Política Breve y de Emergencia
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Se levantó el cierre de las instalaciones de gobierno en Mexicali por parte de los manifestantes del 12 de enero, se inició el diálogo con todas las partes a la mesa, se destensó el ánimo público temeroso de aún más graves y serios problemas sociales, pero en la breve calma, los problemas de fondo continúan.
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Definitivamente un hecho desencadenante de la “vuelta a la normalidad” fue el desafortunado y peligroso zafarrancho que el equipo del Gobernador del Estado provocó con la imprudencia de “madrugar el diálogo” dos días antes de lo públicamente pactado y además ofrecer en la persona del propio Francisco Vega, un elemento de desafío con su presencia, que para suerte de todos no pasó a mayores pero que definitivamente rompió la línea del respeto; así que al día siguiente cuando la presencia del grupo antimotines solicitó pacíficamente la entrega de las instalaciones, de inmediato les fue concedida, dejando pendiente el diálogo.
La toma de las instalaciones del Centro de Gobierno, oficinas de Recaudación, del Congreso del Estado y del Palacio Municipal mexicalense y los intentos de hacer lo mismo en Tijuana y Ensenada, fueron los resabios del reclamo de más de 60 mil personas marchando en todo el Estado para exigir la cancelación de las últimas medidas adoptadas por el gobierno, pero también la prueba exacta de la infiltración de intereses ajenos a la espontaneidad ciudadana de las manifestaciones.
Ahora que se derogó la Ley del Agua, se canceló el aprobado reemplacamiento vehicular, se cancelaron los incrementos a las tarifas del servicio de agua potable y también como respuesta a las manifestaciones se incrementaron las medidas de austeridad en el gobierno y todavía sigue el diálogo por la oposición al proyecto del acueducto en el Valle de Mexicali para abastecer a una empresa privada y desde luego el rechazo al gasolinazo, es el momento exacto para preguntarse el porqué del importante y grave descontento que una buena parte de la ciudadanía tiene con el gobierno estatal, porque no es posible que todo esto les haya tomado por sorpresa.
Para resolver la grave crisis política en la que está inmerso el gobierno estatal primeramente debe reconocer la existencia de la misma y por difícil que sea, toda vez de la amplia ventaja política electoral recientemente obtenida por el partido gobernante, saber que abiertamente la sociedad tiene un manifiesto descontento, producto de la desvinculación de las acciones de gobierno con la sociedad y de la ausencia de respuesta efectiva a las demandas sociales y la falta de atención puntual de las denuncias ciudadanas que en todos sentidos reclaman resultados.
Está ausente la adecuada relación institucional de los sectores y fuerzas sociales con el gobierno, porque la tolerancia a los reclamos escasea; la severa falta de recursos públicos no ha sido atemperada socialmente con mayor cercanía y promotoría ciudadana; está olvidada la diaria legitimación política en la práctica del gobierno, porque pesa mucho el esfuerzo político del consenso, porque a la consulta pública se le considera pérdida de tiempo, porque es más agradable el ejercicio del poder que hacer imperar la justicia, el respeto a la dignidad y los derechos de todos, porque el que se oponga es y será solo un rebelde que no merece atención.
Hasta ahora la respuesta que el movimiento social de enero ha recibido es total, es decir el reconocimiento de las demandas como legítimas y la consecuente vuelta atrás de las decisiones tomadas, lo que significa o bien que el gobierno es sensible al reclamo social o que siempre se dudó de la prudencia de las acciones tomadas. Las cosas no se hacen bien, ¿por qué no se puede o por qué no se sabe? ¿Porque qué va a pasar si continúan las manifestaciones exigiendo “fuera Kiko”?
Que la historia lo registre.- En 2008 en lo más crudo de la crisis de seguridad, el empresario Alejandro Martí en encuentro público con los Poderes de la Unión dijo: “Señores, si piensan que la vara es muy alta e imposible hacerlo, si no pueden renuncien, pero no sigan ocupando oficinas de gobierno y recibiendo un sueldo, porque no hacer nada, también es corrupción…”
Botón rojo.- En la Secretaría General de Gobierno corre el rumor de que hay en Tijuana un complot para quitar al secretario del cargo. ¿Será por la manifestación de 60 mil personas?
Salvador Morales Riubí, político tijuanense, ha sido funcionario municipal y estatal. Actualmente es empresario y consultor en temas de salud y relaciones públicas.
