Ahí donde se dirimen los conflictos laborales, las Juntas de Conciliación han sido el patito feo de la justicia. Abandonadas y ausentes de recursos, su funcionamiento ha dejado mucho que desear -rezago, letargo, huelgas y contratos simulados-, y en ese marco, desde la esfera presidencial las eliminan y pasan la justicia laboral al Poder Judicial; aunque la decisión resulta controvertida
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El viernes 4 de noviembre, el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas a la Constitución Política de México donde eliminan las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y trasfieren la justicia laboral a la esfera del Poder Judicial, federal o estatal.
“Hoy en día las bondades con las que fue diseñado el sistema de justicia laboral en México se han agotado”, se asienta en el documento de 53 páginas que desde mediados de octubre de 2016, había sido aprobado por el Senado de la República.
La propuesta incluye la creación de un organismo público descentralizado que se encargará de la función conciliatoria -a través de los Centros de Conciliación- y la reconformación de las funciones del registro de sindicatos y contratos colectivos, además de la adopción de medidas “para garantizar la libertad de negociación colectiva y la expresión libre y secreta de la voluntad de los trabajadores para la elección de sus dirigentes”.
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En esencia se trata de la segunda fase de la reforma estructural que inició con la reforma a la Ley Federal del Trabajo en diciembre de 2012.
Destaca en el documento el análisis que se hace del funcionamiento de las Juntas de Conciliación en todo el país, donde se incluye la simulación, la corrupción y el alto número detectado de “procedimientos laborales que carecen de sustento en la realidad” -declaraciones falsas, ofrecimiento de pruebas falsas y fraude procesal-, la simulación en los emplazamientos a huelgas, el retraso en las notificaciones y la existencia de los contratos de protección, entre una larga lista.
No es correcto: Solorio
“Es transferir al Poder Judicial federal y estatal las Juntas de Conciliación y Arbitraje que desde la década de los 30 del siglo pasado han estado en la esfera del Ejecutivo”, resume el abogado constitucionalista y académico en la Facultad de Derecho de la UABC en Mexicali, Daniel Solorio Ramírez, quien no está de acuerdo con el cambio.
Considera que las Juntas de Conciliación y Arbitraje son tribunales muy bien diseñados, que el problema ha sido que rara vez han funcionado bien. “Era como un sistema de justicia popular”.
Luis Alonso Vargas, reforma cuestionada
En el caso de los Juzgados –civil o penal- cuenta con un juez nombrado por el Poder Judicial, pero las Juntas de Conciliación han sido Juzgados laborales de integración tripartita, con un presidente que representa al Estado, un representante patronal y un representante obrero.
“La hipótesis de los creadores de las Juntas de Conciliación fue que en un debate serio, con vista en un expediente, se ponen de acuerdo los tres para poder emitir un laudo, un resolutivo. En los hechos reales rara vez funcionó”, destaca Solorio.
Esto en función que los sindicatos obreros tienen representantes a los que les pagan un salario mínimo y les piden que vayan a firmar una vez a la semana. “En los hechos fue un gran fraude la integración de las Juntas de Conciliación y Arbitraje. El problema es que para resolver este fraude no están haciendo lo debido. Lo que hacen es sacarlas del Poder Ejecutivo y pasarlas al Poder Judicial, desaparece esta integración y pasan a ser Juzgados laborales, integrados por un solo juez”.
Solorio Ramírez insiste en que el cambio no es el correcto y acepta que algunos abogados laboristas creen que es un buen camino, bajo el argumento que las Juntas nunca han funcionado y que en los hechos han sido Juzgados laborales.
“Hay una idea bastante generalizada entre los abogados, bajo la cual el Poder Judicial es más serio en materia de aplicación de la Ley que las Juntas de Conciliación y Arbitraje. Para mí es una hipótesis no comprobada”, asegura el reconocido académico.
Si se tratara de hacer lo correcto en el terreno del derecho laboral habría que integrar bien las Juntas, con profesionales serios y que sea un tribunal de verdad con tres funcionarios aptos que realmente representen a los trabajadores “y se dediquen a lo suyo”.
Solorio considera que el Derecho del Trabajo es sumamente político -no como el civil o el mercantil-, dado que siempre se están discutiendo cosas que tienen que ver con la situación económica del país, con las presiones entre los sectores obrero y patronal, con los aumentos de salarios, con el sindicalismo, con las huelgas.
“Poner un derecho político en manos de técnicos, para mí no sirve. Es un tribunal político que tiene el deber de sujetarse al derecho, pero un tribunal con la visión del patrón, con la visión de los trabajadores y con la visión imparcial del Estado. Eso es lo que se tenía que echar a andar”, sostiene el académico, para además exponer que las Juntas se pusieron en la esfera del Ejecutivo con la idea que el jefe de Estado tuviera influencia sobre el Sistema de Justicia, y pone el ejemplo del ex Presidente Lázaro Cárdenas, quien al asumir el cargo entre sus primeras decisiones removió a todo el personal de las Juntas de Conciliación y puso a gente de su confianza, identificados con el sector obrero. Pero eso fue hace casi 100 años.
Junta de conciliacion en Mexicali
Sobre la llamada tranquilidad laboral, Solorio Ramírez asume: “No es más que el producto de esta política de represión a los trabajadores, se va Kiko Vega al Oriente, a Europa a buscar inversionistas”, dice en relación a la promoción económica donde se incluye la docilidad de los trabajadores y la ausencia de movimientos de huelga como parte del incentivo para inversionistas.
Igual ha sido la política gubernamental a nivel federal, donde se ha tratado de evitar a toda costa la formación de sindicatos independientes.
“La reforma estructural en materia laboral comprende varias etapas, la primera fue despojar a los trabajadores de sus derechos laborales. Es una reforma de carácter fascista que despojó a los trabajadores de muchos derechos que tenían, básicamente el derecho a la estabilidad en el empleo”, sintetiza.
A deber
“Creo que tanto las Juntas locales como las federales, a pesar de tener toda una historia en parte del proceso económico de nuestro país, le hemos quedado a deber a los trabajadores y a los patrones para poder impartir justicia pronta y expedita”, comenta la titular de la Secretaría del Trabajo en la entidad, Juana Laura Pérez Floriano.
La funcionaria refiere cómo la iniciativa reconoce que gran parte de los juicios que se están llevando terminan en un Colegiado, lo que significa que se interpongan amparos directos o indirectos. “Los laudos no le están dando la certeza jurídica que requieren las partes”, argumenta, pero aclara que en el caso de Baja California no representa la imagen de lo que está sucediendo en las Juntas federales de Conciliación y Arbitraje o en las Juntas locales de varias entidades federativas.
“Nosotros estamos en otra posibilidad, sobre todo en materia de conciliación”, asegura la abogada y pone el ejemplo de Ensenada, donde hay cero rezagos, y lo remarca en comparación a otras ciudades donde los laudos pueden tardar tres, cinco y hasta siete años. Refiere el ejemplo del puerto, dado que ahí se inauguró la primera Sala de Juicios Orales en la entidad –la segunda a nivel nacional- con la idea de abatir el rezago que había en esa ciudad.
Juanita Perez Floriano, Secretaria del Trabajo
Comenta que cada plaza es distinta y tiene que ver con la dinámica económica de cada ciudad. Refiere el caso de Tijuana, donde las demandas que llegan a laudo son cerca del 10 por ciento -el resto logran conciliar- y, en Mexicali, acepta que los litigios son más lentos debido a que “las partes son más reacias a la conciliación”.
En cuanto a la iniciativa donde se incluye una larga lista de fallas en cuanto al funcionamiento de las Juntas de Conciliación, la titular del Trabajo en Baja California asume: “Siempre hemos reconocido que en nuestras Juntas tenemos falta de personal”, y que el personal a su cargo ha invertido muchas horas a la capacitación con la idea de profesionalizar el trabajo.
En contraparte menciona casos en el sureste de la República, donde ha trascendido cómo se han inventado juicios laborales que han devenido en el despojo de hoteles, condominios y otros inmuebles a empresarios de aquella zona. Menciona como un elemento positivo que al emitirse la convocatoria para los puestos en los tribunales laborales, entraran las personas que tengan la capacidad y la experiencia, ahí será la oportunidad para el actual personal de las Juntas, aunque acepta, la reforma contempla que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de las Juntas.
Pérez Floriano resume que la reforma es un avance y que con ésta los sindicatos tendrán el reto de afianzar su representación al interior de las empresas y, en cuanto a contratos colectivos, seguramente beneficiará a los trabajadores y comprometerá a los patrones.
Destruye derechos
“Esta reforma constitucional destruye, liquida de plano los derechos de los trabajadores desde el punto de vista individual y colectivo”, expone por su parte el abogado laboralista Luis Alfonso Vargas, y agrega, el antecedente tiene que ver con la reforma a la Ley Federal del Trabajo aprobada en diciembre de 2012.
Las reformas a la Ley establecieron nuevas formas de contratación laboral -contratos a prueba, de capacitación inicial y legalizaron el outsourcing-, entre otras cosas. Otro rubro fue la acotación a los salarios caídos a solo un año.
Explica que la reforma modifica esencialmente los artículos 123 y el 107 constitucional, al desaparecer las Juntas y crear los tribunales laborales y el Apartado A.
En el caso del Tribunal de Arbitraje queda sin modificación, dado que hasta el momento la reforma solo incluye al Apartado de la Constitución -que tiene que ver con los trabajadores en general- y no el B, es decir, la parte relativa a la burocracia.
“La desventaja es que los tribunales van a dictar sentencias y resoluciones observando principios de legalidad, imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. En la Constitución vigente el Estado tiene la obligación de titular los derechos de los trabajadores y propiciar la justicia social”, ejemplifica.
Daniel Solorio, abogado
Como ejemplo menciona que si uno demanda como trabajador no está completa, la autoridad, la Junta, debe subsanar de oficio. Y si los hechos no están claros, la Junta tiene la obligación de aclararlos -suplencia de la deficiencia, es el término legal-, pero ese principio desaparece con la reforma porque ahora esos tribunales laborales resolverán conforme a un principio de estricto derecho.
Otro principio -derivado del anterior-, llamado de interpretación más favorable de la Ley al trabajador, también desaparece.
Cita el ejemplo de una demanda presentada ante la Junta a mediados de octubre por una trabajadora despedida y, aunque la Lay marca que la primera audiencia debe efectuarse a más tardar en diez días hábiles, a ella la programaron hasta el 8 de diciembre.
El abogado calcula que en caso de no diferirse las audiencias, un juicio laboral puede obtener un laudo en un plazo de un año, pero si interpone amparo, la resolución definitiva dura hasta dos años.
En el caso del registro de los sindicatos, advierte que la situación “va a empeorar”, pues lo relacionado con el registro de sindicatos y el depósito de los contratos colectivos, pasará del ámbito federal y van a constituir un organismo público descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, va a ser la autoridad competente.
— ¿Es confuso para los trabajadores?
“Se trata de modificar sustancialmente la naturaleza del derecho del trabajo y el procedimiento laboral, antes el objetivo de éste era tutelar el derecho de los trabajadores”.
— Se habla de que las juntas están viciadas, con procesos largos, los sindicatos independientes son bloqueados, cargadas al lado del patrón…
“Todo eso es cierto, nada más que van a lavar los pañales de ese niño que está todo zurrado y van a echar por el caño al niño, en vez de los pañales…” dice Vargas y advierte: “Van a destruir de plano lo que queda de los derechos de los trabajadores…”.
