La manera en que los diputados de Baja California aprobaron la llamada Ley de Agua –que abre la puerta a entidades privadas en distintas etapas del servicio de agua potable– es “terrorífica”, manifestó César Benjamín Ramírez Arias, legislador juvenil del Tercer Parlamento de la Juventud, organismo que forma parte de la estructura orgánica del Congreso del Estado.
En entrevista para ZOOM POLÍTICO, el joven militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) anotó que el Parlamento se encuentra preparando una respuesta legislativa a lo aprobado por los diputados locales entre el lunes 19 y el martes 20 de diciembre.
“Fue una noche, madrugada y mañana muy oscura para Baja California por la aprobación de esta Ley porque atenta a derechos fundamentales de los bajacalifornianos, no creemos que sea viable que pase esto”, aseveró.
Ya legisladores federales y la propia oposición al interior del Órgano Legislativo Estatal ha manifestado la intención privatizadora de la Ley y han referido amparos y acciones legales para revertirla por no constituir un beneficio para la población bajacaliforniana.
Consideró que el hecho de que el partido que gobierna el Estado tenga mayoría en el Congreso dificulta la capacidad de la oposición de hacer frente a acciones como la aprobación de dicha iniciativa.
Ramírez Arias criticó a la administración del gobernador Francisco Vega de Lamadrid y sus sensibles deudas tanto con el Hospital General de Tijuana como con la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), así como los actos de corrupción de los que el panista y varios de sus funcionarios han sido acusados.
“Es vergonzoso que nuestro gobernador sea exhibido en cadena nacional”, dijo haciendo referencia al reportaje publicado por el periodista Joaquín López-Dóriga en el programa Chapultepec 18 emitido en el principal canal de Televisa.
Recientemente, los 25 miembros del Parlamento aprobaron un dictamen para fortalecer la creación del Sistema Estatal Anticorrupción que comenzará su ruta en el Congreso en 2017.
El documento incluye cinco ejes: la conformación de la Fiscalía Anticorrupción en el Estado, los procedimientos de designación del Fiscal General, el fortalecimiento de valores éticos en los distintos niveles educativos, la creación de comités ciudadanos de vigilancia del presupuesto público y reformas al Tribunal Contencioso Administrativo para transformarlo en un Tribunal de Justicia Administrativa.
Todo lo que se apruebe en el Órgano Legislativo Juvenil es canalizado a la Comisión de Equidad de Género y Juventud del Congreso –que preside la legisladora Patricia Ríos– para que después de hacer un análisis dichas solicitudes e iniciativas sean llevadas al pleno mayor.
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