamente a gobiernos por la empresa israelí NSO Group.
Según el NYT, cada licencia de infección tendría un costo alrededor de 77 mil dólares, es decir, casi un millón cuatrocientos mil pesos mexicanos, provenientes del erario público. En total se han registrado 88 mensajes con enlaces maliciosos.
Las personas que recibieron los mensajes SMS con enlaces maliciosos fueron: Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre de la organización de derechos humanos Centro Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh); así como Carmen Aristegui Flores, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán del portal Aristegui Noticias, así como el adolescente Emilio Aristegui, hijo de la periodista.
También fueron espiados el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez; Juan E. Pardinas Carpizo y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO); y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Antes había sido documentado el espionaje contra activistas por el derecho a la salud, entre ellos, el investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, de la organización el Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, de la coalición ContraPESO.
