La disposición de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, tanto en el desalojo de los manifestantes de la planta de Pemex de Playas de Rosarito, como en la custodia de las pipas que abastecieron de combustible las estaciones de servicio, que a la fecha se realiza, va en detrimento de la vigilancia policiaca de la ciudad, admitió el titular de esa dependencia, Marco Antonio Sotomayor Amezcua.
El funcionario refirió que 120 policías tijuanenses participaron en el desalojo de manifestantes del pasado sábado 7 de enero, mientras que 11 unidades están asignadas a cada distrito policiaco, para la protección de las pipas de Petróleos Mexicanos, tarea esta última que continuarán hasta que se logre restablecer el abasto de gasolina al cien por ciento en Tijuana.
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Además de la vigilancia policiaca, otra de las actividades realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública que se paralizó fue la de los alcoholímetros, los cuales no fueron instalados durante el pasado fin de semana, debido a que el Grupo Coordinación Baja California determinó que las patrullas fueran reorientadas de los módulos de revisión para la protección de las pipas.
Sobre este tema, Sotomayor Amezcua anotó que de todos modos “no había necesidad (de instalarlos)”, ya que el desabasto de gasolina durante esos días mermó el tránsito vehicular de forma significativa.
En cuanto al desabasto de gasolina, derivado de la toma de las instalaciones de PEMEX, el funcionario aseguró que no afectó las operaciones de la Policía Municipal, puesto que la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Tijuana acordó con las empresas que distribuyen el combustible para que las patrullas tuvieran prioridad durante el reabastecimiento por tratarse de unidades de atención a emergencias.
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Lo anterior contrasta con lo dicho por el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro, que el martes 10 de enero declaró que la falta de combustible derivó en menor presencia policiaca en las calles, así como en otras áreas del gobierno municipal.
Respecto a los proyectos que en el 2017 se espera concrete la dependencia, el funcionario adelantó que se plantea reiniciar la certificación ante la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA, por sus siglas en inglés), procedimiento que durará alrededor de dos años.
Otro acción prevista para este año es la renovación del parque vehicular de traslado de detenidos, para sustituirlo por unidades de doble cabina; también se proyecta la contratación de más elementos policiacos para atender la ciudad, principalmente los 196 polígonos que la SSPM tiene identificados como de riesgo. Para lograr esos objetivos, se plantea proponer al Cabildo de la ciudad una serie de modificaciones al Presupuesto de Egresos 2017.
