De hecho, ahora que el Gobierno de la República que encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto reculó hace unos días en el gasolinazo del 4 de febrero de 2017, que omitió, canceló, pospuso incrementar el precio de los combustibles, a propósito de la impresionante indignación nacional, surge la pregunta ¿Y cómo le hizo?
Recordará que en uno de sus múltiples mensajes a la Nación (dos en directo el 4 y el 5 de enero, 5 en otros actos, el 6, 9, 12, 17 y 24 de enero), el Presidente se la ha pasado justificando el aumento a las gasolinas. Pero en el primer mensaje “formal”, el del 5 de enero de 2017, sobre el incremento que dio a conocer el 28 de diciembre de 2016, incluso preguntó a los mexicanos ¿Qué hubieran hecho?, luego que explicó, que de no imponer el aumento, o la eliminación del precio artificial, esto significaría un déficit de 200 mil millones de pesos, lo cual por supuesto afectaría a todos; es más, muy orondo, Peña enumeró los males a los que nos enfrentaríamos de no dar los gasolinazos: paralizar durante cuatro meses todos los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, interrumpir durante dos años todas las ayudantías y programas de Prospera, además de suspender por completo y durante tres años el servicio del Seguro Popular, y quitarle dinero a los pobres para dárselo a quienes más tienen.
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De la medida dijo, y cito: “Sé que es difícil asumirlo, pero es justamente para proteger la economía de las familias, que se vería seriamente afectada si no tomamos esas medidas”. Ajá. Hasta ahí bien dentro de la teoría-justificación presidencial, pero entonces…
¿Por qué sigue funcionando el Seguro Social? ¿Por qué no se ha cancelado el servicio del Seguro Popular? ¿Por qué los programas asistencialistas de Prospera siguen su curso, lento, paupérrimo, pero lo siguen? O sea, ¿No hubo gasolinazo el 4 de febrero y no se colapsaron los servicios de salud? ¿El Gobierno sigue funcionando (es un decir)?, ¿Los funcionarios siguen cobrando su sueldo? ¿La maquinaria gubernamental federal continúa su ruta? ¿Qué sucedió? ¿Entonces no eran tan necesarios los aumentos a las gasolinas?
Realmente resulta sospechoso que la estructura gubernamental siga funcionando, y además que se hayan destinado mil millones de pesos adicionales para el trabajo de los consulados de México en los Estados Unidos. A ver, o bien el Presidente nos vio la cara y el dinero del incremento a las gasolinas no es el que requería para continuar gobernando y prestando los servicios, o los recursos los han sacado de otras partes, por ejemplo, el ahorro al que está obligado y en el que poco ha cumplido en apretarse el cinturón.
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Todo este tema de dineros, recursos, aumentos, recortes, ajustes, huele mal. Tiene un tufo no muy extraño a corrupción. Es decir una administración es eficiente en la medida que hace eso, administrar los recursos en lugar de imponer incrementos o impuestos, y Peña ha hecho lo uno y lo otro. Ha dicho que la estructura ya no aguanta más y ha subido los costos para los mexicanos y enfatizado la carga fiscal, y al mismo tiempo ha detenido los incrementos ¿Cómo lo hizo?
Eso no lo ha explicado, porque ahora el Presidente está muy ocupado respondiendo las declaraciones y órdenes del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y se ha olvidado de los gasolinazos.
Al tiempo que la opinión nacional se centra en defenderse de un Presidente de un país vecino, no sólo a Enrique Peña Nieto se le olvidan cosas, también a los legisladores. Y pretenden meter al país entero al tren de respondámosle a Trump ensalzando lo mexicano, y look“uniéndonos”, para alejar al pueblo del camino que ya se llevaba andado: el combate a la corrupción.
La corrupción sigue ahí, sin ser combatida, sin ser investigada, engrandeciéndose acaso cuando gobierno y sociedad tienen la mirada puesta en otro flanco.
La mayoría de los problemas de México, la impunidad, la ausencia del Estado de Derecho, la mala administración de los recursos, el pésimo estado de los servicios públicos, el freno del crecimiento, la disminución en la inversión, la pobreza educativa y la pobreza marginal y alimentaria, tienen origen en actos de corrupción que se traducen en pagos ilícitos, en compra de justicia, en negociaciones que benefician a unos cuantos, y así.
El 1 de febrero, el Poder Legislativo mexicano entró en sesiones, luego de estar de descanso desde diciembre. En la Cámara de Senadores está pendiente desde el último trimestre de 2016, la designación del Fiscal Anticorrupción. Nombrados ya los cinco ciudadanos que integran el Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, hace falta –entro otros nombramientos- el Fiscal Anticorrupción, para echar a andar la máquina del combate del ilícito cometido por funcionarios y que afecta a los mexicanos todos.
Desde el mismo diciembre de 2016, los senadores tienen las carpetas de cada uno de los 31 ciudadanos que creen cumplir los requisitos impuestos para convertirse en el primer Fiscal Anticorrupción de México, cuyas facultades, serán, de acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, edición del lunes 25 de enero de 2016:
“Proponer campañas de denuncia contra la corrupción. Mecanismos de cooperación para solicitar información y evidencia a autoridades en el extranjero. Solicitar información a autoridades federales, estatales y municipales sobre presuntos actos de corrupción. Proponer estrategias de colaboración entre los tres órdenes de gobierno para la persecución de los delitos de corrupción. Estudio de valoración jurídico de agentes ministeriales para las atribuciones en la resolución de averiguaciones previas. Supervisar a las agencias del Ministerio Público. Solicitar por conducto de agentes del ministerio público información para ampliar investigaciones. Conducir a los agentes del MPF en la investigación de delitos relacionados con actos de corrupción cometidos por servidores públicos.
“Dictar normas y procedimientos para la organización de la fiscalía anticorrupción. Planear la estrategia para combatir la corrupción en el servicio público. Nombrar a los titulares de las Unidades de la Fiscalía Anticorrupción. Aprobar las investigaciones para la intervención de agentes del MPF, ejercer facultad de atracción de delitos del orden común relacionados con actos de corrupción. Autorización definitiva de la no ejecución de la acción penal, previo dictamen del agente del ministerio público. Emitir instrumentos legales para el funcionamiento y operación de la Fiscalía Anticorrupción. Promover ante las autoridades judiciales las medidas precautorias. Mantenerla coordinación con instancias gubernamentales para el seguimiento y cumplimiento de acuerdos y tratados para erradicar la corrupción. Programas de actualización y especialización en materia de prevención y lucha contra la corrupción. Promover colaboración de instituciones públicas y privadas para el desarrollo de la tecnología y el intercambio de información para la prevención de delitos de corrupción”.
Ya está aprobado el Sistema Nacional Anticorrupción y se conocen los entes gubernamentales que lo integran; ya están nombrados los cinco ciudadanos del Comité central, ya está creada la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, falta nombrar al Fiscal. Y esa pelota está en la cancha de los Senadores, quienes se comprometieron a iniciar los trabajos de entrevistas y la deliberación, para elegir en febrero (de manera pública y transparente).
Han pasado 8 días de febrero y México sigue sin Fiscal Anticorrupción. ¿Cuántos más habrán de transcurrir para que los legisladores hagan su trabajo y sostengan su palabra?
