Vecinos del Fraccionamiento Colinas de Agua Caliente denunciaron a ZETA que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Baja California está beneficiando al bar “La Cerve” que opera en dicha demarcación, al ordenar la suspensión de 2 clausuras efectuadas por el Ayuntamiento de Tijuana a dicho establecimiento.
Una primera clausura del establecimiento se realizó el 28 de enero de 2017 y la más reciente el pasado 29 de marzo, ambos procedimientos suspendidos por la Magistrada Flor Arguilés Robert, de la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA).
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De acuerdo a versión de los vecinos, la suspensión se otorgó luego de que los responsables del negocio alegaron que dentro del mismo existían “artículos perecederos que pondrían en riesgo la salud de los vecinos” y “posibles fugas de agua y gas”, con lo que se han mantenido en operación.
El Ayuntamiento de Tijuana informó a ZETA que las clausuras y la revocación del permiso de operación del bar se debió a que no se colocó, en un periodo de 15 días hábiles, el aviso de intención de operación correspondiente.
Además, añadió, de que está prohibida la otorgación de permisos de operación para esta clase de establecimientos en zonas habitacionales, escolares y fabriles, como lo establece la Ley para la Venta, Almacenaje y Consumo Público de Bebidas Alcohólicas del Estado de Baja California.
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La Magistrada Arguilés confirmó a ZETA que sobre la operación de este establecimiento existen en el Tribunal Contencioso Administrativo un par de procedimientos abiertos.
Sin dar detalles por la secrecía de los procesos, comentó que la suspensión provisional de un acto de autoridad no se otorga a menos que se acredite el reconocimiento de un derecho por parte de la autoridad con anterioridad del acto que niega –en este caso los permisos de operación–, así como que existan elementos para presumir la ilegalidad del acto reclamado, por carecer de fundamento y motivación o incumplir requisitos esenciales del proceso.
Señaló que si el acto de autoridad es invalidado en la sentencia, el Ayuntamiento deberá buscar que no se otorgue la suspensión definitiva del mismo, para poder volverlo a emitir con la debida regularidad.
La oposición de los residentes se debe a que debido a la falta de estacionamiento suficiente, los clientes del bar colocan sus vehículos donde sea que encuentren espacio, frecuentemente estacionándolos de manera que obstaculizan las entradas vehiculares a los domicilios particulares.
Se quejan asimismo del ruido de la música del establecimiento, que puede oírse hasta altas horas de la noche cualquier día de la semana, de que los clientes consumen bebidas alcohólicas en la vía pública y de que los robos y daños a los vehículos en la colonia han aumentado desde que el bar comenzó a operar.
