A pesar que el director de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Tijuana, Luis Carreiro Galaviz, admitió en una entrevista el lunes 30 de enero que “un porcentaje muy bajo” de los comerciantes ambulantes de la ciudad están regularizados, aun no se tiene un estimado de cuántos de los que se dedican a ese tipo de actividad mercantil cuentan con un permiso.
Aquel día comenzó con el programa de revalidación de permisos para comercio ambulante correspondiente al 2017; inició con las 414 autorizaciones que la municipalidad otorgó para las inmediaciones de la garita de San Ysidro; no obstante, en total hay 16 mil 800 permisos para operar en la ciudad.
El costo oscila entre los mil 317 y los mil 900 pesos, lo que representa un incremento de 216 pesos en relación al año pasado, apuntó el funcionario. “Se les está haciendo una multa y se les está invitando a regularizarse”, explicó.
“Vamos a empezar a levantar un censo en la ciudad”, aseveró, sin embargo, con dos meses en el cargo, Carreiro Galaviz desconoce la dimensión del comercio irregular en Tijuana.
Anunció que a finales de febrero presentará una propuesta de reorganización del ambulantaje, para cumplir con el Reglamento Municipal y prohibir la colocación de puestos en la Zona Centro, la Zona Río, avenidas principales, y cercanos a clínicas y escuelas.
Del primer día de diciembre de 2016 y hasta el lunes 30 de enero, mil 200 ambulantes fueron multados con hasta cinco salarios mínimos por operar en un sitio no permitido.
En marzo de 2016, ZETA documentó cómo el Cabildo aprobó una reforma para que cualquier persona pueda sustituir al titular de un permiso y no un familiar. Representantes del comercio organizado han criticado fuertemente a la autoridad por facilitar el crecimiento del comercio informal, que desde su punto de vista está ganando terreno.
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