Hay por lo menos dos edificios públicos abandonados en Playas de Rosarito: un dispensario médico en la colonia Cumbres del Mar, y las instalaciones conocidas como el “Lienzo charro”, antiguamente dedicado para actividades de charrería. Ambas fueron financiadas con recursos federales y se encuentran en total desuso por las autoridades, denunció el regidor del partido MORENA, Julio César García Serna.
Además, de acuerdo al edil, hay por lo menos 24 instalaciones deportivas y parques que carecen de mantenimiento o están en pleno abandono por parte del Ayuntamiento. Por ello, la próxima semana, el Cabildo instalará la Comisión Antigrafiti y Recuperación de Espacios Públicos que él presidirá.
El órgano edilicio vendrá acompañado de un Reglamento que servirá para establecer sus atribuciones principalmente orientadas a gestionar recursos de los tres órdenes de gobiernos, destinados al pleno aprovechamiento del equipamiento urbano rosaritense.
El dispensario médico fue construido en 2011, durante la gestión del ex alcalde Javier Robles Aguirre (2010-2013), costó 2 millones 887 mil pesos del Ramo 33, es decir, con recursos federales. Se inauguró el 28 de mayo de 2012, comenzó a operar con el argumento de la baja derechohabiencia a servicios de salud de los habitantes de la ciudad.
Funcionó como dormitorio para bomberos, al tiempo que servía como dispensario médico. Por lo lejos que quedaba el lugar de la mancha urbana, además de que las alertas de radio para bomberos no llegaban hasta el sitio (debido a que se localiza en un cañón), así como la falta de alumbrado público, provocó el abandono del lugar.
El deterioro del establecimiento es evidente: basura, ventanas rotas, cableado robado por parte de vándalos, en un sitio que además es de difícil acceso para la vigilancia por parte de policías y cuerpos de seguridad.
Respecto a las condiciones que guarda el “Lienzo”, cuya edificación costó 3 millones de pesos, el secretario general del Ayuntamiento Jorge Arévalo Mendoza, señaló que no hay ningún plan para su rescate.
Por otro lado, sobre este tema, el gobierno de Mirna Rincón Vargas, reportó a ZETA que “se busca la rehabilitación del inmueble a través de un proyecto que se está trabajando en coordinación entre la Dirección Jurídica y la Oficialía Mayor”.
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