Luego de recogerla de la escuela, Enrique “N” abusó sexualmente de su hijastra, de entonces 10 años de edad. Producto de la agresión, la menor resultó embarazada. Los hechos sucedieron el 14 de junio de 2016 en el domicilio donde ambos vivían, localizado en la colonia Antorcha Campesina, en el extremo este de Tijuana.
Para que no contara lo sucedido, el hombre amenazó a la niña de que si decía algo lo encarcelarían a él y a Geraldine, su madre, por lo que no la volvería a ver ni a ella ni a sus hermanos. La relación de unión libre de la mujer con Enrique “N” duró cinco años.
Cuando los cambios físicos del embarazo comenzaron a ser evidentes: hinchazón de los senos, crecimiento del abdomen y ausencia de la menstruación, la madre –sin tener conocimiento de la violación– llevó a su hija a consulta con médicos privados; en dos clínicas diagnosticaron “desorden hormonal” en lugar de embarazo.
Para el domingo 15 de enero –ya con siete meses de gestación– la evidencia de un embarazo era contundente, por lo que Geraldine preguntó a su hija lo que había sucedido; ésta contó cómo fue violada por Enrique “N” en dos ocasiones: la primera en junio de 2016 y la segunda en noviembre del mismo año.
Presentó una denuncia formal por el delito de violación el martes 17 de enero, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió el Número Único de Caso (NUC) 02430 para comenzar la investigación. La niña está próxima a dar a luz.
Tanto la violación como el embarazo fueron confirmados por peritos de la PGJE, que además realizaron estudios psicológicos que establecieron que la niña, que actualmente tiene 11 años de edad, presenta las características propias de una agresión sexual.
Para cumplimentar una orden de aprehensión dictada el día anterior, el viernes 27 de enero Enrique “N” fue capturado, llevado al Ministerio Público e internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tijuana, donde enfrenta la prisión preventiva.
El subprocurador de Justicia en Tijuana, Jorge Alberto Álvarez Mendoza, señaló que ninguno de los otros niños pertenecientes a la familia presenta indicios de agresión; no obstante, sostuvo que si las investigaciones lo determinan la madre podría ser investigada por omisión en el cuidado de la menor.
En una audiencia realizada el miércoles 1 de febrero, la juez de control Patricia Hernández Haro lo vinculó a proceso ya que “se pone de manifiesto la existencia de un hecho delictivo”. Mientras se terminan las investigaciones y se emita una sentencia, Enrique “N” permanecerá recluido.
Roberto Salazar y Gerardo Espíndola, abogados públicos encargados de la defensa del hoy imputado por violación, no tuvieron “nada que manifestar” ante el relato de la fiscalía, representada por la agente del Ministerio Público, Diana Loza Quiñonez.
La fiscal solicitó a la juez un plazo de cuatro meses para concluir la investigación, que incluye el establecimiento de un dictamen psicológico y la elaboración un perfil genético del menor una vez que nazca. La niña aún cursa la escuela primaria.
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