En recuerdo de Sergio Haro Cordero, periodista ejemplar
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El crecimiento del fenómeno delincuencial, obliga a la sociedad mexicana a responder diversos interrogantes que tienen que ver con su crecimiento en recursos económicos y humanos.
No es solamente un ensayo académico, se trata de analizar la realidad social en que vivimos para transformarla y lograr su eficiencia.
Esto es tarea harto compleja que exige dedicación y esfuerzo. El autor de esta columna y su hijo, el Maestro en Derecho Cuauhtémoc Castilla Gracia, se han esforzado hasta ahora infructuosamente, tratando de que las autoridades se involucren en estas tareas, que van más allá de los esfuerzos democrático-administrativos.
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Hoy, después de mucho batallar, hemos logrado reclutar, para esta causa, a un diputado local con el afán de que se sume a estas tareas respecto al futuro del país.
El legislador local, Luis Moreno Hernández, sabe que muchas veces, estos esfuerzos pueden ser infructuosos, pero que, sin una revisión científicamente realizada, el fenómeno criminal seguirá creciendo y poniendo en peligro la posible vigencia del Estado social, democrático y de derecho al que aspiramos.
Luchar contra el fenómeno conocido como delincuencia organizada, obliga a la unidad de quienes consideramos peligroso, la consolidación del crimen organizado que, por desgracia, los indiferentes la consideran como parte de la realidad social, imposible de desterrar. Esto último se concretará si no existe la unidad por encima de los intereses político-partidistas y la anulación de las leyes superiores, que son fundamentales para el desarrollo de la humanidad.
En otras palabras, amable lector, por este medio le informamos que hemos encontrado apoyo para completar en la realidad, una suma de esfuerzos encaminados a evitar lo que se conoce como estado fallido, o bien su contraparte, el autoritarismo.
Partimos de la idea de que el combate a la delincuencia, debe ser encabezado por la autoridad gubernamental, en cumplimiento de la obligación jurídica establecida en la constitución, pero cuando los esfuerzos oficiales no son del todo suficientes, ha llegado la hora de que los ciudadanos unidos a la autoridad, busquemos alternativas de solución al fenómeno degenerativo-social. Todo esto, partiendo de la idea de que el ejercicio de la violencia de Estado, debe ser la última ratio como solución. Mientras tanto, debemos estimular el resurgimiento de los controles sociales formales e informales, y la necesidad y fortalecimiento axiológico de nuestra sociedad.
La familia, escuela, iglesia; el barrio y el trabajo, son medios de control social informales que deben ser rehabilitados para su participación efectiva en la lucha contra las conductas antisociales.
Esto, sin desconocer la importancia de los controles sociales formales, como es la policía, los investigadores policiacos, los agentes de la procuración de justicia, los agentes del Ministerio Público, encargados de la investigación y persecución del delito; los encargados del juzgamiento, Jueces, Magistrados, los sistemas sancionadores y rehabilitadores, etc., etc.
Para el esfuerzo que denominamos “Revisión del Sistema Penal”, y del que esperamos la participación de la ciudadanía, libre de ataduras ideológico-partidistas. No pretendemos hacer a un lado a la autoridad gubernamental, como destinatario de la obligación de mantener el orden, la justicia y la seguridad pública. Sin embargo, no renunciamos a nuestro derecho de emitir crítica constructiva y fundamentada cuando la situación así lo requiera.
Invitamos respetuosamente al Gobernador del Estado, Lic. Francisco Vega de la Madrid y sus colaboradores, a participar en este esfuerzo encaminado a la revisión y propuesta de soluciones a la crisis que padece el sistema jurídico-penal; entre otras actividades, la elaboración de un nuevo Código Penal para Baja California, sabedores que es indispensable contar con acceso a las dependencias públicas que, en conjunto con la sociedad, sus resultados serán óptimos.
Ya estaremos informando por este medio a la ciudadanía sobre los resultados obtenidos con la formación de una naciente comisión ciudadana (donde estén representados los operadores del sistema penal) encargada, como ya decíamos, de revisar y hacer propuestas a la autoridad competente para reestructurar el sistema penal en Baja California, tarea que esperamos sea apoyada por las instituciones académicas encargadas del estudio del delito como fenómeno criminológico-penal, entre ellas: La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, El Instituto Nacional de Ciencias Penales, El Centro de Estudios de Política Criminal y Ciencias Penales (CEPOLCRIM) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Nota 1: Si alguna persona desea mayor información sobre este respecto, favor de dirigirse al Despacho Castilla y Asociados, Calle José María Larroque #1277, entre calle E. Teléfono: 554-73-34.
Nota 2: El propósito de este esfuerzo, aparte de instrumentar reformas jurídicas, es integrar un frente común más allá de los intereses personales, de grupo o partido.
