Dos académicos analizan los movimientos sociales y la reacción del Gobierno del Estado que encabeza Francisco Vega de Lamadrid. Coinciden: no entiende el movimiento, no aprovecha la coyuntura, no da soluciones de raíz, hace falta un golpe de timón. Además, señalan que en Baja California no hay contrapesos y el mandatario “hace lo que quiere, el Congreso es una caja de resonancia; la ciudadanía debe ser ese contrapeso”
En los tres años que van del sexenio, el último fin de semana de enero representó la etapa más accidentada para el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, el sexto emanado del Partido Acción Nacional (PAN) que administra Baja California.
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Después de tres semanas del bloqueo a los edificios del Gobierno del Estado, Recaudación de Rentas y del Congreso del Estado; de tres marchas multitudinarias en Mexicali en repudio al gasolinazo federal; la Ley de Aguas del Estado, la instalación de la cervecera estadounidense Constellation Brands en el Valle de Mexicali, el cobro por reemplacamiento, el alza a los impuestos y sobre todo la petición de renuncia al gobernador, ante la presión social, el panista hubo de recular. Abrogó la Ley del Agua, y eliminó el reemplacamiento obligatorio. Pero los bloqueos continuaron.
La tarde del jueves 26 de enero, hubo una álgida reunión del gobernador con productores del Valle por el tema del agua. No llegó a nada, solo sirvió para que el mandatario conociera de frente el reclamo y encono de los agricultores.
Al día siguiente se presentó al 80 Aniversario del Asalto a las Tierras, y ahí, en un demoledor discurso de 12 minutos, el líder local de la Confederación Nacional Campesina, Rigoberto Campos, criticó a “Kiko” y a su gabinete. De ineptos no los bajó.
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Lo peor estaba por llegar cuando, 24 horas después, sin diálogo, sin acuerdo ni estrategia, Vega de Lamadrid y su equipo de funcionarios irrumpieron por la fuerza en el edificio de Gobierno del Estado para, desde ahí, entonces sí, llamar a dialogar. Al momento de su salida, rodeado de escoltas, sin tacto, hubo de enfrentar a los manifestantes. Enojados le gritaron, lo jalaron, lo empujaron y le aventaron un teléfono celular cuando se dirigía a la camioneta que ya le esperaba, la cual fue atacada con recipientes de agua al grito de “Fuera Kiko”, “Eres un rata”, “Mentiroso”, “Cobarde”.
La respuesta oficial llegó la madrugada del lunes 30 de enero, cuando cerca de 500 agentes de la Policía Estatal Preventiva y ministeriales llegaron al Centro Cívico, se formaron con los antimotines al frente y con esa posición de fuerza obligaron al desbloqueo “pacífico” de los accesos a los edificios gubernamentales.
El plantón continuó y las demandas del Grupo Ciudadano de Manifestantes, aún están pendientes.
A espaldas de la sociedad: González
“Nuevamente Baja California se está convirtiendo en el laboratorio de la democracia a nivel nacional”, considera el sociólogo y académico Fernando González. Caracteriza como un “Amanecer Mexicano” al movimiento de participación ciudadana, “es una respuesta a las malas políticas que está gestionando el Gobierno del Estado. Hay una desatención muy fuerte donde no se ve la presencia oportuna del gobierno en los problemas que se están presentado, lo que hace que sea un gobierno reactivo”.
Fernando González
Considera que Vega de Lamadrid limita muchas de sus obligaciones. Cita el Artículo 44 constitucional que asienta que el titular del Ejecutivo del Estado asume el poder por seis años, sin especificar horarios o tiempos, que su responsabilidad es de tiempo completo, “no es un gobernador de oficina, es un gobernador que debe atender y estar abierto a todos los problemas, en todas las horas”.
Refiere que el cambio político de 1989 “se burocratizó… se hizo rutina. No vemos una atención a la sociedad”, reflexiona González sobre la explosión de los movimientos sociales. Además, el politólogo y doctorado en Educación sentencia: en la entidad no existen políticas de Estado.
“Desde hace 25 años, cuando llegó Ernesto Ruffo escuchamos el problema del agua en la Zona Costa. Las políticas de Estado son a largo plazo, no son reactivas, son de planeación. En el periodo de (Vicente) Fox hubo un superávit altísimo, se pudo haber resuelto el problema del agua. Ahora salen con que no tuvieron tiempo, tuvieron que hacer una Ley muy rápida, concesionaban el agua a particulares. En más de 250 municipios del mundo se han revertido esos problemas de la concesión del agua porque han sido un rotundo fracaso”, explica.
En el caso de México, desde 1993 en Aguascalientes se dio la concesión del agua y fue un total fracaso, mismo resultado en cinco entidades de la República Mexicana.
“Esto lo hicieron aquí rápido, a espaldas de la sociedad y la sociedad reacciona, primero porque ya traíamos el descontento por el gasolinazo, pero ese era un reclamo nacional y en lo local había que también ajustar cuentas y les rebotó lo del agua”, refiere el especialista para complementar: “El problema es que tenemos gobiernos que no consultan a la ciudadanía, que no escuchan ni hacen caso, por eso la reacción de la gente. No hay contrapesos, el gobernador hace lo que quiere, el Congreso es una caja de resonancia, por eso es que la ciudadanía tiene que ser el contrapeso al Estado. Cuando las decisiones de gobierno no son bien vistas por la ciudadanía, ésta constitucionalmente tiene el derecho a manifestarse y el gobierno está obligado a escuchar a esta manifestación, pero además, a modificar el rumbo.
Y urgió: “Necesitamos una democracia participativa, por eso este despertar mexicano donde la sociedad empieza a involucrarse, puede lograr hacer un contrapeso importante. La fase siguiente sería la democracia deliberativa, donde es tan fuerte la participación social que logra alterar el rumbo de las políticas públicas”.
Para Fernando González, el siguiente paso sería un referéndum ciudadano para modificar la Ley de Agua y demás legislaciones, además, que la instalación de la cervecera en el Valle puede detenerse.
El académico cita al ex Presidente uruguayo José Mújica: “Quien se dedica a los negocios, que no se meta a la política”, y asegura, Francisco Vega no debe disponer tiempo para sus empresas, pues es gobernador de tiempo completo y critica que éste ni sus funcionarios hayan hecho pública su declaración patrimonial.
“Es un gobernador que no respeta la Ley, que no respeta a la ciudadanía, que no atiende los problemas de la gente, que tiene una visión empresarial de lo que debe hacer el gobierno y no una visión social, publica… no están vinculados con la sociedad, no la escuchan, no perciben el sentir ciudadano; por eso no extraña que la gente, harta ya, tenga que hacer estas manifestaciones”, resume.
No están entendiendo: Benedicto Ruiz
“Veo muy mal al Gobierno del Estado, en general al panismo en el gobierno”, dice Benedicto Ruiz Vargas, politólogo y académico con estudios de Economía en la UABC y la UAM, “lo veo de manera muy confundida, temerosa, no está entendiendo la característica principal del movimiento social, ni a nivel nacional, ni a nivel local”.
Benedicto Ruiz
A su consideración, desde el gobierno no están entendiendo la coyuntura, los detonantes de las manifestaciones, la Ley del Agua, el gasolinazo, que despertaron el repudio. “Ellos intentan hacer creer que hay un objetivo político para desprestigiar al movimiento, pero no le están dando la magnitud, la dimensión que alcanzó. Creo deberían ver que este movimiento tiene una dimensión como nunca en Baja California. Creo que ‘Kiko’ no ha sabido gobernar, tres años ha estado ausente, ha tomado muchas decisiones arbitrarias, la última fue la del agua. No están entendiendo el enojo de la población. Creo que el gobierno está tras la puerta, ‘Kiko’ Vega está presionado. El hecho que se tomen tres semanas las oficinas del Palacio de Gobierno indica que hay un gobierno con problemas, que no sabe proponer y que no tiene una respuesta clara, por esos se ven tantas acciones erráticas, esperando que se desvanezca el movimiento, pero ellos mismos lo están atizando, incrementando el crecimiento del enojo de la población”.
Según el politólogo, los temas sustanciales no han sido resueltos, y esa sensación es la que enoja a las personas, sienten que el gobierno está jugando a confundir. “Ya empezaron una etapa de contraofensiva donde van a tratar de desprestigiar el movimiento sin resolver el asunto. Creo que esa es la parte más peligrosa porque no van a poder hacerlo, el movimiento no se va a desarticular, lo que no entiende el gobierno es que lo que está detrás del movimiento es la coyuntura, las condiciones, las políticas erráticas del gobierno; es lo que alimenta la movilización de las personas”.
En razón del movimiento social, para Benedicto Ruiz es factible detener el proyecto de Constellation Brands, “cuando el movimiento crece y empieza a encadenar demandas, ya no hay matices. El acueducto que hace el gobierno se inscribe en este proceso de privatización del agua. Creo que no va a ser viable ese proyecto”, y amplía:
“Son muchos agravios, y esos agravios llevan a la demanda de que salga el gobernador. Ese era un proceso inevitable, por la forma que ha venido actuando, necesariamente lleva a que pidan la renuncia. Esa es la magnitud del problema”.
Para concluir, el consultado expone que el gobierno debe ofrecer una solución de raíz, por ello no fue suficiente la abrogación de la Ley de Agua, “la gente no queda satisfecha porque no tiene confianza en el gobierno, cree que seguirá actuando de manera turbia y entonces el movimiento se sigue nutriendo, alimentando, esto va a ser hasta que ‘Kiko’, el gobierno del PAN, presente una solución de raíz”, por ejemplo, hacer cambios en el gabinete, integrar una comisión para una Ley de Agua con representantes de la sociedad, pública; que muestre a la sociedad que está entendiendo el mensaje, “que está dispuesto a enmendar sus errores”.
