Era necesario desmentir a Astiazarán para que los ciudadanos no se confundan.- Luévano

Foto: Agustín Reyes
 
Destacados Martes, 28 Marzo, 2017 05:23 PM

“Fue majadero Astiazarán al decir que no se tiene una administración adecuada”, expuso el secretario de gobierno Raúl Felipe Luévano, al explicar la razón por la que el gobierno de Juan Manuel Gastélum optó por pagar desplegados para aclarar la “ruina” en la que el ex alcalde dejó la administración de Tijuana.

Además de una administración con un sinnúmero de irregularidades que ya derivó una denuncia penal contra el ex tesorero Juan Manuel Noriega ante la Procuraduría General de Justicia del Estado –PGJE- por el desvío y retención indebida en el traslado de valores y 10 denuncias administrativas a las que Sindicatura Municipal da seguimiento, Luévano acusó a la administración de Jorge Astiazarán de omisa.

Tal es el caso, anotó, del contrato desventajoso de luminarias con Sola Basic, por el cual no se demandó a la administración de Carlos Bustamante y de la que “lo que nos corresponde es determinar la omisión en la que incurrieron los funcionarios de la pasada administración”.

Secretario de Gobierno, Raúl Felipe Luévano Ruíz en conferencia de prensa.

Asentó que no se trata de seguimiento personal ni acoso político la razón por la que se investiga, a través de Sindicatura Municipal, las irregularidades detectadas al XXI Ayuntamiento, sino que se busca no caer en la omisión o encubrimiento, como incurrió el anterior gobierno.

El funcionario consideró que sí era necesario salir a desmentir las falsas declaraciones de Astiazarán para que los ciudadanos no se confundan, así como puntualizar las irregularidades encontradas, las cueles ya habían sido publicadas en notas periodísticas y que esta semana ha reafirmado el gobierno de “El Patas” con inserción pagadas en los periódicos locales.

De las principales alteraciones que son investigadas, mencionó las que está el mal estado en la que dejaron un parque vehicular de 70 unidades de recolección de basura, rehabilitación que, de llevarse a cabo, significaría una inversión de 2 millones de pesos.

Del pago pendiente a Jaime Bonilla por la resolución a favor del político de Morena, quién demando al municipio por daño patrimonial, Luévano dijo que tampoco se cubrió, por lo que el gobierno de Gastélum llegó a un acuerdo con el empresario para pagarles con bienes inmuebles públicos.

También hablo de desvío de retenciones de ISSSTECALI, ISR y empresas de préstamos personales a empleados municipales y movimientos irregulares de dinero de caja general, así como una deuda a proveedores por el orden de los 800 millones de pesos.

En el Sistema Integral de Transporte de Tijuana –SITT- también detectaron anomalías en un adeudo de 96 millones de pesos, cantidad adicional al presupuesto inicial del proyecto.

Con tantos pendientes heredados, Raúl Felipe Luévano justificó el que el XXII Ayuntamiento se haya ocupado de un tema antiguo, como el seguimiento al proceso de inhabilitación a un cargo público contra Julián Leyzaola, “porque así lo ordenó a esta administración un juez”, y añadió, “este tema también lo dejó pendiente el anterior gobierno priista

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