México estuvo callado un siglo. Primero por la dictadura, luego por el sistema y después porque no sabía cómo expresarse.
Lentamente ha ido saliendo del letargo, pero ese escape tiene sus riesgos. Entre ellos, el que haya quienes se quieran aprovechar del deseo de libertad para saciar sus obsesiones personales.
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Asimismo, hay otros que buscan aprovechar el río revuelto para llevar agua a su molino.
La extraordinaria participación ciudadana que se dio un día 15 de enero del 2017, cuando aproximadamente setenta mil bajacalifornianos salimos a las calles a manifestar nuestro hartazgo, fue plausible y trajo positivas consecuencias.
Las diversas acciones, especialmente las violentas o las que de una manera u otra trastornan gravemente legítimos intereses de la ciudadanía, rebasan por mucho el objetivo del derecho a la libertad de expresión.
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En el caso concreto de los bloqueos o de los intentos de impedir el funcionamiento de instalaciones o de oficinas gubernamentales, es menester que se tomen medidas proporcionales al perjuicio que se causa a la población.
Suponiendo hubiera un hipotético manual para el manejo de todo esto, tras de que se materializara la primera hoja, es decir, cuando se presentara una manifestación o protesta pacífica, la hoja dos hablaría del diálogo, la tres de satisfacer los reclamos justos y la cuatro del seguimiento ordenado de las cosas.
Pero si sucede que a pesar del diálogo y de la respuesta adecuada, los manifestantes dejaran en claro que lo que menos les interesa es una solución, sino que por el contrario, el caos es su principal meta, tendría que haber una quinta página que contenga una fórmula para que la población no resulte más perjudicada que beneficiada con las manifestaciones.
Todo lo anterior lo decimos porque el día de ayer se dieron dos acontecimientos que nos hacen pensar en que es necesario medir la tolerancia.
Por una parte, acudimos al denominado Palacio Municipal de Tijuana, sede del Ayuntamiento, encontrándonos con que no únicamente se le causó un gran daño físico al inmueble el domingo 22 de enero cuando extraños intereses intentaron tomarlo por asalto, sino que ahora resulta que el daño se extiende a todo aquel que pretende ingresar al edificio, puesto que por razones de seguridad se ha tenido que cerrar el mejor acceso peatonal con que se cuenta, siendo forzados los ciudadanos a trasladarse hacia una entrada alterna y lo que es peor, para salir, hay que recorrer un estacionamiento subterráneo, obviamente no diseñado para el paso peatonal, lo que genera una sensación desagradable e incómoda, especialmente para las personas de la tercera edad o con discapacidad.
Como dice la canción, “pero qué necesidad”.
O sea, tenemos un edificio que de por sí, por supuesto no es un “Palacio” como indebidamente se le ha llamado tradicionalmente, no correspondiéndole ese nombre porque ni tenemos monarquía, ni se trata de una belleza arquitectónica ni histórica y ahora resulta además que ni se puede usar funcionalmente, pues nos tendríamos que preguntar… ¿Pues de qué se trata esto?
Además, si así están sucediendo las cosas en un año no electoral, también cabe preguntarnos… ¿Cómo se irá a poner todo en el 2018 que habrá elecciones?
El otro acontecimiento que se dio el día de ayer, fue un nuevo intento de bloquear totalmente el edificio llamado “La Casa Municipal”, asiento principal del Ayuntamiento de Mexicali y como la autoridad no lo permitió, ahora es acusada de mil cosas.
Allí nos preguntaríamos, ¿en qué papel habría quedado el Presidente Municipal y su titular de seguridad pública si se hubieran quedado de brazos cruzados?
Total que como que ya está bueno de posturas radicales, siendo que los ciudadanos de bien lo que queremos es vivir dentro de un Estado de Derecho.
Todo es cuestión de medir la tolerancia.
Alberto Sandoval es Coordinador de Alianza Civil, A.C. Correo: AlbertoSandoval@AlianzaCivil.Org Twitter: @AlSandoval
