“Esto no termina” hasta la renuncia de “Kiko”

FOTO: Sergio Haro
 
Edición Impresa y Lunes, 6 Febrero, 2017 12:00 PM

De las peticiones que manifestantes le presentaron durante una mesa de diálogo, el gobernador optó por la más populista: reducirse en un 50 por ciento el salario, pero dejó sin resolver las demandas de fondo. Solo con la amenaza de usar más de 400 policías, Vega pudo presumir un desalojo pacífico de los campamentos en las oficinas de gobierno. No obstante, los manifestantes siguen firmes: o renuncia o seguirán presionando, ahora por la vía legal

El primer punto del pliego petitorio que el Grupo Ciudadano de Manifestantes entregó al gobernador Francisco “Kiko” Vega  de Lamadrid es que deje su cargo. Ya sea por renuncia o por revocación, los ciudadanos exigen que sea separado del puesto público.

De las peticiones expuestas en el documento presentado durante la primera mesa de diálogo, llevada a cabo el miércoles 1 de febrero, el mandatario panista solo se comprometió a resolver la de reducir su salario un 50 por ciento respecto a lo que recibía su antecesor, José Guadalupe Osuna Millán.

Lo hizo sin aclarar si la medida se aplicará también a funcionarios de primer y segundo nivel, como lo pedían los manifestantes.

La rebaja se verá efectiva la quincena que reciba el gobernador a finales de mes, debido a la automatización del pago de nómina.

Durante el encuentro, el panista dejó entrever una actitud revanchista a causa del desencuentro que tuvo con los manifestantes el sábado 28 de enero, cuando intentó abandonar el edificio del Centro Cívico sin ser reconocido.

Los empujones entre los escoltas y el equipo del mandatario con los ciudadanos que ahí se encontraban, dejaron denuncias por un vidrio roto, un radio extraviado y lesiones de contra dos agentes, aseguró el Gobierno del Estado.

De ahí su inflexibilidad para el resto de los temas que conformaban el pliego petitorio, específicamente los referentes a la construcción del acueducto Villahermosa-Mexicali para la cervecera Constellation Brands y la falta de pago a maestros.

 

Por la puerta chica

El sábado 28 de enero, a las 9:30 de la mañana, dos convoyes de camionetas llegaron hasta el edificio del Gobierno del Estado en Mexicali. Así se cumplió el anuncio que el titular del Poder Ejecutivo del Estado había hecho un día antes.

Uno se instaló en una de las entradas principales, el otro en una puerta lateral, la cual se abrió casi instantáneamente cuando arribó una comitiva de funcionarios, entre ellos el gobernador.  Los manifestantes no pudieron reaccionar ni evitar su ingreso, pese a que tenían la mayoría de los accesos bloqueados.

28 de enero, no se concreta el diálogo

Una hora después llegaron secretario y el subsecretario de Gobierno, Francisco Rueda y Francisco Iribe Paniagua, respectivamente, para comunicar a quienes mantenían el bloqueo que Vega de Lamadrid los atendería en ese momento, siempre y cuando liberaran los accesos.

Sin embargo, los ahí presentes pidieron que el encuentro se realizara el lunes 30 de enero a las 2:00 pm, ya que muchos de sus voceros se encontraban en Playas de Rosarito.

Hasta la Sala de Gobernadores, donde se encontraba “Kiko” Vega, ingresaron los medios de comunicación para escuchar un mensaje sobre su interés de mantener el diálogo, pero no se abrió espacio para preguntas y respuestas.

También estuvieron presentes algunos manifestantes, pero no los voceros, quienes dijeron haber sido dejados en un cuarto sin poder salir o entrar.

Cuando el gobernador se retiró, a los voceros les permitieron ingresar a la Sala Gobernadores, donde lo esperarían para hablar con él. Al mismo tiempo, la comitiva de Francisco Vega salía a empujones del lugar, fue ahí cuando chocaron con los manifestantes, quienes ya se encontraban bloqueando todos los accesos.

Una joven del movimiento cayó al suelo supuestamente empujada por los guardias de seguridad, otros más denunciaron golpes por parte de los escoltas. Al final, querían evitar que Vega se retirara del lugar. Fue jaloneado, empujado, impedido para entrar a su camioneta, entre gritos de “ratero” y “cobarde” hasta que finalmente llegó al vehículo. Antes de que el Ejecutivo partiera, uno de los manifestantes golpeó el vidrio de la camioneta, estrellándola, pero sin romperla.

Tampoco a Francisco Rueda le permitían subir a su vehículo, quien tuvo que lanar un derechazo al aire para librarse de los jaloneos y escapar del lugar.

 

La victimización para el desalojo

De manera casi inmediata, el Gobierno del Estado empezó a echar a andar su maquinaria. Filtró fotos de vándalos, rumores de que se trataba de miembros de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), residentes de California o de otras partes del país.

A su vez, enviaron un comunicado de rechazo a la violencia, victimizando al gobernador. A los esfuerzos se unieron el panista Raúl Castañeda Pomposo, presidente del Congreso del Estado, así como funcionarios estatales, colgando el mismo vídeo a sus redes sociales y retomado, principalmente, por medios afines al gobierno de “Kiko” Vega.

De esta forma, el gobierno justificaría el desalojo porque ya no se trataba de un movimiento pacífico, así que el uso de la fuerza estaba permitido. Desde las primeras horas del domingo 29 de enero, las fuerzas estatales comenzaron a ser contactadas.

Se tendrían que concentrar en la Procuraduría General de Justicia y en la Policía Estatal Preventiva, en un operativo para desalojar a los ciudadanos el lunes 30 de enero a la 1:00 am.

FOTO: Sergio Haro.-30 de enero. de madrugada, llegan a desalojar

En la noche, decenas de patrullas y vehículos policiales comenzaron a estacionarse alrededor. A cargo del operativo quedó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa, quien estuvo presente en el lugar, pero en todo momento detrás del contingente. También acudió el subsecretario general de Gobierno, Francisco Iribe Paniagua.

La primera fila estaba compuesta por el equipo antimotines de la Policía Estatal Preventiva, armados con cascos, toletes y escudos, mientras los elementos armados, con escopetas y balas de goma, quedaban después.

Un segundo escuadrón estaba conformado por los elementos de la Policía Ministerial, con chalecos antibalas y cascos.

Hasta el final, se distinguía un tercer grupo. La mayoría vestidos de civiles, pero con el rostro cubierto, aún más dispersos, pero con mejor condición física que los dos primeros grupos. Algunos portaban por lo menos un guante negro.

Fue alrededor de las 2:00 am que Iribe Paniagua, acompañado de una veintena de escoltas y un notario público, se acercó con el primer grupo de manifestantes en la puerta norte del edificio del Poder Ejecutivo.

“Es muy importante para nosotros privilegiar el diálogo. Así se los hemos manifestado, pero sí queremos dejar en claro que lo que requerimos es los edificios para poder prestar los servicios que la población nos está requiriendo, esa es la petición”, afirmó Iribe.

Una de las voceras del movimiento tomó la palabra, señaló que se había acordado el lunes a las 2:00 pm para dialogar. También acusó al gobierno estatal de fingir una obra, ya que el diálogo se había mantenido.

“Somos personas pacíficas, queremos solicitarle la garantía de cada uno de los compañeros una vez que desalojemos el lugar, no abandonamos la lucha, esto no termina, vamos a seguir en la lucha hasta lograr un cambio estructural en la forma de gobierno” expresó otro de los voceros.

Inmediatamente los manifestantes comenzaron a retirarse. Un grupo decidió permanecer en el plantón sin bloquear los accesos a los edificios.

Sin embargo, otro colectivo más radical encabezado por Filiberto Sánchez, en la oficina de Recaudación de Rentas del Estado, decidió no retirarse porque ningún representante de gobierno había acudido a dialogar con ellos.

Alrededor de las 4:00 am, Iribe Paniagua se presentó en el sitio. Después de varios minutos, el grupo decidió retirarse de ahí, pero no de la delegación González Ortega, decisión que el funcionario estatal aceptó.

FOTO: Cristian Torres.- Vestidos de civiles con un guante negro

Al día siguiente, a las 2:00 pm, los manifestantes se presentaron en la explanada del Gobierno del Estado como lo habían acordado. No obstante, el gobernador no se presentó y en su lugar, llegaron dos funcionarios de la Oficina General de Gobierno, quienes propusieron que la mesa de diálogo se realizara el miércoles 1 de febrero a las 5:00 pm.

 

Acciones legales

“Ya tenemos rutas trazadas, estamos en sesión permanente y en contacto a nivel estatal. El movimiento está creciendo. Lo que estamos solicitando, no solo al Ejecutivo, sino también al Congreso, es hacer modificaciones a la figura de revocación de mandato en un reforma”, afirmó Javier Gutiérrez Piceno, uno de los líderes del movimiento.

De la esperada sesión de la mesa de diálogo, los manifestantes abordaron temas que van desde la situación del agua en la entidad, el adeudo a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y por supuesto, la renuncia del gobernador.

Fue el tema del agua el que más desencuentros causó entre ciudadanos y gobierno. En más de una ocasión, “Kiko” señaló que la regulación del agua corresponde a la Comisión Nacional del Agua, por lo que las demandas en este rubro deberán realizarse ante esta dependencia, con la cual acordaron realizar otra mesa técnica.

En el punto final donde pedían la renuncia del mandatario, éste aseguró no es un tema que le correspondiera, al ser facultad del Poder Legislativo.

El evento se pactó para 50 minutos, pero se alargó a casi dos horas debido al número de oradores que participaron para precisar las respuestas del titular del Ejecutivo estatal.

En resumen, el encuentro derivó en un acuerdo para instalar mesas temáticas y el único punto cedido desde la esfera estatal fue la disminución del 50% del salario de Francisco Vega de Lamadrid.

 

Denuncian penalmente al gobernador en Mexicali

Por su parte, el dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en Mexicali, Rigoberto Campos, interpuso una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, el 30 de enero.

El documento indica que se denuncia a quien resulte responsable del desequilibrio ecológico, daños al ambiente y a los recursos naturales, al no existir volumen de agua disponible en el acuífero del Valle de Mexicali para nuevas concesiones, como lo sería el acueducto Villahermosa-Mexicali.

Desde su óptica, antes de autorizar recursos para esta obra valuada en más de 500 millones de pesos, se debió someter a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Al día siguiente, el líder agrícola presentó una segunda denuncia penal ante la Procuraduría General de la Republica (PGR) por daño en propiedad privada ejidal en contra de Francisco Vega de Lamadrid como representante del Poder Ejecutivo del Estado.

También presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el gobernador y contra los secretarios de Gobierno, Francisco Rueda; de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante; y de Fomento Agropecuario, Manuel Valladolid.

El motivo, informó Campos, es la violación al derecho humano de un ambiente sano y equilibrado.

De igual manera, se espera que en próximos días presente un amparo con la intención de detener la obra del acueducto y conocer su expediente completo.

 

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