* “Reconozco que los delitos de alto impacto
y patrimoniales nos agreden y nos vulneran,
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ante este problema complejo, asumimos
desde el ámbito municipal la responsabilidad
que nos toca en ese sentido”: Armando
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Martínez Vega en La Paz.
* “Esto que está sucediendo, claro que nos
preocupa y ocupa, y le vamos a entrar de a
como venga, no vamos a permitir que se
atente contra la seguridad y tranquilidad
de los comundeños”: Francisco Pelayo en
Comondú.
*Lo mejor es que podamos todos unirnos
con esta estrategia coordinada del
Gobierno Federal, estatal y municipal,
donde todos busquemos la forma de vivir
en paz”: Arturo de la Rosa Escalante en
Los Cabos
“Los mataron frente a mi casa, dígame Usted qué debo hacer, denunciar con la Policía, si ellos están más embarrados que ni los mismos malandros que mataron. Yo nomás escuché varios disparos y por supuesto que me asusté, al chofer ni lo tocaron, estaba lleno de sangre pero de lo mismo que le saltó del copiloto. El de atrás todavía estaba vivo y el chofer pedía la ambulancia o la Policía o alguien, estaba muy asustado, y pues ya te imaginarás yo. Llegó una patrulla, pero no la libraron”, fueron las palabras de una de las testigos de la balacera ocurrida en la colonia Arcoíris III, solo que no quiso recurrir a las autoridades por miedo a que los sicarios vuelvan por ella.
El viernes 25 de noviembre alrededor de las dos de la tarde, un par de horas antes que Armando Martínez Vega, alcalde de La Paz rindiera su informe, se tuvo conocimiento que en las calles Magenta y Dorada, de la colonia Arcoíris III, se escucharon detonaciones de arma de fuego. Al verificar el suceso se encontraron a dos personas sin vida a bordo de un taxi del sitio Flecha Roja.
Según el relato de testigos, al oír las detonaciones de arma de fuego se acercaron a las ventanas de sus viviendas, en el lugar solo se encontró a una persona con vida, alterada, quien buscaba rápida atención. En el interior de la unidad, dos personas ya sin signos vitales, uno viajaba en el asiento de copiloto y otro en la parte trasera; murieron con tiros certeros. Cristian Cabrera Rodríguez alias “El Chupacabras”, de 29 años de edad; y Martín Esteban Cervantes Marrufo, de 31, de oficio contador. De acuerdo a la revisión en Plataforma México, ambos contaban con antecedentes penales.
Arturo de la Rosa Escalante, alcalde de Los Cabos aun con policias reprobados, los mantiene con los sueldos mas altos de todas las corporaciones
Sin embargo, eso no detuvo a Martínez Vega a la hora de presentar su Primer Informe de Gobierno, en el cual presumió fuertes inversiones para la corporación policiaca, al destacar una inversión de 12 millones de pesos en capacitaciones a sus elementos, 5.4 millones en equipo y 4.3 millones en salarios, lo que arroja un monto aproximado de más 21.7 millones de pesos. Así los dijo:
“Ejercimos 12 millones de pesos en capacitación profesional policiaca, 5.4 millones de pesos en equipamiento del personal y equipo tecnológico, 4.3 millones en nivelación salarial y certificación; esto ha significado una inversión total de 21.7 millones de pesos, donde nuestra administración aportó 4.4 millones, y la Federación, 17.3 millones de pesos”, manifestó.
No obstante, los elogios por parte de presentes y de propia boca continuaron a favor de la administración, pese a la inoperatividad que presenta la corporación, algunos sectores sin patrullas, algunos otros olvidados sin siquiera hacer rondines.
Uno de los casos que tantas veces ha sido denunciado es en el Pedregal del Cortés, una colonia sin ley, donde “malandros hacen lo que quieren, véngase para acá que si me ven platicando con usted, van a decir que anduve de mitotera y a la hora de la hora me van a hacer daño, siempre ha sido la misma, la Policía ni entra, y todos sabemos, son los mismos de siempre. Roban, golpean y la venden, para qué le doy dirección yo, si los mismos policías se la pasan con ellos”, expresó a ZETA una de las ocupantes de los edificios de la plaza del Pedregal, la zona más golpeada por la delincuencia.
Pese a la falta de atención, el alcalde dijo que se mejoró la vigilancia en las colonias.
“Al inicio de esta administración estaban operando solo 12 patrullas, de inmediato tomamos acciones correctivas, invirtiendo 1.2 millones de pesos en el mantenimiento y recuperación de nueve unidades y comandancias ubicadas en colonias populares”, que la del Pedregal sirve para lo mismo, “para nada”, dijo la vecina.
Pero una vez que tocó el tema de los homicidios en La Paz, donde solo en 2016 se han registrado poco más de 120 homicidios en la capital de Baja California Sur durante la administración de Armando Martínez Vega, el alcalde paceño se unió totalmente al programa “Vivir en Paz”, con el objetivo “de abatir los hechos delictivos que han generado inestabilidad en nuestra sociedad”, es decir, se declaró incompetente ante los hechos de sangre que sobrepasaron su capacidad.
“Reconozco que los delitos de alto impacto y patrimoniales nos agreden y nos vulneran, ante este problema complejo asumimos desde el ámbito municipal la responsabilidad que nos toca en ese sentido, hemos complementado acciones concretas y claras, atendiendo el llamado para conjuntar esfuerzos mediante la conformación del Mando Mixto Policial”, es decir, trabajo de otras corporaciones para atender lo que se dejó de hacer desde el municipio.
Con el afán de buscar alternativas o por lo menos intentar hacer algo, la ciudad tuvo una restructuración, pasando de cinco a tres sectores policiales, “reflejando una reducción en la comisión de hechos de delincuencia común, gracias una gran presencia policial”, pero aumentando los de alto impacto, por lo cual reiteró la incompetencia ante los hechos que siguen vulnerando a los paceños. “Los hechos violentos van a seguir, y lo peor de todo es que ocurren cuando a los sicarios se les da la gana, tienen ganada la sorpresa y tienen donde quieren a las autoridades a la expectativa”, afirmó un miembro del Grupo de Coordinación de Seguridad Pública de La Paz.
Francisco Pelayo Covarrubias, alcalde de Comondu sin mucho que mencionar, los hechos violentos se frenaron desde octubre pasado
“Nos sumamos al trabajo, convencidos que el reto de la Seguridad Pública solo puede enfrentarse con acciones integrales como la campaña ‘Vivir en Paz’. Con una atención integral estamos trabajando por La Paz que queremos, por una ciudad tranquila, por una ciudad segura”, comentó Martínez Vega.
Lamentable realidad en Los Cabos
Su homólogo en Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante, el cual llevó a cabo su Informe de Gobierno un día ante al de la capital -24 de noviembre- y a quien también lo recibieron con seis ejecutados -dos de ellos menores de edad-, se alineó con el Estado frente al programa integral “Vivir en Paz” y al reclamo de cabeños en la puerta municipal, donde lo acusaron de haber “vendido la plaza”. El alcalde justificó que se necesita de estrategias y unión.
“Lo mejor es que podamos todos unirnos con esta estrategia coordinada del Gobierno Federal, estatal y municipal, donde todos busquemos la forma de vivir en paz, todos tenemos mucho que hacer, pero más tenemos que hacer, por eso el llamado es a que nos mantengamos unidos, que sea este problema, esta amenaza que estamos padeciendo, factor de unidad en las y los cabeños”, políticamente aceptó que por mejor pagados que estén los policías municipales, no es suficiente ante la falta de capacidad.
El municipio de Los Cabos ha reflejado lo que La Paz vivió al principio, pero ahora con secretos a voces: la criminalidad está desatada por un líder de plaza de Cabo San Lucas que busca aprovechar la inestabilidad de San José del Cabo, ante la muerte de Guadalupe Acosta López alias “El Javier” en Culiacán, Sinaloa, a mediados de año, lo cual dejó inestable el terreno para su gente, y que han sabido aprovechar los contras.
Apenas el último trimestre en Los Cabos, se acumularon 28 personas ejecutadas, siendo el mes de noviembre el más violento para este municipio, con 19 muertos, entre ellos dos menores de edad de 3 y 13 años; los hechos se registraron la madrugada del 23 de noviembre, en un domicilio de Francisco Fisher y Solidaridad, Colonia El Zacatal en San José del Cabo, pero solo esa madrugada -24 horas antes del Primer Informe de Gobierno del alcalde-, seis personas fueron ejecutadas en un ataque “perfecto”. De las autoridades no se supo nada hasta 45 minutos después.
El alcalde solo reconoció que, pese a la inoperancia de sus policías, todo se debe a lo que pasa en otros sitios del país, justificando así la falta de atención en materia de seguridad pública.
“Lamentablemente el último trimestre de este año, ha sido el mes más violento, no solo en la historia de Los Cabos, sino del país, más muertes en todo México, y lamentablemente Los Cabos es parte de México, y nos han alcanzado estos lamentables hechos, a los que no estábamos acostumbrados y que no nos vamos a acostumbrar”, advirtió.
Lo cierto es que después de la balacera del 23 de noviembre se localizaron dos camionetas blindadas abandonadas, dos de cinco que participaron en el evento. Según especialistas, las unidades cuentan con un blindaje nivel 4, capaz de soportar un atentado con arma corta y larga, al menos replegar un ataque por parte de cuerpos de seguridad.
Pero insistió en que la manera de recuperar la tranquilidad de los cabeños es limpiando la corporación, reconociendo que las fuerzas del orden tienen participaciones con el crimen organizado.
“Desde el momento que estamos depurando a nuestros policías y sacando a los malos elementos, invirtiéndoles y pagándoles mejor que nadie en el Estado y el país, traemos a todos los que están reprobando, los estamos sacando, no nos quedamos con ninguno y estamos por esperar la última evaluación, y todos los que no aprobaron los filtros de control y confianza necesariamente tendrán que abandonar la corporación”, así lo dijo el alcalde.
Dos ejecutados previo al informe de Armando Martinez Vega en La Paz, los hechos siguen presentandose y nadie ha podido detenerlos
Apenas para cerrar el mes de noviembre, el día 29, cuando parecía que las ejecuciones habían tomado una pausa luego de que se calentara la plaza al morir dos menores de edad, en el callejón de Vendaval y la calle Ángela Ceseña de la colonia El Rosarito en San José del Cabo, un hombre fue ejecutado. Según las versiones, sujetos armados ingresaron al domicilio y dispararon hasta en tres ocasiones, solo uno dio en el blanco, suficiente para quitarle la vida a su víctima.
Una vez recabada la información por este Semanario, se constató la muerte de Hassiel Ricardo Arreola Elizondo “El Racing” y/o “El Gordo”, hermano del actual regidor por el Partido Encuentro Social (PES) en Los Cabos, Daniel Antonio Arreola Elizondo; según un informante de investigación en San José del Cabo, “se miraba mucho movimiento en el domicilio, constantemente se miraban personas extrañas que entraban y salían, no era gente de bien, me dijo un vecino, algunos lo vinculan directamente con ‘El Javier’, pero lo que no sabemos es si fue su gente o los contras, que andaba de chapulín, pues”, confió una fuente.
Así como policías, es muy posible que demás funcionarios cercanos a De la Rosa Escalante estén involucrados, y que una vez que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está en la búsqueda del control, todo aquel que tuvo tratos con el Cártel de Sinaloa pueda ir saliendo a relucir a la luz pública, es decir, que el crimen organizado limpie la administración del presidente municipal cabeño y deje sus piezas clave para operar.
Comondú a la expectativa
La ola de violencia que comenzó en su momento álgido en 2014 para Baja California Sur y que cambió la historia, parecía ser única y exclusiva del municipio de La Paz, sin embargo, la inestabilidad de la capital brincó a que grupos antagónicos buscaran el control de las plazas en cada punto del Estado, principalmente los tres municipios al sur de Sudcalifornia.
Pero los delitos de alto impacto se han extendido en poco más de dos años hacia los municipios de Los Cabos y Comondú, presenciándose hechos de sangre, las tierras comundeñas vieron cómo la lucha entre “Los Cheyos” o “Palapas” disputaron la plaza contra miembros de la agrupación de “Los Tomateros” o “Los Cherrys”, como los conocen autoridades, pero también de gente del “Gordo Vega”.
Por ello ha sido necesario implementar acciones coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno, mismos que han ayudado a disminuir en un 50 por ciento otros hechos delictivos, pero que de igual manera solo están a la expectativa de quienes puedan violentar el cese al fuego en cualquier momento.
Francisco Pelayo Covarrubias es quizá el más beneficiado por la guerra que se libra principalmente en Los Cabos y La Paz, es el único que de momento puede afirmar que la violencia ha sido detenida, aunque eso depende de la inestabilidad del terreno, pero lo ha sabido manejar o al menos ha tocado la puerta del Ejército Mexicano a través del 17 Regimiento de Caballería Motorizada.
“Buscando encontrar una estrategia que nos permita regresarle la tranquilidad al Valle, déjenme decirles que de enero a la fecha, con las estrategias conjuntas, hemos tomado y en coordinación total, hemos logrado bajar el robo en todas sus modalidades en un 50 por ciento”, refirió.
Entre las acciones implementadas, destacan operativos de alcoholimetría, que además de reducir los accidentes automovilísticos y el consumo de bebidas embriagantes, han permitido el decomiso de armas de fuego, pero ahí no ha quedado todo: los hechos violentos se redujeron a cero, siendo el mes de noviembre un mes sano, los últimos muertos por el crimen organizado en Comondú se registraron el 31 de octubre, cuando los hermanos Gabriel y Eduardo Morales Rosales fueron ultimados a balazos en el interior de un taller en la Zona Centro de Ciudad Constitución.
“Estamos implementando los alcoholímetros permanentemente como una manera de identificar a la gente que está conduciendo en estado de embriaguez, pero también para identificar armas, son operativos sorpresa, donde estamos buscando que en Comondú no haya armas en las calles”.
En su discurso frente al pueblo comundeño, el alcalde se limitó a hablar de las acciones a ejecutar en el próximo año de gestión, pero no dejó de tocar el tema de los hechos de alto impacto. En cuanto a la inversión en seguridad, habló de una inversión compartida de 13.4 millones de pesos en equipamiento, capacitación y nueve unidades nuevas para el municipio.
“Dificulta la convivencia y afecta las actividades productivas, no es un tema nada mas de Baja California Sur y de Comondú, es un asunto nacional que ha trastocado las fibras más sensibles de nuestra sociedad. Vamos a tener que reforzar nuestra tarea educativa en la familia, como gobierno municipal seguiremos rescatando los espacios públicos, fortaleciendo el alumbrado, la vigilancia. Retiramos de las calles a 250 personas con problemas de adicción”, indicó.
Aunque en este tipo de delitos presenciados en Comondú son nuevos, Francisco Pelayo asegura que tomarán como un reto el tema de la seguridad, por ello “exhorto a todos los actores de nuestra sociedad a trabajar unidos, no nos dejemos robar nuestra tranquilidad. Esto que está sucediendo, claro que nos preocupa y ocupa, y le vamos a entrar de a como venga, no vamos a permitir que se atente contra la seguridad y tranquilidad de los comundeños, vamos a actuar con mucha responsabilidad, siempre en coordinación, siempre buscando que el Valle de Santo Domingo, Comondú y comunidades, sigan siendo el mejor lugar para vivir”, precisó.
A pesar de los trabajos realizados entre las diversas instituciones gubernamentales, las ejecuciones y delitos de alto impacto continúan presenciándose en el Estado, principalmente en La Paz y Los Cabos.
Los tres alcaldes quieren la silla máxima de la entidad, aunque ninguno ha sido ungido por el gobernador del Estado, Carlos Mendoza Davis; los tres se consideran aspirantes serios para buscar la gubernatura en 2018, pero tal y como para el Ejecutivo estatal, el tema de seguridad ha sido su talón de Aquiles y no les ha dejado brillar en su trabajo, algunos señalados por “vender la plaza”, como el funcionario cabeño. Han sido maltratados por los propios ciudadanos por hacerse de la vista gorda.
Lo que no se dijo en el informe de Martínez Vega
Tras llenarse la boca de “informar” a los paceños sobre la inversión en equipamiento a los policías municipales de La Paz, Armando Martínez Vega afirmó que “ejercimos 12 millones de pesos en capacitación profesional policiaca, 5.4 millones de pesos en equipamiento del personal y equipo tecnológico, 4.3 millones en nivelación salarial y certificación, esto ha significado una inversión total 21.7 millones de pesos”.
Fabricio Gonzalez, presidente de COPARMEX BCS, temen que la violencia genere en cobro de piso y extorsiones si se sale de las manos de las autoridades
Los hechos hablan por sí solos. En una solicitud realizada al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAI), este Semanario pudo acceder a la inversión real del Ayuntamiento de La Paz para atender a sus policías, según el número de oficio CM/TAI/1503/2016, fechado el 8 de noviembre de 2016, emitido directamente de Sara María Beltrán Navarro, contralora municipal, dio respuesta a la solicitud de un “informe general detallado sobre la compra de uniformes, equipo táctico, armamento y patrullas de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal con recursos propios del XV Ayuntamiento de La Paz, de octubre de 2015 a la fecha (principios de noviembre de 2016)”.
La respuesta fue contundente por parte de Juan Carlos González Bareño, oficial mayor del Ayuntamiento de La Paz.
“Esta Dirección de Adquisiciones y Servicios Generales, realizó una búsqueda exhaustiva y minuciosa en todos y cada uno de sus archivos, así como expedientes documentales y digitales correspondientes a la compra de uniformes, equipo táctico, armamento y patrullas (…) Al respecto le informo que no se encontró evidencia alguna de las adquisiciones señaladas”.
Es decir, el alcalde justificó que se había invertido en equipamiento, pero en las finanzas no existe ese concepto.
Mientras en Los Cabos, Arturo de la Rosa Escalante expresó textualmente: “Traemos a todos los que están reprobando los estamos sacando, no nos quedamos con ninguno”.
En respuesta, el propio Álvaro de La Peña Angulo, secretario general de Gobierno, reveló que solo en Los Cabos, se ha dado la destitución cuando menos 40 elementos de la Policía Municipal que reprobaron sus Exámenes de Control y Confianza.
“Ya fueron los primeros 40 elementos dados de baja y así seguirán en los municipios siguientes. Es una problemática a nivel nacional, traemos varios años arrastrando este tema dentro del Consejo de Seguridad Pública, la depuración en los cuerpos policiacos, hay un punto que tenemos que hacer, es la depuración, por ello tenemos que hacer una revisión muy detallada”, afirmó el funcionario estatal.
Entre ellos “hay personas que no cubren el perfil, desde lo médico hasta una persona que pudiera tener vínculos con delincuentes”, lo cual deja mal parado al Ayuntamiento, pero lo preocupante es que las cifras no coinciden, entre lo que dice el secretario general, el alcalde y las cifras oficiales en documento con que cuenta la Subsecretaría de Seguridad Pública en Baja California Sur.
Acorde a cifras de la institución, en lo que va de 2016, 207 elementos de la Municipal de Los Cabos presentaron sus Exámenes de Control y Confianza; 117 aprobaron los mismos, mientras que 90 reprobaron. Según lo dicho por Álvaro de la Peña, 40 ya abandonaron la corporación, pero quedan 50 reprobados que siguen dentro.
A pregunta expresa de cuántos elementos reprobados permanecen en la corporación, el secretario respondió: “No nos quedamos con ninguno”, lo cual falta a la verdad en documento.
En tanto en Comondú, los hechos violentos cesaron de momento, ante una violencia que desplegó la fuerza con 14 ejecutados hasta octubre, según registros recabados por ZETA; sin embargo, la guerra por el control de la plaza continúa fuerte en Los Cabos, le siguen La Paz y Comondú, en una guerra por parte de CJNG contra células del Cártel de Sinaloa.
Encuestas opacan los esfuerzos
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2016 (ENVE), que comprende los principales delitos y pérdidas a las que está expuesto el sector económico empresarial del país. La muestra fue de 33 mil 866 empresas de México, en un periodo del 15 de febrero al 30 de abril de 2016.
A nivel local se obtuvo como resultado que en 2013, 3 mil 374 empresas fueron víctimas del delito, mientras que para 2015 se contabilizaron 3 mil 305, es decir, 69 menos.
En Baja California Sur, los delitos más frecuentes -de acuerdo a Fabricio González, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX)- son “el robo hormiga en los negocios al público, la sustracción de efectivo por parte de empleados que manejan el mismo, vandalismo… yo te diría que son los tres más importantes”.
De acuerdo a los costos, promediando el delito por unidad económica a consecuencia del gasto en medidas de protección y de las pérdidas a causa del delito, durante 2015 ascendió a 57 mil 779 pesos. Mientras en Baja California Sur el costo llegó de 51 mil 29 pesos hasta los 50 mil 320.
El presidente de la COPARMEX en el Estado comentó que es imprescindible que los egresados de las instituciones educativas cuenten con oportunidades de empleo para desarrollarse, pero que también existan empleos mejores pagados. Además de un incremento del salario mínimo, por ello la COPARMEX ha solicitado se incremente hasta un 23 por ciento y con ello mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
En la ENVE 2016, la percepción de inseguridad en el Estado ha crecido desde 2014 con un 35.9% de inseguridad, a una percepción del 43% en 2016, incluso se puede decir que ocho negocios de Carnitas Don Abraham -cinco en La Paz y tres en Los Cabos- fueron quemados, los dueños desistieron de la denuncia; además, tres negocios (un gimnasio, una nevería y una cafetería) fueron vandalizados al quebrarles los cristales.
Pero uno más, que por obvias razones pidieron anonimato, fue saqueado.
“Se metieron y se robaron mercancía tonta, teniendo cosas de más valor, teniendo equipos electrónicos que valen la pena, se llevaron algo irrisorio, que puede ser, yo lo veo como un mensaje, ya ves los otros que les quebraron los vidrios, qué podemos esperar si ya dejaron entrar a los criminales”, indicó el entrevistado.
Ante estos hechos, la COPARMEX proclamó:
“Nos preocupa mucho que este tipo de delincuencia que se está dando, o de homicidios, degenere en un tema de extorsión o de derecho de piso, acabamos de pasar por algunos eventos de algunos negocios donde fueron quemados”, finalizó González.
