La abogada Isabel Miranda asegura haber sido víctima de acoso sexual por parte del Director Jurídico de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Aarón Díaz Robledo, hecho que denunció ante el Director de la paraestatal, Miguel Lemus Zendejas, lo que le resultó contraproducente, ya que terminó costándole su puesto dentro de la paraestatal.
La quejosa comentó a ZETA que en junio de 2016 fue invitada por Lemus para que colaborara como subdirectora del área jurídica, teniendo como jefe inmediato a Díaz Robledo.
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Desde que ingresó, Miranda dijo haber observado que el funcionario hostigaba a la totalidad de los empleados, poniendo como ejemplo el que les llamara por teléfono por temas de trabajo en plena madrugada o el obligar a sus subordinados a permanecer en oficina, más allá de su horario laboral.
Con el paso de los meses, Miranda asegura que se percató que el acoso de Díaz Robledo a su persona era más frecuente y con otra clase de intención.
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“Empezó a aparecerse en 2 o 3 reuniones en donde yo me encontraba, empezó a hacerme adulaciones, entrar a mi oficina, apagar el foco y decir que se está mejor con la luz apagada y todo ese tipo de situaciones que se dan en lo que es un acoso. El señor me tocaba mis manos y me abrazaba y empecé a decirle que ya sentía que era una falta de respeto lo que él hacía”, detalló.
Fue entonces que decidió presentar una queja ante la Dirección de CESPT, pero la respuesta fue ser desalojada de la oficina que ocupaba, para bajarla al puesto de cajera y que se le congeló al punto de no asignársele trabajo.
Fue una compañera de trabajo, la abogada Cecilia Antelo, quien recomendó a la afectada que denunciara el hecho, por lo que presentó una denuncia ante Ministerio Público contra Díaz Robledo y señaló como testigo de los hechos a Antelo, la cual se documentó en el Número Único de Caso 0204/2016/24780.
El resultado fue que esta última perdiera su trabajo y que no se ejerciera acción penal en la carpeta de investigación iniciada, señalando Miranda que el agente del ministerio público a su cargo no consideró existieran elementos suficientes para demostrar la comisión de un delito.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó esta situación, señalando que Miranda no resultó con afectación psicológica en los peritajes realizados para obtener elementos que demostraran la existencia del delito denunciado. No obstante, señalaron que la ofendida tiene a salvo su derecho de inconformarse con dicha resolución.
Al platicar el tema con el director Lemus y con personal de recursos humanos, la afectada aseguró que se le dijo que si no le gustaba haber sido asignada como cajera podía irse, esto el 30 de enero de 2017. Tomando esto como un despido, Miranda demandó laboralmente a la CESPT. La primera audiencia de conciliación tendrá lugar el 19 de mayo.
ZETA requirió una postura oficial por parte de la paraestatal respecto a este tema, pero el Director Miguel Lemus negó entrevista sobre este tema, con el argumento de que ya que Miranda optó por acudir a instancias jurisdiccionales, será solo en estas donde se ofrezcan declaraciones respecto a los hechos denunciados.
