Si la página electrónica del Gobierno del Estado de Baja California no es imprecisa o miente, el sueldo de su titular, Francisco Vega de Lamadrid, es de 109 mil 999.75 pesos. Es lo que marca hasta la última actualización del 9 de diciembre de 2016. Si cumple lo que prometió el 1 de febrero de 2017, entonces, a partir del mes de marzo, cobrará 54 mil 999.87 pesos y una cantidad similar deberá quedar de remanente.
Ese fue el único compromiso que hizo el Ejecutivo estatal en su primera reunión, el primer día de febrero, con los representantes del movimiento ciudadano que desde el 5 de enero – por casi 30 días- han realizado una serie de manifestaciones masivas y bloqueos de edificios públicos en muestra de su inconformidad y reclamo ante el aumento del precio de las gasolinas, la finalmente revocada Ley de Agua, el cancelado reemplacamiento, los aumentos en pagos de ciertos servicios y la corrupción generalizada.
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Su propuesta, que generaría un acumulado de 549 mil 998 mil pesos con 75 centavos en 2017, se quedó cortísima frente al pliego petitorio ciudadano en el que ciudadanos han solicitado “… promover y apoyar amparo ciudadano para que el Gobierno Federal elimine el impuesto a la gasolina; la renuncia del mandatario estatal; revocación de diputados que votaron a favor de la Ley del Agua; iniciativa que elimine los diputados plurinominales; eliminar el alza del Impuesto Predial; impulsar una tarifa de transporte público justo; regular de manera estricta los permisos a empresas y proyectos de impacto ambiental a través de consulta popular para su autorización; no recortar abasto de medicinas para enfermedades crónicas…”, entre otras más.
Significa nada, incluso solo frente a lo que sería atender la propuesta ciudadana de “reducir a 25 salarios mínimos el sueldo del gobernador y ‘todos’ los funcionarios de primer nivel, así como alcaldes y sus funcionarios de primer nivel”, lo que resultaría en salarios promedio de 57 mil 750 pesos para empleados de gobierno como la procuradora Perla Ibarra, que actualmente cobra 99 mil 999 pesos mensuales; los 79 mil 999 del secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante; o los 87 mil 799 pesos que tiene asignados mensualmente el secretario de Finanzas, Antonio Valladolid; o Loreto Quintero, la oficial mayor, por mencionar algunos.
Ese medio millón de ahorro que propone Vega resulta ridículo frente al presupuesto de 44 mil 946 millones 972 mil 230 pesos que los kikistas se van a gastar este año, no pinta. No es nada siquiera frente a los 14 mil 096 millones que se van a erogar solo en sueldos del gobierno central para pagar una obesa nómina de 11 mil 276 empleados, de los cuales solo 3 mil 114 son de base.
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Significa menos si se recuerda que desde el 1 de enero, el alcalde Gustavo Sánchez, su síndico y regidores se redujeron el sueldo -alcalde pasó de 54 mil a 46 mil pesos-, o si vamos más atrás, que en Tijuana ha habido alcaldes-empresarios que no cobraron su sueldo, como Carlos Bustamante, quien lo donó mensualmente a una organización no gubernamental, pero eso no impidió, por ejemplo, que sus empresas, amigos y/o familiares se beneficiaran de su paso por la administración.
La reducción salarial del gobernador apenas se aprecia como una medida popular, mediática y aparentemente menos abusiva que el aumento que se dio la alcaldesa de Rosarito de 62 mil a 85 mil pesos. Y menos agresiva a los 93 mil pesos que cobra el alcalde de Tijuana Juan Manuel Gastélum y los 86 mil de su homólogo en Ensenada, Antonio Novelo.
Pero es evidente que hace falta mucho más, y el gobernador tiene al frente un amplio campo de acción, para empezar:
Traslucir el uso de recursos, un instituto de transparencia realmente independiente, una contraloría o un Congreso, o un Sistema Estatal Anticorrupción que cancele la costumbre del gobierno de pagar obras y servicios con sobreprecios a empresas a las que cobran entre el 15 y 20 por ciento del importe de esos contratos millonarios, dinero que va a parar a los bolsillos de los funcionarios de primer nivel. Controlar el uso discrecional y político del gasto social.
Dejar de usar los gobiernos como agencias de empleo y pago de trabajo de campañas electorales. Detener la creación de direcciones, unidades y puestos imaginarios para colocar a seguidores, amigos, compañeros de partidos y familiares. Bajarle a los 1.1 mil millones asignados a gastos generales, sobre todo a los 14 mil millones que se gastan en sueldos y servicios personales, una nómina con 3 mil 753 empleados de confianza y 4 mil 409 empleados de relación administrativa, además de los de base. Aumentar la inversión en obra pública. En resumen realizar, pero de verdad, la reingeniería del gobierno que tanto ha prometido.
Y fomentar la participación social que lleva tres años evadiendo pese a estar regulada. Los manifestantes proponen patronatos ciudadanos, los cuales evidentemente no deberían cobrar y ser honorarios, porque se trata de no gastar más.
Total, nada fuera de sus obligaciones o la Ley, todos reclamos hechos y reiterados por los ciudadanos en diversos foros en los primeros 40 días de 2017.
