Consejeros intentan defraudar al IEE con 2.24 MDP

FOTO: Sergio Haro / internet
 
Zoom Político Lunes, 20 Febrero, 2017 12:00 PM

“Para ahorrarse” una cantidad mayor, consejeros electorales y su personal jurídico, realizaron un proyecto para otorgarle sin razón alguna más de 2 millones de pesos a una ex asesora del instituto electoral quien inició un litigio en 2013, pero que perdió ante tribunales. El conflicto de intereses es un entramado con relaciones de afectos así como vínculos y simpatías partidistas

Siendo una empleada de confianza y costando a Baja California medio millón de pesos al año, Eloísa Rodríguez Miranda fue despedida en enero del 2013. Desde entonces, la señora identificada con simpatías con el Partido Acción Nacional mantiene un litigio laboral en contra del Instituto Estatal Electoral.

Por ello, Deida Padilla, la secretaria ejecutiva, el presidente del Consejo, Javier Garay Sánchez y los consejeros que integran la “Comisión Especial de Administración” elaboraron, turnaron y analizaron un proyecto de dictamen el lunes 13 de febrero.

El mentado proyecto tenía como fin realizar una ampliación de partidas presupuestales para pagar 2 millones 245 mil 157 pesos con 68 centavos a la ex asesora y así acabar con el juicio laboral.

Es decir, concederle tal cantidad para que se desistiera de demanda por “la reinstalación, basificación, horas extras, seguridad social, bonos electorales, así como salarios caídos”, como describe el proyecto de dictamen 17, redactado por la presidenta de la comisión Helga Casanova López, el consejero, Daniel García y Rodrigo Martínez, así como el secretario técnico Eduardo Gumaro Rosas Ruiz.

Sin embargo, dentro del consejo e informantes de ZETA explicaron que detrás de ese proyecto están involucrados otros personajes, principalmente la consejera Graciela Amezola Canseco, presidenta de la Comisión de Reglamentos y Asuntos Jurídicos, el coordinador jurídico Óscar Eduardo Rosales Rivera y la “asesora” externa en asuntos laborales, Olivia Castro Mascareño, quienes forman un grupo dentro del instituto electoral.

Graciela Amezola Canseco, consejera; Oscar Rosales, jurídico del IEEBC

Esta última, cobró también como “asesora jurídica y representación laboral” de ISESALUD en el Gobierno del Estado por 240 mil pesos anuales en 2016.

 

Por si fuera poco, Olivia Castro Mascareño fungió como Secretaria fedataria en la Integración del V Consejo Distrital en el proceso electoral 2016 y en donde Eloísa Rodríguez Miranda (la demandante) era la consejera presidenta.

Lo más relevante es que el Instituto devengaría los más de 2.24 millones de pesos para terminar con el litigio laboral, pero éste concluyó desde hace semanas a favor del propio órgano electoral.

En otras palabras, el juez del Tribunal de Arbitraje ya había determinado en contra de Eloísa Rodríguez y posterior se propuso “llegar al acuerdo” millonario. El convenio que se pretendió aprobar incluía la reinstalación de la demandante.

En el proyecto de dictamen ni siquiera se menciona el nombre de la demandante.

 

Se les cae

Según las actas, el 9 de febrero, jueves antepasado, la Secretaria Ejecutiva, Deida Padilla Rodríguez (la segunda con mayor autoridad en el instituto electoral después de los consejeros) presentó (SEIEE/075/2017) al Consejero Presidente el “proyecto” de ampliación para pagarle a Eloísa Rodríguez.

Ese mismo día, Javier Garay Sánchez, el consejero presidente turnó a la Comisión Especial de Administración “para su estudio y análisis” la propuesta del convenio y de la ampliación para reinstalar y pagarle a la demandante.

Incluso, de haber perdido el juicio, no se tenía obligación de ley la reinstalación de la ex asesora por tratarse de una empleada de confianza.

El lunes 13 se convocó a los consejeros y representantes de partidos políticos a la sesión de la Comisión Especial de Administración, encabezada por Helga Casanova López y el secretario técnico Eduardo Gumaro Rosas, en donde se presentó el proyecto de dictamen 17 para aprobar una ampliación de partidas presupuestales y así pagar los millones de pesos a Eloísa Rodríguez Miranda.

Sin embargo, en una reunión informal, ese mismo día, representantes de partidos políticos, estando presentes, los del PAN, PRI, PRD, PVEM, PBC, PANAL y PT observaron el sinsentido del proyecto cuestionaron y presionaron para que se echara abajo la ampliación presupuestal.

Al día siguiente, martes 14, el propio coordinador jurídico del IEE, acudió al Tribunal para ser notificado de manera voluntaria. Y ahí confirmaron que la razón estaba de su lado y ni siquiera era necesario llegar a un acuerdo con Eloísa Rodríguez, la asesora despedida en 2013. Salvo indemnizarla constitucionalmente, un aproximado de 175 mil pesos.

 

La abogada

Quien redactó (se desconoce si por instrucción o por voluntad) ese proyecto ventajoso para la ex empleada, fue la abogada Olivia Castro Mascareño quien a finales del año pasado –siendo asesora del gobierno emanado del Partido Acción Nacional– cubrió eventualmente a personal adscrito a la Coordinación Jurídica que encabeza Óscar Rosales.

Al concluir su contrato temporal, el último de diciembre, fue contratada como abogada externa en materia laboral. En todo, caso, la abogada Castro Mascareño lleva un mes y medio asesorando en temas laborales y se estrena con este caso. La licenciada está en subordinación de la Comisión de Asuntos Jurídicos que preside Graciela Amezola.

Eloisa Rodríguez, ex asesora del IEEBC y demandante; Olivia Rodríguez Miranda, asesora del IEEBC

 

Sobre Eloísa Rodríguez se sabe que su último puesto real fue de directora de Participación Ciudadana en el Consejo presidido por Rubén Castro Bojórquez. Fue despedida junto con otros como Eliza Fernández Cisneros, Gabriela Soberanes (hoy consejera), Perla Esquivel Barrón ante la obvia percepción de afinidad al Gobierno del Estado panista.

Se hizo a mediados de la semana una solicitud de entrevista tanto con Deida Padilla, Javier Garay y Helga Casanova o cualquier autoridad relacionada con el tema, sin obtener respuesta.

En el actual Consejo General presidido por Javier Garay Sánchez, el despido de empleados volvió al IEEBC, y el consecuente regreso de ex empleados que tenían cierta tendencia a la ideología panista, es el caso de Eliza Fernández Cisneros, quien demandara su remoción como secretaria particular de la ex Secretara Fedataria y ahora Consejera Graciela Amezola, quien pugnó por su regreso por medio de una jugosa liquidación y reinstalación.

A cambio, Fernández Cisneros se desistiría de una demanda laboral cuyo destino era incierto. Es decir, no es la primera vez.

 

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