Sindicalismo

Fotos: Sergio Haro
 
Cachanillaz Lunes, 13 Febrero, 2017 12:00 PM

Donde hay tambores de guerra entre el sindicato y la patronal es en terrenos universitarios; en este caso el Sindicato Estatal de Trabajadores Universitarios (SETU) y Rectoría, en el marco de las negociaciones relativas al aumento salarial, donde el gremio ha rechazado el 3 por ciento que proponen desde la cúpula administrativa, pues pretenden un 10% y amenazan con emplazar a huelga a la Máxima Casa de Estudios.

Pero hay varios elementos que aderezan este desencuentro: la semana pasada, desde la oficina de Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) se envió un comunicado donde se muestra la evidente estrategia de injerencia desde Rectoría en los asuntos sindicales. Exponen la pugna y aprovechan para criticar a los dirigentes del sindicato que agrupa a trabajadores administrativos. Textualmente señalan en una parte, “…pero el líder sindical, como ha sido su costumbre, no cumplió con lo acordado y mantiene su amenaza de emplazar a huelga aun cuando la base trabajadora no lo respalda”.

En otra parte del escrito indican que existe una fisura en el organismo sindical “… incluso al interior del Comité Directivo del SETU hay desacuerdo, y como consecuencia de ello han presentado su renuncia definitiva e irrevocable dos integrantes, la Secretaria de Organización, M.A. Isela Romero Castillo y la Secretaria de Acción Social y Cultural, C. Cinthia Córdova Lara. Se anexa carta de renuncia firmada…”.

Es decir, la UABC está utilizando su equipo de comunicación para desprestigiar en un acto que más bien podría atizar a una hoguera, sobretodo en estos tiempos de rebeldía.

La historia del sindicalismo universitario local tiene varios claroscuros. En los 80s, el entonces SUTU (Sindicato Único de Trabajadores Universitarios) fue creado desde Rectoría para combatir a base de golpes –literalmente- al sindicalismo democrático. Luego, en 1998 también desde Rectoría apoyaron la formación del SETU para golpear al SUTU y ahora el gremio parece tener vida propia, por eso tratan de vapulearlo desde Rectoría. ¿No tendrán mejores argumentos?

 

Más de sindicatos

Donde la pugna se ha polarizado es en la burocracia, con acusaciones encontradas y demandas de uno y otro lado. En el caso del relevo en la dirigencia parece que deberá ser el Tribunal de Arbitraje el que defina la sucesión en la dirigencia en Mexicali, mientras de ambos lados se sacan los trapos sucios.

Margarita Corro

A Victoria Bentley la acusan de dobleteo en su función -como diputada y dirigente-, siendo que actualmente tiene un permiso como empleada. De acuerdo a datos oficiales, la lideresa ingresó como auxiliar administrativo de confianza el 1 de mayo de 1987, adscrita a Recaudación de Rentas, luego pasó al jurídico, Oficialía Mayor, Regidores -basificada en 1989-y  en abril de 2012, al área de Jueces Calificadores como jefa de Sección E, de base.

Tiene mil 214 días de licencia, sobre todo desde marzo del año pasado, cuando iniciaban las precampañas y la última licencia se supone es a partir del 1 de diciembre de 2016 hasta el 1 de octubre de 2019. Su sueldo neto es de 40 mil pesos mensuales -menos cerca de 7 mil de impuestos-, aunque en cuanto a las licencias en Oficialía Mayor existe un documento denominado Movimiento de Personal donde se asienta que la licencia sin goce de sueldo está fechada el 30 de enero de 2017., situación que habría que aclarar.

Por otro lado se ha cuestionado -y denunciado- que en el grupo disidente hasta han falsificado documentos para por subsanar las faltas a las asambleas, o igual en firmas no otorgadas desde el Comité Ejecutivo Seccional.

Aparte y ya en plena disputa salen a flote otras anomalías, como el caso de la ex diputada y sindicalista de la burocracia tecatense Margarita Corro, quien es parte del grupo de Oceguera y -aseguran- estuvo varios meses cobrando en la alcaldía de Tecate y a la par el jugoso cheque del Congreso del Estado en su calidad de suplente de la ahora alcaldesa Nereida Fuentes.

 

Sofocados 

Después de una intensa efervescencia expandida por casi cinco semanas, el movimiento social de reclamo a gobiernos y gobernantes -federales, estatales y municipales- parece que entró en una especie de fase de desgaste, sobre todo en esa parte donde el acuerdo ha sido abordar en mesas temáticas la diversidad de planteamientos propuestos desde el movimiento social.

Y es que en muchos de los rubros tienen que ver con temas muy técnicos y los ejemplos se multiplican como sería el del agua, del Impuesto Predial y no se diga los puntos legislativos que implicarían horas y horas de discusiones en torno a las más diversas propuestas.

Uno de los problemas es que -en aras de la democracia- de repente se han involucrado personajes que sin ningún rubor toman la palabra y hablan sin conocimiento de causa.

El ejemplo más claro lo dio la abogada Hortensia Meza, quien apareció en el evento protocolario relativo a la entrega del pliego petitorio al Congreso del Estado.

De entrada descalificó el trabajo de los reporteros, a quienes invitó a ser “honestos y veraces”, a cubrir “con prontitud y honestidad” el movimiento, lo que evidentemente suscitó la airada respuesta de los comunicadores presentes, la gran mayoría literalmente se han volcado a la cobertura del movimiento en guardias, plantones, manifestaciones, mesas de diálogo, lo que ha significado horas y horas de cobertura.

Ante la insistencia de los periodistas, la abogada tuvo que ser auxiliada y ahí se mencionó una página de Facebook, El Informal de Baja California, evidentemente creada para golpear al movimiento con caracterizaciones de “agitadores profesionales” de tener  “intereses partidistas” o ser “radicales de izquierda”, hasta se pagó publicidad en esa red social para denostar el movimiento ciudadano.

Lo evidente es que se trata de un proceso de aprendizaje donde activistas, simpatizantes y comunicadores tenemos bastante que aprender y asimilar, sobre todo en términos de prudencia.

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