En 2011, a Norma Cortez Lemus la atropelló un camión de la empresa Calfia, el chofer huyó de la escena, dejándola tendida en el asfalto; luego de un largo proceso jurídico y con la intervención del sistema de justicia alternativa, cinco años después el propietario de la unidad aceptó indemnizarla, pero no ha cumplido.
Tras el accidente, Norma quedó lesionada de ambas piernas, lo que le impide trabajar; por ello interpuso una demanda ante la Procuraduría General de Justicia del Estado -PGJE- contra Calfia, ya que el camión marcado con el número económico 1158, que fue el que la lesionó, pertenece a esa empresa. El conductor, al que posteriormente se identificó como Luis Alfonso López, no fue localizado.
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Durante cinco5 años la autoridad judicial no logró que a Norma se le subsanara los gastos por daños producto del accidente. Fue hasta que recurrió directamente con el subprocurador de Justicia de Tijuana, Jorge Alberto Álvarez Mendoza, quien la canalizó al Centro de Estatal de Justicia Alternativa -CEJA-, cuando su caso registró avance.
En agosto de 2016 se logró que Daniel Delgado Tiznado, dueño del camión que la arrolló, aceptara la responsabilidad y firmara a un acuerdo de voluntades.
Norma demandó a los responsables cubrir los gastos del tratamiento, indemnización económica que tasó en 1.5 millones de pesos, “pero se les hizo mucho, dijeron que no podían pagarme esa cantidad, por eso llegamos a un acuerdo para que solo se me cubriera la cantidad de 192 mil pesos”, detalló. El monto, se estipuló en el convenio, le sería entregado mediante 12 pagos mensuales de 16 mil pesos cada uno, los cuales la parte demandada depositaría en el CEJA.
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Pero a la demandante solo se le cubrió el primer pago establecido para el viernes 9 de septiembre, desde entonces no ha vuelto a recibir otro pago y, aunque acudió ante la instancia que promovió el convenio voluntario, no se ha obligado a Delgado Tiznado a cumplir con lo pactado legalmente.
Entrevistado por ZETA, Daniel Delgado Tiznado admitió el compromiso acordado con Norma Cortez, aunque no supo o no quiso responder la razón por la que no se ha cumplido con el pago de las mensualidades, solo argumentó: “Se le hizo un primer pago, no sé por qué razón no se le depositaron las mensualidades siguientes, tengo unos días enfermo, pero el jueves me comunico con ella para ver este asunto”.
Consultada al respecto, la delegación Tijuana de la PGJE informó que, una vez revisado el caso y ante el incumpliendo al convenio por una de las partes, se volverá a turnar a Ministerio Público.
Norma Cortez considera esta respuesta como una irregularidad, toda vez que al firmar el acuerdo de voluntades, Julio Tiznado, el agente que la atendió, le aseguró que aun cuando se signara el convenio, el caso continuaba bajo investigación ministerial.
