Consejeros intentan defraudar al IEE con 2.24 MDP


 
Destacados Viernes, 17 Febrero, 2017 05:34 PM

“Para ahorrarse” una cantidad mayor, consejeros electorales y su personal jurídico, realizaron un proyecto para otorgarle sin razón alguna más de 2 millones de pesos a una ex asesora del instituto electoral quien inició un litigio en 2013, pero que perdió ante tribunales. El conflicto de intereses es un entramado con relaciones de afectos así como vínculos y simpatías partidistas…

Siendo una empleada de confianza y costando a Baja California medio millón de pesos al año, Eloísa Rodríguez Miranda fue despedida en enero del 2013. Desde entonces, la señora identificada con simpatías con el Partido Acción Nacional mantiene un litigio laboral en contra del Instituto Estatal Electoral.

Por ello, Deida Padilla, la secretaria ejecutiva, el presidente del Consejo, Javier Garay Sánchez y los consejeros que integran la “Comisión Especial de Administración” elaboraron, turnaron y analizaron un proyecto de dictamen el lunes 13 de febrero.

El mentado proyecto tenía como fin realizar una ampliación de partidas presupuestales para pagar 2 millones 245 mil 157 pesos con 68 centavos a la ex asesora y así acabar con el juicio laboral.

Es decir, concederle tal cantidad para que se desistiera de demanda por “la reinstalación, basificación, horas extras, seguridad social, bonos electorales, así como salarios caídos”, como describe el proyecto de dictamen 17, redactado por la presidenta de la comisión Helga Casanova López, el consejero, Daniel García y Rodrigo Martínez, así como el secretario técnico Eduardo Gumaro Rosas Ruiz.

Sin embargo, dentro del consejo e informantes de ZETA explicaron que detrás de ese proyecto están involucrados otros personajes, principalmente la consejera Graciela Amezola Canseco, presidenta de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, el coordinador jurídico Óscar Eduardo Rosales Rivera y la “asesora” externa en asuntos laborales, Olivia Castro Mascareño, quienes forman un grupo dentro del instituto electoral.

Esta última, cobró también como “asesora jurídica y representación laboral” de ISESALUD en el Gobierno del Estado por 240 mil pesos anuales en 2016.

Por si fuera poco, Olivia Castro Mascareño fungió como Secretaria fedataria en la Integración del V Consejo Distrital en el proceso electoral 2016 y en donde Eloísa Rodríguez Miranda (la demandante) era la consejera presidenta.

Lo más relevante es que el Instituto devengaría los más de 2.24 millones de pesos para terminar con el litigio laboral, pero éste concluyó desde hace semanas a favor del propio órgano electoral.
En otras palabras, el juez del Tribunal de Arbitraje ya había determinado en contra de Eloísa Rodríguez y posterior se propuso “llegar al acuerdo” millonario. El convenio que se pretendió aprobar incluía la reinstalación de la demandante.

En el proyecto de dictamen ni siquiera se menciona el nombre de la demandante.

La información completa en la edición impresa de ZETA que circula desde este viernes 17.

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