La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció la inocencia de las indígenas hñähñú: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes fueron encarceladas injustamente por más de tres años.
Las mujeres -que vendían aguas frescas- fueron acusadas por el secuestro de seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), en marzo de 2006, luego de un frustrado operativo contra la venta de piratería en el tianguis de la comunidad de Santiago Mexquititlán, en el estado de Querétaro.
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Ante ello, la PGR anunció a través de un comunicado, que llevará a cabo un evento de reconocimiento de inocencia y disculpa pública para las indígenas, acto público mediante el cual cumplirá con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), en los juicios 6234/13-17-01-1/1237/13-PL-04;6233/13-17-09-10/1521/13-PL-08-04 y 6235/13-17-05-11/1289/13-PL-02-04.
El acto será presidido por Raúl Cervantes Andrade, titular de la PGR, y contará con la participación de las víctimas, así como de Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en su carácter de representante legal de las mujeres.
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El reconocimiento se llevará a cabo el próximo martes 21 de febrero a las 12:30 horas, en el Museo Nacional de Antropología e Historia, “para reivindicar la identidad de las mujeres indígenas”, dijo la PGR, que también informó que el evento será transmitido en vivo, a través de www.gob.mx/pgr y por el canal de la plataforma YouTube del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
EL CASO DE JACINTA Y DOS INDÍGENAS MÁS
En agosto de 2006, Jacinta Francisco Marcial, junto con otras dos indígenas que vendían aguas frescas en un tianguis de Querétaro, fueron detenidas por supuestamente privar de la libertad a seis agentes de la PGR -que vestían de civil- durante un zafarrancho, que los funcionarios de la Procuraduría sostuvieron con comerciantes informales tres meses antes, luego de que los policías intentaron despojarlos de mercancía, en un operativo para el cual carecían de autorización.
Por esta acusación de secuestro, Jacinta fue sentenciada a pasar 21 años en prisión, con un juicio en el que nunca se presentaron pruebas en su contra y en el que la indígena otomí careció de la asistencia de un intérprete, violándose así distintos ordenamientos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, ya que en el momento del proceso penal Jacinta apenas entendía el español.
Al apelar esta sentencia, la defensa de la vendedora de nieves, madre de seis hijos, demostró que a Jacinta se le atribuyó una declaración fabricada, escrita en español, que ella no pudo haber realizado por su incomprensión de dicha lengua. También se demostró que materialmente es imposible que ella, junto con las otras dos mujeres indígenas, pudieran privar de la libertad a seis agentes.
Por esas razones, un Tribunal Unitario revocó en 2009 la sentencia de 21 años de cárcel y ordenó reponer el proceso en contra de la indígena otomí, ante lo cual la PGR decidió no ejercer nuevas acciones en su contra y Jacinta pudo recuperar la libertad.
En 2016, 10 años después de haber sido encarceladas, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que la PGR debía reparar el daño en este caso, pero las disculpas, reconocimiento de inocencia e indemnización nunca llegó. Hasta hoy.
-Con información de Animal Político y La Jornada.
