Después de que el diario estadounidense The New York Times reveló este lunes en un extenso reportaje que el Gobierno mexicano espía a personajes “incómodos”, entre ellos periodistas, intelectuales y activistas de alto nivel, los afectados presentaron una denuncia formal ante la Procuraduría General de la República (PGR) para que investiguen a las instancias federales involucradas, además solicitaron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y a otros organismos internacionales, pedir medidas cautelares para su protección.
En su denuncia denuncia, los afectados añadieron 76 nuevos intentos de infección a los ya documentados, para dar un total de 88. Ante ello, Ana Cristina Ruelas Serna, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, señaló en conferencia de prensa que la evidencia indica que los casos de espionaje del Gobierno mexicano no son aislados, “sino que apuntan a la existencia de una política de hostigamiento sistemático a defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción”.
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Ruelas abundó que la evidencia “permite presumir la ausencia de autorización judicial, legalidad, necesidad y proporcionalidad en el ejercicio de facultades excepcionales para realizar prácticas de vigilancia”. Además de “conductas que violan la privacidad de las personas, inhiben la libertad de expresión y vulneran el derecho a defender los derechos humanos”, dijo.
“Por lo tanto, rechazamos este nuevo ataque en contra de la sociedad civil, exigimos rendición de cuentas por parte del Gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de estos actores sociales”, señaló la directora de Artículo 19.
“Así mismo exigimos las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado de conformidad con los parámetros de derechos humanos y garantizando la rendición de cuentas. El día de hoy se presentó denuncia formal sobre los hechos aquí anunciados ante la Procuraduría General de la República. Además, han sido solicitadas medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y han sido informados distintos organismos internacionales de protección de derechos humanos”, informó Ruelas Serna.
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“El espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas. Constituye una forma de control de los flujos de información y de abuso de poder. Ante los hechos revelados en esta nueva investigación, el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado y arbitrario de métodos de espionaje y explicar el uso de la información que obtuvieron, así como realizar las investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos.”, abundó la directora de la organización internacional.
“Las autoridades están obligadas a utilizar todas sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México. Como sociedad, no podemos continuar aceptando el silencio y la impunidad como respuesta”, finalizó Ruelas.
Por su parte, el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez -una de las víctimas de espionaje-, envió un mensaje durante la conferencia de prensa en el que condenó la acción por parte del gobierno y calificó el hecho como un acto de intimidación.
“Por el espionaje se abre la puerta para que lleguen más lejos, los secuestros, desapariciones, asesinatos, la impunidad que favorece que nada se investigue. Es claro que quieren que sepamos que ellos saben de nuestras vidas privadas, quieren que sepamos que ellos saben con qué fuentes nos estamos reuniendo y así lograr un clima de inseguridad para que temas no sean investigados”, aseguró el titular de espacios noticiosos en la cadena Televisa y Radio Fórmula.
Asimismo, la periodista Carmen Aristegui Flores señaló como “inaceptable” el espionaje y reclamó al Gobierno de México que dedique su tiempo a investigar a defensores de derechos humanos y activistas, mientras los criminales siguen libres.
“No sabemos si los periodistas asesinados fueron espiados, pero a la luz de lo que vemos tenemos derecho a pensar”, dijo, para después cuestionar al presidente Enrique Peña Nieto acerca de qué fue lo que hizo con la información que obtuvo de las personas espiadas. “¿Qué dice el Gobierno mexicano sobre este que es el abuso más claro que se ha documentado de un Gobierno?”, inquirió.
Este lunes, el NYT afirmó que destacados defensores de derechos humanos, periodistas y activistas anticorrupción de México han sido afectados por un avanzado programa de espionaje, el software Pegasus, adquirido por el Gobierno mexicano que, sólo debería ser utilizado para investigar a criminales y terroristas.
Entre los blancos del programa, señaló el rotativo, se encuentran los abogados Mario Patrón y Santiago Aguirre, que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Otro espiado -junto a su esposa- fue Juan Ernesto Pardinas Carpizo, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), que ayudó a redactar el proyecto de la Ley anticorrupción, la llamada “3de3”. También fueron espiados “dos de los periodistas más influyentes de México”, dice el Times: Carmen Aristegui Flores y Carlos Loret de Mola Álvarez, además de la abogada estadounidense Stephanie Brewer, quien representa a víctimas de abusos sexuales cometidos por la policía.
Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y comunicadores, incluido un adolescente: el hijo de 16 años de edad de Carmen Aristegui. Esto ha sido así aunque la empresa que fabrica el software, la israelí NSO Group, afirma que vende la herramienta de forma exclusiva a los gobiernos con la condición de que solo sea utilizada para combatir a terroristas o grupos criminales y cárteles del narcotráfico.
Desde 2011, al menos tres agencias federales mexicanas han gastado casi 80 millones de dólares en programas de espionaje de dicha empresa, entre ellos, el software conocido como Pegasus, que se infiltra en los teléfonos inteligentes y otros aparatos para monitorear cualquier detalle de la vida diaria de una persona por medio de su celular.
Las infiltración se puede dar en llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, contactos y calendarios. Incluso puede utilizar el micrófono y la cámara de los teléfonos para realizar vigilancia; es más, el teléfono de la persona vigilada se convierte en un micrófono oculto.
Sin embargo, según decenas de mensajes examinados por el NYT y analistas forenses independientes, el software ha sido utilizado para vigilar a algunas de las personas que han sido más críticas del gobierno, así como a sus familiares, “lo que muchos ven como un intento sin precedentes para debilitar e intimidar a la gente que intenta ponerle fin a la corrupción que afecta a la sociedad mexicana”, señaló el medio.
