Por segunda ocasión en menos de cinco meses, en el Senado de la República han cambiado la fecha para elegir Fiscal Nacional Anticorrupción. Debieron hacerlo el 19 de noviembre de 2016, pero pospusieron la decisión para el 15 de febrero, y hace unos días dijeron que siempre no, que mejor lo harán antes del 15 de marzo de 2017.
La decisión para nombrar al fiscal está en la Cámara de Senadores, inicia en las Comisiones de Justicia, y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, en éstas, en octubre de 2016 recibieron las solicitudes de quienes aspiran y creen cumplir con los requisitos para convertirse en el primer Fiscal Anticorrupción de México. En total se presentaron 32 hombres y mujeres, pero luego que una de ellas declinó a su participación luego que se le mencionara como favorita para ocupar la posición, quedaron 31 nombres para análisis de los legisladores de la Cámara Alta.
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Pero en cinco meses los senadores no han tenido el tiempo de leer, auscultar, investigar, certificar, avalar o rechazar, de la treintena de nombres para elegir a uno que de una vez y en época turbulenta, se ponga a trabajar en el combate a la corrupción.
Desde enero fueron seleccionadas las cinco personas que integran el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, y que serán parte fundamental del proceso de combate, prevención, investigación de la corrupción en este país, y se esperaba que el 15 de febrero, después de cinco meses, los legisladores hubiesen hecho su chamba para designar, después de concienzuda consulta, al fiscal, e iniciar de manera más integral los trabajos que ya le urgen a México.
Resulta por demás sospechoso que en una época de tanto señalamiento de corrupción hacia los gobiernos de todos los partidos y de todos los niveles, a los senadores no les parezca urgente -además de importante- la designación del fiscal anticorrupción. O no llegan a una negociación (rara vez se dan acuerdos en el Poder Legislativo), o ahora sí que cada fracción busca un fiscal a modo, o definitivamente están posponiendo la decisión con ganas de no tomarla.
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Pero aprovechando la falta de compromiso para revisar las hojas de vida de los 31 postulantes y hacerles entrevistas, aguerridas preguntas, pruebas y exámenes para elegir al que mejor preparado esté para combatir la corrupción, organizaciones de la sociedad civil están solicitando que de aquí al 15 de marzo, las entrevistas a los interesados sean públicas, transparentes y formales. Que lo que no han logrado en lo oscurito, sea partícipe en lo público la sociedad entera, a través de distintos medios de comunicación y enlaces en vivo a las auscultaciones de los interesados.
Los senadores no han dicho más, solo que a la Junta de Coordinación Política del Senado de la República fue enviada la nueva fecha propuesta por la Comisión de Seguridad, encabezada por el panista Fernando Yúnes Márquez, y la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana que preside el priista Héctor Yúnez Landa.
Lo que ahora falta es que tanto las organizaciones civiles como la sociedad participativa, exijan y obliguen a los senadores transparencia, además de rapidez en la selección del fiscal.
México vive momentos de insólita corrupción. Una clase política y servidores públicos que ostentan una vida de lujos, de privilegios, de dispendio en los gobiernos, en las propias entidades que conforman el Estado mexicano. Altísimos sueldos, carísimas pensiones para servidores públicos y ex servidores. El pago de sus seguros, el alto mantenimiento de funcionarios que se separan del pueblo, al que deben servir al ser objeto de vanagloria por parte del sistema político mexicano que les allega todo en abundancia sin pedir cuentas del uso de los recursos y el material.
La organización ciudadana Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad está solicitando a los senadores que sean públicas las audiencias realizadas a cada uno de los aspirantes que hayan seleccionado las Comisiones unidas de Justicia, y Anticorrupción y de Participación Ciudadana. Que los nombres que integren la lista seleccionada por las Comisiones como finalistas sean dados a conocer, para que sociedad organizaciones tengan oportunidad de formular preguntas y hacerlas llegar a los legisladores para su aplicación,. Además, que tras la designación del fiscal, se sustente con criterios, motivaciones y parámetros la elección de quien representará, aun en la estructura de la Procuraduría General de la República, a los ciudadanos todos en la lucha anticorrupción.
La situación es apremiante debido a que la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción determina que el Comité Coordinador del SNA deberá instalarse 60 días naturales posteriores a la designación del Comité de Participación Ciudadana, lo cual ocurrió el 31 de enero de 2017, lo que significa que para la primera semana de abril ya debe estar instalado y funcionando el comité que coordinará los trabajos anticorrupción. Y da la casualidad que el nombramiento pendiente para que esté completo ese organismo, es precisamente el del fiscal anticorrupción.
El Comité Coordinador del SNA estará integrado, de acuerdo a la Ley, por siete personas:
* Un representante del Comité de Participación Ciudadana, es decir, uno de los cinco electos el 31 de enero.
* El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ya nombrado, Juan Manuel Portal Martínez).
* El titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal (donde el Presidente Enrique Peña Nieto nombró a la ex procuradora Arely Gómez).
* Un representante del Consejo de la Judicatura Federal (será electo de entre sus siete integrantes).
* El presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que resulta ser Ximena Puente de la Mora (precisamente la aspirante que declinó participar para convertirse en fiscal anticorrupción).
* El presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
* Y, precisamente, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción, aún no designado por el Senado de la República.
Así que por las ínfulas de los senadores, por su falta de compromiso, su ausencia de responsabilidad y su poco trabajo, México no ha activado el Sistema Nacional Anticorrupción. Por tercera ocasión tenemos una fecha límite para la designación del fiscal, que si es bueno, brillante y valiente, podría investigar a quienes ahora parecen no querer nombrarlo.
Ya va siendo hora.
