La empresa Protección Integral de BC, S.A. de C.V., contratada desde el gobierno de Carlos Bustamante para el servicio de traslado y custodia de valores, desvió al menos 12 millones de pesos producto de los ingresos recaudados por el municipio durante diciembre de 2016, razón por la que el XXII Ayuntamiento de Tijuana presentó una demanda por peculado
Por los delitos de “peculado impropio, abuso de confianza y lo que resulte”, el gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro denunció a la empresa Protección Integral de B.C., S.A. de C.V., representada por Elías Hernández Altamirano.
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En el documento en poder de ZETA, indica que el área jurídica municipal la presentó el lunes 2 de enero de 2017 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California y quedó asentada bajo el Número Único de Caso 0204-2017-00238.
La denuncia incluye como anexos, los documentos donde consta que esta firma, con Registro Federal de Causantes PIB050811MF4, trabajó para el ayuntamiento de Tijuana en las dos anteriores administraciones, priistas, las cuales le tenían concesionado el servicio de traslado y custodia de valores de 21 puntos de cobro de la Tesorería municipal.
La última actualización del contrato se realizó el 28 de marzo de 2016. Y aunque en una de las cláusulas se estipuló el pago de un seguro por los bienes que le son entregados en custodia, en el convenio no se establecieron las condiciones para el pago de esta garantía, mucho menos sanciones contra la empresa en caso de incumplimiento.
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A lo que sí estaba obligado el proveedor, era a prestar a “El Ayuntamiento los servicios de traslados, custodia y proceso de valores de 10 delegaciones, 2 oficinas de rezagos municipales y las 9 oficinas de caja fuerte ubicadas fuera de Palacio Municipal…”.
La empresa cuyo administrador único es Elías Hernández, se ofreció a proporcionar en forma adicional el servicio “de recolección de estacionómetros de manera gratuita…”.
Pero durante el primer mes del gobierno del panista Gastélum, la empresa recolectó 16 millones 121 mil 831 pesos en los 21 puntos de cobro, de ésos solo depositó 4 millones 058 mil 890 pesos. Lo que resultó en un faltante de 12 millones 062 mil 941 pesos, de acuerdo a lo contabilizado por Tesorería Municipal, pero no los depositó en el banco.
Modus operandi
Desde 2013, Protección Integral de B.C., S.A. de C.V. era la encargada de colectar el dinero ingresado en las 9 delegaciones, Palacio Municipal, Vialidad y Transporte, Canaco Tijuana, Estancia Municipal de Infractores, Control Sanitario, Comandancia Zona Norte, Rezagos Casa Blanca, Bomberos, Plaza Oasis, además de lo recaudado por los estacionómetros.
Para ello, un funcionario municipal entregaba a un representante de la empresa Protección Integral de BC, S.A. de C.V. los valores recaudados en cada uno de los 21 puntos en los que la firma proporcionaba el servicio.
En cada entrega se firmaba un comprobante de servicio estableciendo la cantidad de los valores en tránsito y su destino, el cual se lee claramente: “Para entregar en Banamex, con dirección en Caja Auxiliar SEPSA –empresa que labora para el citado banco y la cual se encarga de realizar los depósitos de reembolso a las cuentas del municipio de Tijuana”.
En el contrato se estableció que tanto la colecta como el depósito del dinero a las cuentas municipales, la proveedora debía realizarlo a diario.
Fue en los primeros días de diciembre de 2016, cuando los administradores del gobierno de Juan Manuel Gastélum Buenrostro hicieron los primeros arqueos y revisar los estados de cuenta registrados en la citada institución bancaria, detectaron que el dinero entregado a Protección Integral de BC no había sido depositado en forma íntegra en las cuentas del Ayuntamiento de Tijuana desde el mes de noviembre de ese mismo año.
En esas condiciones realizaron una revisión contable de meses previos, y se dieron cuenta que el recurso entregado para su traslado por el ayuntamiento, no se depositaba el mismo día, la empresa contratada para el transporte de los recursos, lo difería desde una semana hasta un mes. Aparentemente sin mayores consecuencias.
De acuerdo a la versión dada por el apoderado único de la empresa, Elías Hernández, a los actuales funcionarios municipales, en lugar de llevar el dinero público al banco para que fuera ingresado a las cuentas del Ayuntamiento de Tijuana, Protección Integral de BC, S.A. de C.V. lo guardaba en la bóveda de la empresa.
Empresa evadió por un mes a su cliente
Entonces el XXII Ayuntamiento buscó al apoderado de la empresa, Elías Hernández Altamirano, para que diera una explicación; lo hizo por todos los medios posibles –correo electrónico, entrega de oficios en las oficinas de la firma, vía telefónica y otras aplicaciones de telefonía–, pero no obtuvo respuesta.
Fue hasta mediados de diciembre que el empresario se presentó en las oficinas de Tesorería en Palacio Municipal, entonces se le pidió presentar las fichas de depósito de las cantidades faltantes en las cuentas del municipio y que le habían sido entregadas hasta esa fecha, que entonces sumaban poco más de 9 millones de pesos. Hernández Altamirano dijo no llevarlas, se comprometió a proporcionarlas en un lapso no mayor a 3 días, pero no cumplió.
Las autoridades municipales no tuvieron noticias del apoderado de Protección Integral de BC hasta el 30 de diciembre de 2016, cuando volvió apersonarse en las oficinas de Tesorería, admitiendo que, en efecto, había faltantes al no haberse depositado todas las cantidades de dinero entregado por el municipio.
Sospechosa coartada
Para justificar el desvío del dinero y valores municipales, Elías Hernández dijo a las autoridades municipales que había sido víctima de un robo con violencia el 23 de diciembre de 2016 –ocho días después que le requirieron los 9 millones el dinero o la prueba de los depósitos–, entregándoles en ese momento copia de la denuncia hecha por ese presunto delito, ante la Agencia de Ministerio Público asentada en La Mesa.
Imágenes del supuesto “robo con violencia” contra apoderado de Protección Integral de BC
En la narración de hechos asentados en la querella 0204-2016-27498, Elías Hernández refirió que varios sujetos lo amagaron a él y a su familia en su domicilio ubicado en Módulos de Otay, obligándolo a ir a la bóveda de la empresa instalada en una plaza de Zona Río, para entregarles todo el efectivo ahí resguardado.
De acuerdo a la denuncia de robo, Hernández Altamirano aseguró que la cantidad que le fue despojada ascendía a 9 millones de pesos, aproximadamente, la misma que el 15 de diciembre le había sido reclamada por el municipio.
Sin embargo, para el 30 de diciembre, como la empresa siguió dando el servicio, el faltante en las cuentas del ayuntamiento ascendía ya a 12 millones 062 mil 941 millones de pesos, cantidad que le había sido entregada a la empresa Protección Integral de BC entre el 2 y el 28 de diciembre de 2016 en 44 depósitos, tres millones de pesos más de lo que el imputado aseguraba le había sido despojado con violencia.
Al hacerle esta aclaración a Elías Hernández solo explicó, “ya se hizo el depósito, el problema es con la empresa SEPSA, mañana les deposito la cantidad que resta”, justificando así la cantidad adicional.
Exige Municipio ejercer acción penal
Aunque Protección Integral de BC hiciera la devolución de la cantidad desviada, en el gobierno municipal espera que la autoridad judicial ejerza acción penal persecutoria en contra de quien o quienes resulten responsables, al considerar que existen elementos de tipo penal de peculado, así lo exigió en la denuncia interpuesta ante la PGJE.
Entrevistado al respecto Ricardo Chavarría, tesorero municipal, optó únicamente por confirmar la existencia de la denuncia y señalar que consideraba se habían presentado elementos suficientes para que el caso fuera procesado.
Por el lado de las autoridades de la PGJE indicaron que el caso se encuentra en la etapa de integración.
Aunque de inicio se ha corroborado un deterioro patrimonial de más de 12 millones de pesos, el gobierno municipal efectúa auditorías para determinar posibles desvíos anteriores a la actual administración.
En tanto, de manera emergente el 28 de diciembre de 2016 se suspendió el contrato con Protección Integral de BC y se realizó un convenio provisional con otra empresa de traslado de valores, en tanto se realiza un procedimiento de invitación directa a tres empresas, para suscribir un nuevo acuerdo para la colecta, traslado y depósito en banco de la recaudación municipal de Tijuana.
Apoderado no responde
Durante dos días, ZETA buscó a Elías Hernández para conocer su versión, respecto a la demanda interpuesta en su contra por el XXII Ayuntamiento de Tijuana. Se intentó localizar vía telefónica, en el número asentado en la demanda que él interpuso de robo con violencia, en el cual respondió una mujer que primero se hizo pasar por su secretaria y luego dijo ser la madre de Hernández Altamirano.
En su propia oficina, ubicada en Zona Río, dijeron desconocer su paradero, toda vez que además de Tijuana, la empresa presta el servicio de traslado y custodia de valores en Ensenada, Rosarito, Tecate, San Felipe, Mexicali, San Quintín, así como en La Paz y Los Cabos, en Baja California Sur, por lo que “se podría encontrar en cualquiera de estos puntos”.
Fue hasta el cierre de la edición, la tarde del jueves 5 de enero, cuando otro representante legal de Protección Integral de BC, S.A. de C.V., quien pidió omitir su nombre, se reportó a ZETA para decir que no podía decir mucho sobre el tema porque desconocía la demanda del Ayuntamiento al no haber sido aún notificada al respecto la empresa.
Del faltante reclamado por el Municipio sostuvo que es menor al señalado, “son alrededor de 8 millones de pesos”, expuso.
También negó que lo recaudado se haya desviado, “siempre se depositaba de inmediato, si por el horario no se alcanzaba a hacer el depósito, éste se realizaba al día siguiente”, dijo, sin explicar por qué entonces se habían retenido los 8 millones de pesos que dice le fueron despojados a Elías Hernández, apoderado de la empresa.
Sostuvo que el robo sí fue real y proporcionó algunas fotografías de cuando Elías Hernández fue llevado a saquear la bóveda de la empresa ubicada en Plaza Río y anotó que se entregará una recompensa a quien proporcione información sobre este hecho.
