El uso de la fuerza excesiva por parte del alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez resultó contraproducente. En lugar de apagar el fuego, avivó las llamas de la protesta social. Ahora, se sabe que el director de Administración Urbana del Ayuntamiento, área encargada de los permisos y licencias de construcción, aparece como encargado de obra de la planta cervecera Constellation Brands
Alejado de todo diálogo y utilizando a la Policía Municipal, el alcalde de Mexicali, Gustavo Sánchez ordenó el desalojo violento de manifestantes que piden la desaparición del Impuesto al Alumbrado Público y la disminución del Impuesto Predial.
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Minutos antes de que cientos de policías desalojaran de manera violenta a quienes bloqueaban las instalaciones del Ayuntamiento de Mexicali, la mañana del lunes 13 de febrero, el oficial mayor, Óscar Ortega aseguró “la idea es acercarnos y pedirles que pacíficamente como hemos estado hablando nos den la oportunidad de que entre el personal”.
Días antes, el jueves 9 de febrero se había roto la mesa de diálogo con el presidente municipal, luego de no llegar a un acuerdo en dos puntos torales: la petición para desaparecer el Derecho de Alumbrado Público y la cancelación del incremento al pago del Impuesto Predial.
Como resultado del rompimiento, los ciudadanos advirtieron que nuevamente tomarían las instalaciones municipales, a partir de las 5:00 de la tarde del domingo 12 de febrero.
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El alcalde respondió. Cientos de policías se desplegaron a través del sótano del edificio de Ayuntamiento, mientras circulaba un video del panista en Facebook para advertir que había cumplido con los acuerdos, por lo que no permitiría un nuevo bloqueo.
La noche pasó tranquila cuando ciudadanos se tomaron de las manos y rodearon por completo el edificio del Ayuntamiento fuera del perímetro marcado por vallas colocadas por la Policía Municipal de Mexicali para proteger el inmueble.
Sin embargo, conforme llegaron los primeros empleados municipales a las 8:00 de la mañana, los oficiales comenzaron a formarse para recibir instrucciones. La orden estaba dada y se cumplió cuando llegó el subsecretario del Ayuntamiento, José Pablo Angulo.
El funcionario llegó con gritos y amenazas. Se dirigió directamente con uno de los manifestantes. “Salinas, tú eres abogado, sabes perfectamente que tienes derecho a manifestarte, pero no a interrumpir ninguna vía o ningún paso ni hacer interrupción de servicio. Eso es un delito de sabotaje. Traes engañada a toda la gente, no la engañes por favor, necesitamos que liberes los espacios. Gracias”, manifestó.
Luego dio la orden de desalojar a los manifestantes. En un principio, los policías empujaron a los ciudadanos, pero ante su resistencia, comenzaron los empujones y golpes. Los agentes iban sobre los líderes del movimiento. A los primeros que intentaron detener fue a dos ex integrantes de Morena, Guadalupe Montoya y Lupita Mora.
También se fueron sobre Filiberto Sánchez Gurrola, otro de los líderes más visibles del movimiento, además de Jorge Benítez, integrante de la mesa de diálogo, así como León Fierro, quien fue defendido por sus compañeros y así logró evitar la captura.
En libertad, manifestantes enfrentarán cargos penales
Mujeres, jóvenes y personas de la tercera edad resultaron golpeados. El operativo dejó 12 detenidos, algunos con lujo de violencia como el caso de Jorge Brambila Valdés. El hombre fue jaloneado hacia el perímetro de policías para, una vez en el suelo, esposarlo, mientras una rodilla le apretaba el cachete.
“Me duele”, señaló el manifestante. “Me vale verga, me vale verga”, contestó el municipal mientras le torcía el brazo para someterlo.
Otro caso fue el de la señora Santa Cecilia Hernández Osorio, detenida por seis agentes. En el altercado, sus zapatos quedaron tirados en el camino.
Algunos manifestantes repelieron la agresión con empujones y golpes contra los agentes, pero al verse superados en número, retrocedieron y así quedaron los accesos libres.
En total, 12 manifestantes fueron trasladados a la Comandancia de Policía. Entre ellos, una mujer, quien afirmó que viajaba en un vehículo cuando agentes municipales la forzaron a bajar de él. Después de pagar 3 mil 200 pesos por una “falta administrativa”, la mujer quedó libre.
Los demás detenidos fueron acusados por el delito de Sedición, contemplado en el artículo 277 del Código Penal de Baja California como aquel que se comete cuando “en forma tumultuaria, sin uso de armas, se resistan o ataquen a la autoridad para impedir el libre ejercicio de sus funciones”.
El ilícito se castiga con 6 meses de prisión y hasta 100 días de multa, pero aumenta para los líderes que inciten a su comisión con hasta 5 años de prisión y 200 días de multa.
No terminó de transcurrir el día cuando los manifestantes ya se encontraban libres. Abogados simpatizantes con el movimiento, les otorgaron asesoría gratuita y lograron que salieran sin pagar fianza bajo el precepto de facultad de investigación.
Sin embargo, persisten los cargos penales que serán atendidos por la Unidad Especializada de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), lo que significa que la investigación transcurrirá sin detenido, según explicó el abogado Fernando Rosales a ZETA.
Mientras tanto, el abogado Fernando Rosales anunció que, junto con los 12 detenidos, trabajará en una denuncia penal contra los agentes municipales que cometieron abuso de autoridad en los arrestos.
Si bien trabajarán en un primer momento para identificarlos a través de fotografías tomadas por la prensa, el litigante considera que se cuenta con los elementos suficientes para acreditar el ilícito.
Se salió de control: alcalde
Por su parte, el presidente municipal anunció, a través de su equipo de Comunicación, que abordaría el tema en una transmisión en vivo a través de Facebook a las 5:00 de la tarde.
Sentado en un sillón, con camisa blanca, un prendedor del Ayuntamiento de Mexicali en el bolsillo, tranquilo, bien peinado y frente a una computadora portátil, el alcalde pronunció su discurso para justificar su actuar.
El monólogo apenas tocó el desalojo violento de esa mañana. A decir del alcalde panista, se cumplieron casi todos los puntos del pliego petitorio –9 de 11– que los manifestantes presentaron y los acusó de ser quienes rompieron la mesa de diálogo, a la cual dijo no verle avances a pesar de las cinco reuniones realizadas.
Optó por abordar otros temas. Las nueve semanas que lleva en el cargo, como si fueran insuficientes para dar resultados en su desempeño, que el Ayuntamiento les fue entregado sin recursos, hasta el gasolinazo y la Ley del Agua fueron señaladas por el ex diputado como las causas de las movilizaciones y el coraje social.
Sin dar marcha atrás al Impuesto al Alumbrado Público (IAP), afirmó que con éste se instalarán luminarias en todas las calles de la ciudad y que el incremento al impuesto predial, fue el más bajo de los cinco municipios.
Dijo que de IAP apenas se recabaron 85 millones de pesos, cifra menor a los 135 millones de pesos que facturó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) al Ayuntamiento de Mexicali por este servicio.
Respecto al predial, el alcalde señaló que se reunió con el Cabildo para empezar a cobrar a los grandes deudores.
En la transmisión, habló, sin nombrarlo, del ex alcalde de Mexicali, Jaime Díaz, para recordar que la Sindicatura Municipal se encuentra investigando su caso.
Del desalojo, dijo que “las circunstancias se salieron de control y los ánimos, lamentamos mucho que esto haya sido, pero tenemos que resguardar la casa municipal, que es de todos los mexicalenses. Esperemos que esto no se repita, que sea el diálogo y la comunicación lo que siga por delante en favor de las personas”, dijo el munícipe.
Funcionario municipal ligado a planta cervecera Constellation Brands
Inmediatamente reaccionó la regidora de Morena, Alejandra Ang, quien negó haberse reunido con Sánchez, como el edil dijo hacerlo. Además, acusó al director de Control Urbano de conflicto de interés.
La regidora presentó, ante Sindicatura, una queja relativa a la licencia de construcción que otorgó el área de Control Urbano del Ayuntamiento, en agosto de 2016, a la empresa Tenedora Inmobiliaria, para la construcción de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands.
La representante de Morena explicó que como responsable de obra en los documentos emitidos por el Ayuntamiento, aparece el arquitecto Sergio Montes, quien hoy se desempeña como director de Administración Urbana en el Ayuntamiento encabezado por Gustavo Sánchez.
“Lo que pedimos a Sindicatura es que investigue si hay algún conflicto de intereses”, expuso la arquitecta.
También señaló que cuando el encargado de la obra ya se desempeñaba como funcionario municipal, Tenedora Inmobiliaria tramitó el cambio de uso de suelo, documento con fecha del 8 de diciembre.
Desde el 7 de febrero, fecha en que la regidora Ang solicitó mayor información relacionada con los permisos otorgados para la construcción de la planta de cerveza, como la licencia de construcción y el uso de suelo –trámites que se aprueban desde la Dirección de Administración, cuyo titular es el mismo encargado de la obra– no ha recibido respuesta.
Una irregularidad más. El anterior director de Administración Urbana, Luis Alfonso Vizcarra determinó condicionar la licencia de construcción a cambio de la donación de un predio de 31 mil 500 metros cuadrados al Ayuntamiento, en un plazo no mayor de 30 días.
De lo contrario, la empresa debería pagar 65 millones de pesos. No obstante, la regidora no ha recibido información que confirme si alguna de estas dos acciones se ha realizado.
La revelación ocasionó más coraje entre los mexicalenses. Tanto el sector campesino como otros grupos sociales se han opuesto a la construcción de la planta cervecera, para la cual se destinarían millones de galones del agua al año, en una zona devastada por la sequía, e incluso se aprobó la construcción de un acueducto de casi 500 millones de pesos.
Se trata del proyecto de construcción más grande en la zona y con un funcionario municipal como encargado de obra, la molestia social tomó nuevos rumbos. Ahora está en las manos de Blanca Villaseñor, síndica del Ayuntamiento, determinar el conflicto de interés.
Eliminación del fuero
La tarde del martes 14 de febrero, el grupo Mexicali Resiste y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) –a excepción de los legisladores priistas– del Congreso del Estado iniciaron la mesa de diálogo en la que se exigió a los diputados emitir una postura respecto al desalojo ocurrido un día antes.
Entrevistado al final de la reunión, Ignacio García Dworak, recién estrenado como presidente de la Mesa Directiva del Congreso, habló del pliego petitorio de alrededor de 17 puntos, entre los cuales se exige reducir el precio de la gasolina y la eliminación del fuero constitucional.
Alejandro Rivera, representante de la Asamblea Popular, opinó que se trató de una reunión meramente política, con posicionamientos para encubrirse entre los diputados.
Señaló que temas como la revocación del mandato y la comparecencia del delegado de Conagua, se tocaron de manera muy superficial.
Por su parte, el abogado Fernando Rosales consideró que el tema de la eliminación del fuero fue el gran avance de la reunión.
“Es un clamor nacional, ya hay cuatro estados de la república que han eliminado de su Constitución el fuero para diputados, presidente municipal, para jueces y magistrados y otros servidores públicos, ha quedado huella que con la participación ciudadana logramos el compromiso de la Jucopo”, dijo Rosales.
Señaló que la iniciativa se presentó desde el 6 de octubre por los diputados de Movimiento Ciudadano y el Partido de Baja California, pero fue dejada en la congeladora.
Será el jueves 23 de febrero, cuando los diputados bajacalifornianos votarán la iniciativa en el pleno del Congreso. (Cristian Torres)
