BCS: 37 ejecutados en junio

Foto: Cortesía.- Jóven motociclista de 18 años de edad, ejecutado en plena luz del día en el Zacatal, para los ciudadanos ya es normal.
 
Edición Impresa Martes, 20 Junio, 2017 12:00 PM

A los 18 cuerpos encontrados en una fosa

clandestina la semana pasada, se suman

otros 18 homicidios, lo que podría

convertirse en el mes más violento en la

historia de la entidad. “La limpia también

viene hasta la parte turística de Los Cabos,

que es Cabo San Lucas. Y eso ya preocupa”,

dijo una fuente policial a ZETA

“Se está poniendo canija la cosa, pensaban que todo iba a tranquilizarse o al menos bajar desde la detención, pero parece que le echaron más leña al fuego”, dio a conocer un agente del Mando Mixto de La Paz, tras la ola violenta de los últimos días.

Con 37 muertos en los primeros 13 días de junio, todo apunta a que, si no hay respuesta de las autoridades, este mes termine siendo el más violento en la historia de Baja California Sur.

Mientras tanto, los detenidos son: Juan Antonio “N”, de 24 años de edad, originario de La Paz; Sergio “N”, de 21, de San José del Cabo; José de Jesús “N”, de 36,  proveniente de Sinaloa; Jonathan “N”, de 24, de San José del Cabo; Santos “N”, de 21, natural de la Capital; Nicolás Alberto “N”, de 27, originario de Sonora; Jesús Roberto “N”, de 20, del Estado de Sinaloa; Rubén “N” y Rubén Eduardo “N”, ambos de origen desconocido.

Desde la captura de miembros de “Los Dámaso”, asegurados por Fuerzas Federales, las instituciones de seguridad sintieron un “fuerte respiro ante la ola de violencia, tanto así que las mismas cabezas” del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública “cantaron con bombo y platillo la captura de los nueve presuntos delincuentes”, afirmó el agente del Mando Mixto.

Sin embargo, “mientras permanecía la noticia de la detención en los medios, las corporaciones de seguridad fueron menos vistas, es decir, bajaron la intensidad de los recorridos”.

Agentes de seguridad inmiscuidos en la lucha de los Carteles de la Droga trae consecuencias como el que contrarios ataquen a las corporaciones.

Según un miembro del Grupo de Coordinación, los blancos específicos “señalados en las carpetas de investigación, compañeros o amigos de los detenidos, daban referencia de que algo se tenía que hacer”, pero las investigaciones al parecer se “congelaron y digamos, cantamos victoria antes de tiempo”, reconoció el agente del selecto grupo.

En las carpetas de investigación se encontraban nombres y apellidos de supuestas víctimas o miembros de la organización delictiva, o blancos específicos en “zonas de vulnerables y de conflicto”, sin embargo, la falta de atención llevó a una víctima más del crimen organizado.

La noche del lunes 12 de junio, en la colonia Los Olivos de La Paz, fue privado de la vida Benito Guadalupe, de 24 años, originario de la Capital y hermano de Santos “N”, detenido en el fraccionamiento Las Islas en La Paz; según las investigaciones y el expediente, este joven podría haberse “encargado de la logística en La Paz para llevar a cabo los crímenes en la Capital, además de ubicar y poner narcomenudistas contrarios”, reveló un agente de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Según la versión oficial, el joven contaba con antecedentes penales por robo de vehículo, principal motivo que lleva a los agentes a pensar que “pudieran ser dos motivos por los cuales haya sido incriminado y ejecutado”, agregó el servidor público de la PGJE.

Por ello hay dos líneas de investigación:

* “El Benny” podría estar implicado en el suministro de vehículos. Esto pudo llevar a contrarios a buscar la amenaza y todo aquel que apoye en el suministro y apoyo a sus contrincantes”, señala el investigador.

* Pudo ser eliminado por la misma estructura criminal, “pues a raíz de la captura de Santos o ‘El Santín’, muchas ubicaciones de casas de seguridad (tres según la Marina; Ocho de Octubre, Santa Fe y Camino Real) fueron reveladas, así como miembros de la organización criminal y parte de las fosas; podría ser parte de la presión para callarlo, pero también hay otros dentro del penal”, aseguró la fuente de investigación de la PGJE.

Gran parte de lo ocurrido en los últimos 15 días deriva de “una lucha de poder, uno (Los Dámaso), demostrando que pese al golpe duro tiene fuerza y el valor para seguir adelante con la estructura; el otro (Los Chapitos o Cártel de Sinaloa) en busca de aplastar al contrincante; pero el que sorprende es ‘La Barredora’ (CJNG o CTNG), se les ha visto atacando y saliendo del mapa con la complicidad de las corporaciones”, explicó el miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública del Estado.

La mayor potencia se ha concentrado en San José del Cabo, donde un hombre fue ultimado a balazos frente a una menor de 5 años de edad que lo acompañaba en un vehículo Nissan Sentra color gris, localizado en las calles 16 de Septiembre y Severo Garduño de la colonia Santa Rosa.

“Hay versiones de que se han reforzado y empezado a movilizarse más al descubierto y con la complicidad de cuerpos policíacos”, refiriéndose a miembros de “La Barredora”, que hasta cierto punto, se habían mantenido en la oscuridad y sin ser vistos o exhibidos, pero “la limpia también viene hasta la parte turística de Los Cabos, que es Cabo San Lucas. Y eso ya preocupa, tanto así que es la zona más protegida, pese a que la violencia se ha desatado principalmente en la zona de San José”, lamentó la fuente policial.

Pero lo lamentable, ya se acercaron y están amenazando con secuestrar uno de los destinos más importantes de México.

 

Turismo en riesgo

“Están generando una situación muy complicada, violencia genera violencia de ambos lados, con esto se está incrementando el número de eventos”, comentó un catedrático de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) ante la ola de ejecuciones que se han presentado.

Tras los hechos violentos que ahora amenazan con adentrarse en la zona turística de Cabo San Lucas, uno de los dos destinos más importantes del país y que enfrenta una severa crisis de seguridad pública, ha llamado la atención de expertos en la materia y empresarios.

Incluso, recientemente empresarios de Los Cabos se reunieron con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, para hacer hincapié en los hechos violentos que ponen en riesgo la imagen de uno de los destinos más importantes del país.

La petición fue hecha gracias a que llegaron más de mil 500 elementos federales, entre Policía Federal División Gendarmería; efectivos de la Secretaría de Marina; Inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, “parecen de adorno, no conocen bien la ciudad o a qué jugamos, ni nosotros que estamos en la zona y la conocemos hemos podido detenerlos, ahora ellos ante los golpes que le han dado, y ahora con el hallazgo más afecta”, dijo el policía adscrito al Mando Mixto en Los Cabos.

Al evento que se refiere la fuente, es al hallazgo en las calles del centro de Cabo San Lucas, según fuerzas de inteligencia, “en las calles de Zaragoza y 16 de Septiembre había una hielera de color blanco y un par de cartulinas con mensajes. ‘Me tomas paya o quedas como camarón… ya regreso tu mera verga putos chapulines’”, refiere el mensaje, lo cual denota que la violencia apenas inicia, pues cuando se creía que podría disminuir, repunta de nuevo y con miras a incrementarse.

La hielera con restos humanos fue denunciada a primera hora de la madrugada del domingo 11 de junio, apareció a solo 150 metros de la Zona Dorada de Cabo San Lucas, a 70 metros de la zona de restaurantes y solo a tres minutos de centros nocturnos, donde miles de ciudadanos locales, nacionales y extranjeros se dirigen a divertirse. Así de cerca se encuentra el turismo de ser tocado por la delincuencia organizada.

Una prueba contundente son los datos que arroja el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que da a conocer los datos de “homicidios dolosos” de los años 2014, 2015 y 2016; en una comparativa del mes de junio, se puede establecer que en 2014 ese mes registró dos personas sin vida; en 2015 fallecieron siete; mientras que en 2016 la cifra se incrementó a 20. Sin embargo, a 14 días del mes de junio de 2017, cierre de edición de ZETA, se tenía la cifra de 37 personas ejecutadas al estilo del crimen organizado, apenas a mitad de mes.

“En qué se ha convertido nuestro destino…  las policías también están bien metidas, por qué no empiezan por ahí… pobre gente inocente que ha perdido la vida, también los que están metidos, pero ya están en su santa gloria, pronta resignación a sus familias. Tanto que decíamos que en La Paz estaba la mera mata, y ahora ya no hallamos dónde meter la cabeza para escondernos. Nomás escuchamos un tronido y corremos, pensando que son balazos”, son algunas de las opiniones recolectadas de ciudadanos que han visto como el destino cambió desde octubre de 2016  a la fecha.

“Debemos entregarle la operación de la lucha, el combate y persecución de los delitos a profesionales de la materia, entender que ya no puede ser un interés político que determine quién va a estar al frente de las corporaciones, mientras no tengamos profesionales de la seguridad pública encargados de la seguridad pública, esto va a seguir siendo un campo excelente de cultivo para las operaciones de la delincuencia organizada”, expuso un criminólogo consultado por ZETA.

Gran parte de lo que ocurre en Los Cabos deriva de la podredumbre en que se encuentran las corporaciones, solo “en Cabo San Lucas dejan operar a los grupos de la droga con toda tranquilidad. Corporaciones de seguridad trabajan al servicio de los malos y la población solo calla”, aclara el especialista.

 

Impotencia de policías

De acuerdo al maestro en Derecho Javier Agustín Valencia López, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), “el uso de la fuerza en una corporación de seguridad pública es el último recursos que debe utilizar”, pero en ciertos actos ha quedado mucho a deber.

Pues en gran medida, abusando de las condiciones de seguridad que prevalecen en el estado y en el país entero, los uniformados abusan de eso, de su uniforme para infringir temor y realizar procedimientos fuera de norma, lo que termina siendo una violación de los derechos humanos de la población, pero ellos no son del todo responsables; esto tiene un trasfondo o un factor que lo ha originado y que se ha dejado crecer.

“El propio Estado mexicano ha incurrido en una negligencia, por ejemplo no se ha calificado el tipo de violencia que estamos enfrentando, si estalla una situación de violencia en el Estado, lo primero es determinar el desafío que estamos enfrentando si es una crisis de seguridad pública o de plano es conflicto armado (una guerra interna). Según el gobierno mexicano califica a la violencia provocada por la delincuencia organizada en una crisis de seguridad pública, no se califica de conflicto armado; como es una crisis de seguridad pública, las instituciones deben intervenir las instituciones policiales y las Fuerzas Armadas entran en coadyuvancia”, así lo ha justificado  el representante de la CNDH.

En la mayoría de las ocasiones, la impotencia e inoperancia de los cuerpos de seguridad, el ser incapaces de detener a sicarios o miembros de la delincuencia organizada, lleva a los elementos a abusar de la ciudadanía, realizando operativos disfrazados para buscar armas o drogas y terminan siendo abusos de poder y uso excesivo de la fuerza, lo cual deja como resultado lesiones en ciudadanos que nada tienen que ver con algún delito.

Claro ejemplo tuvo lugar el 10 de junio en la calle Petronilo Flores de la colonia Indeco en La Paz, donde Roberto Morales, de 19 años de edad, caminaba a escasos metros de su casa cuando fue abordado por elementos del Mando Mixto, quienes le advirtieron -a las 10:40 am- sería revisado de manera rutinaria. Roberto cuestionó a los agentes, pues no había reporte alguno, se molestaron y, según el denunciante, provocó que tres elementos de seguridad emplearan técnicas para someterlo.

“Sin algún reporte, sin alguna denuncia en papel o ellos no tenían en sí mi nombre, no me estaban buscando a mí y aun así me estaban subiendo, entonces lo que hago es tirar mis objetos y evidenciarlos a mis vecinos que yo no tenía ninguna sustancia ilícita o algo así que justifique que me tengan que subir, expongo que yo conozco mis derechos, ellos me dicen que quizá no conozca mis obligaciones, entonces yo les digo que conozco mis derechos y las reglas de convivencia en una calle y me dicen que me calle”, declaró.

El joven fue sometido como ladrón por tres policías estatales, dejándole marcas en cuello y manos. Por los gritos, una vecina salió a cuestionar a los elementos, asimismo, el padre de Roberto tuvo que  intervenir por el supuesto operativo de inspección.

“Me someten entre tres personas, una vecina se interpone, pero ellos le comentan que es una revisión de rutina, que es un procedimiento normal, que tome calma, que lo que está sucediendo es por mi culpa”, comentó.

El expediente LPZ/4588/2017 quedó establecido ante la PGJE, bajo el delito de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública, el cual fue firmado por la agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Atención Inmediata, de nombre Lizeth Adilene Pérez Espinoza.

“Tengo que ir con mi asesor jurídico que me otorga la Ley, también voy a interponer una queja en Derechos Humanos. Más que nada es exhortar que este tipo de eventos no son aislados, que esto sigue sucediendo en la ciudad, ha sucedido por mucho tiempo, quizá la ciudadanía tiene mucho miedo en denunciar este tipo de cosas por represalias que pueden surgir”, agregó Roberto, quien decidió hacer público su caso.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)  reveló que en el año en curso ha habido cinco quejas por uso desmedido de la fuerza y abuso de autoridad, “hemos recepcionado de principio de año para acá, cinco quejas aquí en La Paz, que tienen que ver con alguna acción similar a la que estamos hablando ahorita, en contra de algunos elementos por alguna detención como lo decíamos, que le llaman detención de rutina”, refirió Silvestre de la Toba Camacho, titular de la CEDH.

En su Artículo 18, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala: “Ningún mexicano puede ser privado de su libertad sin una orden de una autoridad competente”, Es decir, ningún policía puede realizar una revisión o inspección sin una orden emitida por alguna autoridad federal o estatal.

“Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios, papeles o posesiones, sino en virtud del mandato escrito de la autoridad competente que funde y motive las causas legales del procedimiento; nadie puede ser molestado bajo ninguna circunstancia, solamente que haya una orden judicial, una orden o de una autoridad competente para hacerlo”, cerró De la Toba Camacho.

 

Falta de coordinación fomenta impunidad

“Tenemos una enorme complicación en cuanto a la falta de coordinación de los diferentes grupos de seguridad pública, la presencia de las Fuerzas Armadas ha venido a imponer una obligación que no tienen por la naturaleza de sus funciones y han salido al rescate. Vemos en todos los operativos que se ha logrado una detención o destrucción de probables células de alguna institución u organización delictiva, han sido resultado de la inteligencia de la Naval y el operativo táctico de esa Fuerza Armada”, declaró el criminólogo entrevistado por este Semanario.

A raíz de la incompetencia que han demostrado las corporaciones policiales del Estado y los municipios, el orden federal han sido enviado desde la Ciudad de México y sacado a las fuerzas militares de los cuarteles en Baja California Sur para trabajar en una instrucción desde Los Pinos, contener la violencia y regresar la tranquilidad a los sudcalifornianos, sobre todo a paceños y cabeños.

Pero la encomienda ha sido desacatada, hay 37 cuerpos que lo demuestran en los últimos 14 días, casi tres muertos por día; récord para la entidad en su historia, pues el mes de marzo registró más muertos -75-. El promedio entre los 31 días es de 2.4 personas ejecutadas por día; 37 personas fallecidas entre 14 días, el total da como resultado 2.6 por día.

La gran incógnita siempre ha sido el trabajo del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, donde los miembros y cabezas de las principales instituciones encargadas de la seguridad del Estado hacen acto de presencia, sin embargo, en la operatividad la realidad es otra.

“No hay una coordinación en cuanto a la información, si tú vas con Inteligencia Militar, ves el mapa de criminalidad bastante delimitado, entras a la oficina del Estado Mayor de la Zona Naval, vas a ver el mapa perfectamente delimitado dónde están los vendedores de droga, que vende, los flujos de tráfico delimitados en la pared. Ambas corporaciones tienen un magnífico plano delictivo del Estado”, comentó el experto en criminología, resaltando que a diferencia de las Fuerzas Armadas, “eso no lo encuentras en ninguna corporación policiaca, todos tienen la información fragmentada y no hay una coordinación, más bien es una simulación; hacemos como que trabajamos, pero realmente no trabajamos”.

Cada vez es más común, sobre todo en aseguramientos grandes de droga, detenidos u operativos sorpresa, “uno de ellos fue el operativo por los aires, nadie supo nada, solo la Marina estuvo enterada, reventaron tres casas de seguridad  y eso solo salió de los nueve detenidos del fraccionamiento Las Islas”, destacó un agente de Investigación de la PGJE.

Pese a la movilización de las fuerzas de seguridad federal, Gendarmería, Marina y Sedena,  hay un fuerte costo para el país y está siendo pagado por los ciudadanos, y a la fecha los resultados son los mismos: detenciones y sicarios muertos, pero los grupos criminales regresan con mayor fuerza.

“Un diputado federal comentaba que desde la llegada de las Fuerzas Armadas al Estado de Baja California Sur, son más de mil millones de pesos en alimento de tropas, traslados, gasolina, lo que se ha gastado para tratar de rescatar a la entidad, y la verdad es que no se ve el resultado; se gasta mucho en gasolina en patrullajes, en gran parte de los casos estériles, que un par de buenos halcones, hace inoperante cualquier despliegue de disuasión de vehículos, muy pesados, con mucho personal  con alto costo operativo”, indicó un especialista en delincuencia organizada.

Lo lamentable es que instituciones de los tres niveles de gobierno “reciben su mochada para operar con Cártel Jalisco, quizá de otras células, eso es lo que nos tiene jodidos y en riesgo de crecer la violencia por el nivel de infiltración de las corporaciones”, y la cero operación para erradicar a los grupos criminales”.

 

Miedo entre instituciones de seguridad

“Mucha inseguridad, o al menos se siente un ambiente hostil, tanto, que se respira”, dio a conocer uno de los miembros del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública, pues tras la muerte de Carlos Paul Hernández Cota, subdirector del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San José del Cabo, en Los Cabos, la sensación de inseguridad la vive en carne propia el propio personal administrativo y operativo del centro penitenciario de mediana seguridad.

Según el parte oficial, pasadas las 6:30 pm del lunes 5 de junio, un hombre fue herido a balazos en las calles de Costa Dorada entre Playa Altata y Avándaro de la colonia Costa Dorada en SJC. Desde esa fecha negra para los servidores públicos, una renuncia masiva encabezada desde altos mandos y medios del penal provocó incertidumbre, pues “la delincuencia estaba ganando terreno, logrando su cometido, que desertara el personal y dejar libre el camino”, pues gran parte de los que se encuentran en las líneas de investigación, tienen que ver con la venta y distribución de estupefacientes al interior del Cereso, afirmó uno de los agentes del Mando Mixto en activo en San José del Cabo.

En las declaraciones realizadas por el personal administrativo, técnico y operativo, el personal dijo trabajar “bajo protesta desde el lunes, no tenemos las condiciones laborales adecuadas y mucho menos gozamos de buenas prestaciones, mucho menos un salario digno. Además, falta personal para laborar adecuadamente”.

En las rejas del penal colocaron mantas donde hicieron evidentes sus inconformidades, incluso fueron atendidos por el subsecretario de Seguridad Pública, Ismael Sigala Páez, quien escuchó las inquietudes, las cuales no son nuevas, pero sí sentidas.

“Estamos trabajando para tomar acuerdos y establecer mecanismos que permitan seguir garantizando el correcto funcionamiento al interior del Cereso de San José del Cabo, así como el bienestar de los servidores públicos”, expuso Sigala.

Según las líneas de investigación dadas a conocer a ZETA, el problema se concentra principalmente al interior del penal, pues la “inestabilidad que se muestra fuera, también repercute dentro”, ya que los grupos de internos que controlan la venta y distribución de estupefacientes, buscaron atacar a quien favorece a grupos rivales en la distribución, o bien, venganza por intentar abandonar a uno de los grupos con que se movía y actuar en contra de esa banda delincuencial.

De acuerdo al segundo punto, Hernández Cota “intentó salirse y dejar de recibir su parte como sin nada, y les cortó agua y luz a ese grupo con que trabajó”, lo que ocasionó el enfado de los internos, evidenciando un grave problema de corrupción al interior del penal, incluso desde julio de 2014, en que fue dado de alta, ya eran sabidas las “trácalas” que se hacían dentro, pues en ese entonces se desató un motín por la repartición del terreno donde fluyen las drogas, situación que disfrazada por el gobierno en turno como una “manifestación por los alimentos”.

Personal operativo y mandos fueron evaluados a nivel nacional mediante Exámenes de Control y Confianza, donde se determinó que de los policías evaluados, el 87% aprobó; mientras que el 10% reprobó y el 2% quedó pendiente de resultado.

Pero Baja California Sur se fue por debajo de la media nacional, solo el 60%  aprobó y el 38% salió reprobado -resultados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública al 30 de abril de 2017-.

En lo particular, de una plantilla de 350 elementos de Seguridad Pública del Estado, el 75% aprobó su evaluación, mientras que el 24% lo reprobó; de Prevención y Reinserción Social, aproximadamente 370 fueron evaluados, el 59% pasó y el 40% no es apto para seguir en la institución; de la PGJE, de poco más de 500 agentes calificados, 57% pasó y el 40% reprobó; y por último, en las corporaciones municipales, más de mil 900 agentes fueron evaluados y solo aprobó el 58%.

Es decir, alrededor de 84  agentes estatales, 148 de centros penitenciarios, 200 de la PGJE y 800 municipales, siguen en las calles atendiendo la seguridad de los ciudadanos, quienes denuncian la inseguridad que se vive, pero lo peor es que son víctimas de la corrupción e impunidad implícitas en los casos que se presentan.

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