En un escenario de desunión, el domingo 5 de febrero tuvo lugar en Tijuana la quinta marcha semanal consecutiva contra el gasolinazo, la intervención privada en el manejo del agua potable y otras políticas de gobierno.
El grupo de manifestantes, en su mayoría compuesto por familias tijuanenses, arrancó del Monumento al Libro de Texto Gratuito localizado en el Bulevar Salinas, pero al llegar a la estatua de Cuauhtémoc en Paseo de los Héroes, se dividió.
Ciudadanos Unidos sin Límite, como se hace llamar el conjunto de personas bajo el liderazgo del profesor Juan Ramírez Sánchez, decidió llevar a cabo un mitin político con otras organizaciones para protestar contra medidas económicas del Ayuntamiento de Tijuana, el gobierno de la entidad y la administración del Presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Pero otras organizaciones, adheridas a la llamada Asamblea Popular de Tijuana, siguieron marchando hasta el Centro del Gobierno del Estado, en Paseo Centenario, para formar parte de un mitin y un concierto de bandas musicales locales; confundidos sobre el protocolo a seguir, los manifestantes, que apenas superaron los mil 500, se vieron obligados a decidir a qué grupo seguir.
Si de por sí la asistencia era baja en comparación al histórico 22 de enero, la realización de dos eventos distintos consiguió que el acumulamiento de inconformes fuera considerablemente menor.
Los golpes entre miembros del grupo de Ramírez Sánchez y la Policía derivaron en que Ciudadanos Unidos sin Límite fuera expulsado de la Asamblea Popular de Tijuana, de ahí que se organizaran dos eventos diferentes.
“Del señor (Juan Ramírez) les pido por favor que ya no hablen porque le están dando más fama, es una gente que nos ha avergonzado todos. A mí y al gremio médico nos ha hecho un gran daño: su actitud violenta es absurda, nadie lo aprecia; él es un sujeto que está desquiciado y ya perdió el piso”, dijo a ZETA Enrique Schulz, presidente del Colegio de Médicos de Tijuana.
En la retaguardia del contingente, más de tres decenas de camiones de carga pesada hicieron el recorrido, participando en el mitin llevado a cabo junto a la estatua del emperador azteca, tomaron parte de las actividades con el argumento de que los constantes costos a la gasolina afectan sus ganancias.
La recepción de firmas también fue característica de la movilización. Juan Leal, informó a ZETA que hoy viernes 10 de febrero, alrededor de 35 mil firmas contra el Decreto 57 del gobernador Vega, que concesiona la infraestructura del agua a empresas privadas, serán entregadas al Instituto Estatal Electoral (IEE), con lo que esperan conseguir un referéndum: que la ciudadanía vote en contra de la determinación del mandatario y exigir juicio político contra los diputados que votaron a favor de la Ley del Agua.
Cabe destacar que con las movilizaciones se consiguió dar marcha atrás al primer intento de legislar en materia de agua potable, eliminar la obligación de reemplacar vehículos y que el propio Gobierno Federal retrasara el incremento a los combustibles programado para febrero.
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