Juzticia
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Las marchas, las manifestaciones y las protestas de los ciudadanos de todo el Estado de Baja California, llevadas a cabo en lo que va del presente mes, con motivo del aumento de la gasolina y la Ley del Agua, entre otros reclamos, se han caracterizado insistentemente en un resentimiento contra los partidos políticos y la advertencia de que ninguno intervenga en el movimiento porque es eminentemente ciudadano.
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Lo que detonó el despertar del bajacaliforniano fue el alza de la gasolina, despertar que inició con una participación generalizada de la población, con intervenciones muy cautelosas de algunos priistas y muchos panistas abiertamente; sin embargo, cuando se incluyó en el reclamo la Ley del Agua emitida por el Congreso local, la gente volteó a ver a estos últimos, entre ellos a la diputada federal Eloísa Talavera, quien olímpicamente dijo que esa ley no era de su competencia.
Lo cierto es que, no obstante las grandes manifestaciones a lo largo del país éstas no han significado nada para el Presidente de la República quien ha reiterado no dar marcha atrás a su decisión, lo que no ocurrió a nivel local ya que, después de la toma del edificio del Poder Legislativo y del Palacio municipal de Mexicali, el gobernador presentó la iniciativa de abrogación de la Ley del Agua y el Legislativo la aprobó por unanimidad.
Lo que ocurrió en Baja California descubre una verdad que todos sabíamos, pero que no se había presentado con tanta crudeza: que los Poderes del Estado no son independientes los unos de los otros, y lo más grave, que la mayoría del Poder Legislativo no nomas no nos representa, sino que es incondicional del Ejecutivo, que tampoco nos representa. El hecho de aprobar la Ley utilizando todas las marrullerías que encontraron para después dar marcha atrás por unanimidad, deja a los diputados del PAN, al de Movimiento Ciudadano y al del PRD con la dignidad y la moral en ceros, menos que veleta, un fraude y entonces ¿quién analiza las iniciativas? ¿Con qué criterios? ¿Quién nos representa? ¿Ellos son los que dicen quiénes son magistrados o no? ¿Ellos son los que votan por el Procurador? ¿Por el presupuesto?
Nuestra situación es grave, la partidocracia no funciona y cuesta demasiado, la política gubernamental se maneja frívolamente con divorcio total del interés ciudadano y con violación flagrante a la Constitución Federal. Los partidos políticos, convertidos en la más grande agencia de empleos en los que, ganadas las elecciones los comités de campaña, cuando menos, se integran a la planta de empleados del electo.
El problema de nuestro sistema es que quien debiera respetar la Constitución no lo hace y así, el artículo 109 fracción III de la Constitución establece que todo servidor público debe actuar con legalidad, honradez, lealtad, IMPARCIALIDAD y eficiencia, y si incumple puede ser sancionado con la destitución y la inhabilitación, disposición que se incumple al llenar de funcionarios y empleados del partido vencedor el Municipio, el Estado o la Federación, situación que enrarece el cumplimiento de la IMPARCIALIAD en la función pues el servicio que se debe prestar a la ciudadanía se cambia por un activismo partidista encaminado a la continuación en el poder de los integrantes del partido.
La partidocracia debe terminar, la sana distancia entre los partidos y el gobierno debe hacerse efectiva, debe suprimirse el financiamiento público a los partidos políticos establecido en la fracción II del artículo 41 de la Constitución Federal, los salarios de los funcionarios deben fijarse en base a los elementos que se toman en cuenta para fijar los salarios mínimos, los gobernantes no deben salirse de lo prometido en sus campañas y en su caso, someterlo a consulta general.
El Licenciado Gerardo Dávila ejerce su profesión en Tijuana, B.C. Correo: lic_g_davila@hotmail.com
