El ex gobenador de Chihuahua, César Horacio Duarte Jáquez -que gobernó la entidad del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre de 2016-, es acusado por su sucesor, el actual mandatario Javier Corral Jurado, de crear empresas “fantasma” a las que se les entregaron millones de pesos por adjudicación directa, así como de desviar, de forma ilegal, al menos 100 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional (PRI), del cual es militante, entre otras irregularidades.
La herencia del ex gobernador a la nueva administración de Chihuahua son “finanzas en bancarrota”, un “desastre” administrativo y un déficit de 7 mil 207 millones de pesos, denunció el actual gobernador. Por ello, dijo, han solicitado un apoyo federal extraordinario de al menos 2 mil millones de pesos, sólo para cubrir los gastos de 2016, dijo.
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El gobierno de Duarte ha sido señalado también por delitos de peculado, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, uso indebido de funciones y facultades, así como de ejercicio abusivo de funciones, y el ex gobernador ha sido mencionado como uno de los exmandatarios auditados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A principios de mes, Corral aseguró que “se han consolidado” las acusaciones de enriquecimiento en contra de Duarte y, con elementos a la mano, la Procuraduría General de la República (PGR), ya podría girar orden de aprehensión en contra de el ex gobernador por el uso no aclarado de 64 millones de pesos para asociarse al Banco Progreso, del que es accionista, acusación que está en su contra desde el 2014.
Rocío Stefany Olmos Loya, secretaria de la Función Pública estatal, aseguró a medios locales, que, durante la gestión de César Duarte, la Secretaría de Hacienda estatal retuvo, de manera ilegal, al menos 5 por ciento del salario de 800 jefes de departamento, mandos medios y superiores, con el fin de entregárselo al PRI.
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Además, la funcionaria estatal apuntó, que la actual administración ha detectado que durante la gestión del priista, unos 500 “aviadores” cobraban sin realizar ninguna labor, pero que renunciaron entre la elección del 5 de junio y la toma de posesión del actual gobernador, miembro del Partido Acción Nacional (PAN).
Olmos Loya aseguró que estos “aviadores” no fueron identificados por los que sí laboraban en las áreas a los que presuntamente fueron adscritos, ni tampoco fue posible saber qué funciones realizaban, además de que no hay registro de su asistencia, y no aparecen en comunicaciones oficiales.
Por otra parte, la titular la SFP local, junto el coordinador de Gabinete, Gustavo Madero Múñoz, revelaron que durante el gobierno de Duarte se crearon empresas “fantasma” para depositar millones de pesos a proveedores por adjudicación directa, por lo que ya preparan el caso para presentarlo ante la Fiscalía General del Estado.
“El 60 por ciento de las licitaciones se hicieron burlando la Ley de Adquisiciones y Obra Pública […] se hacían adjudicaciones directas en tres o más montos para poder burlar la ley, esto llegó a representar más del 60 por ciento de toda la obra pública que se asignó de manera directa, a los cuates y amigos, a un puñado de proveedores contratistas y esto lo conocía todo el mundo”, dijo Madero.
El diputado federal con licencia agregó en entrevista radiofónica con la periodista Denise Maerker, el pasado viernes, que “se creaban empresas fantasmas ex profeso para esto, que no existían antes, que existían después y muchas veces los bienes ni se entregaron”.
Según el diario Reforma, en una sola dependencia hubo pagos por más de 500 millones de pesos con este modus operandi.
Hace dos años, César Duarte, de 54 años de edad, fue acusado por Corral de adquirir el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso de Chihuahua, con un pago de 65 millones de pesos y de beneficiarse con depósitos millonarios de las arcas estatales. Además, señaló el hoy mandatario, que el patrimonio millonario del priista no correspondía a sus ingresos como gobernador, de 120 mil pesos mensuales.
Ante ello, Madero denunció que existe un freno político por parte de la administración federal encabezada por Enrique Peña Nieto, ya que el caso “no presenta avances”, contrario a los procesos contra los ex mandatarios de Veracruz y de Sonora Javier Duarte de Ochoa y Guillermo Padrés Elías.
“No ha habido nada, está detenida. Pareciera que existe un freno político. Hay cero avance. Pareciera que existe ese criterio de dosificación de una justicia selectiva, atendiendo a intereses políticos más que de combatir la impunidad y la corrupción”, señaló el ex dirigente nacional del PAN.
Esto lo aseveró también Jaime García Chávez, abogado y activista y quien demandó a Duarte desde hace 25 meses en la PGR, instancia que “ha sido omisa”, dijo y, ahora, incluso quiere cobrarles 300 mil pesos por hacer un peritaje sobre el patrimonio del ex mandatario.
En entrevista con el diario digital Sin Embargo, también dice que los ciudadanos recelan del nuevo titular de la PGR, el también priista Raúl Cervantes Andrade, quien además es amigo cercano, “camarada”, del ex Gobernador.
36 PROPIEDADES DE MÁS DE 100 MDP
En otras irregularidades, el pasado 24 de octubre pasado, el noticiario 10 En Punto, de la cadena Televisa, documentó que el exgobernador de Chihuahua utilizó helicópteros del gobierno estatal para visitar El Saucito, un rancho de su familia, ubicado en el municipio de Balleza, que colinda con Durango.
La titular del noticiero, la misma Maerker, explicó que los viajes en helicóptero hacia el rancho del entonces gobernador de Chihuahua “eran tan frecuentes”, que Duarte mandó a construir un helipuerto en El Saucito y que incluso se habilitó una camino de terracería como una pista de aterrizaje, la cual opera sin permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Trnasportes (SCT).
La misma Televisa documentó que los terrenos del rancho, que Duarte compró a su primo siendo gobernador, están equipados por casas que suman 1600 metros cuadrados, un estanque de 200, una laguna, caballerizas para los pura sangre y los cuarto de milla.
Duarte no ha hecho público su patrimonio, señaló la televisora, que “buceando” por registros públicos aparecen hasta 36 propiedades a su nombre, que juntas suman 8 mil hectáreas y un valor aproximado de 100 millones de pesos.
“NO TENGO POR QUÉ HUIR”: DUARTE
A finales de octubre pasado, Duarte dijo en entrevista con Milenio TV que las acusaciones en su contra tienen una “motivación meramente política y electoral”, por lo que se manifestó “tranquilo y listo” para responder a los señalamientos.
“Estoy muy tranquilo”, comentó, y añadió que “de ninguna manera” tiene pensado huir. “No tengo por qué”, aseveró. “No tengo ninguna responsabilidad ni problema que se me pueda fincar, ningún cargo ni duda”, dijo Duarte.
El ex gobernador añadió que ha estado en Chihuahua y en la Ciudad de México “atendiendo su salud”, luego de que en 2015 sufrió un accidente a bordo de un helicóptero.
POSTURAS POLÍTICAS SOBRE EL CASO DE DUARTE EN CHIHUAHUA
La semana pasada, Armando Ríos Piter, integrante de la Comisión Anticorrupción del Senado de la República, demandó colaboración y coordinación de parte de las instancias federales para fortalecer la investigación estatal y evitar los errores que permitieron al Gobernador veracruzano con licencia, Duarte de Ochoa, ser hoy un prófugo de la justicia.
“El Estado mexicano debe estar atento al desenvolvimiento de estos hechos, y el Estado debe empezar a implementar elementos no mediatizados, no publicitados, no para hacer una campaña en favor de una supuesta intención de ir contra la corrupción, como ha ocurrido en el caso de Veracruz, sino que se dispongan y empleen todos los elementos para verdaderamente evitar que la pifia que ha ocurrido en Veracruz se repita en otras entidades”, señaló entrevistado por el diario Reforma.
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, prometió que las instancias internas de dicho instituto político darán atención “inmediata y lo más pronto posible” a los procesos abiertos contra Duarte de Chihuahua.
“La Comisión Nacional de Justicia Partidaria continuará analizando los casos que tiene por atracción desde los estados de la República, incluyendo los casos de Quintana Roo y de Chihuahua […] Absolutamente, se tiene que actuar sin burocratismos, de manera inmediata y lo más pronto posible”, afirmó en una entrevista con Expansión.
En otra con Televisa, dijo que los casos de corrupción que implican a los gobernadores tiene que “hacerse justicia”.
“Exigimos que las autoridades continúen las investigaciones y se cumplan las órdenes de aprehensión; que se incauten los bienes y se regrese el dinero que se robaron [los gobernadores, entre ellos César Duarte]”, afirmó Ochoa Reza.
Al respecto, el presidente del PRI estatal, Guillermo Dowell Delgado, indicó que el gobierno de Corral “contribuye al ambiente de crispación y enfrentamiento social”, a las “campañas de odio” entre los chihuahuenses, manejando al gobierno como si fuera un apéndice del PAN.
“Puesto que de manera irresponsable trata de manipular con información a través de los medios de comunicación a la sociedad chihuahuense, con expresiones vagas, sin presentar ninguna prueba de lo que han señalado”, dijo Dowell.
Además, dijo, si las auditorías están en proceso, esto debe de mantenerse como información reservada, ya que así lo señala la Ley de Transparencia estatal: “De los señalamientos que han hecho estos funcionarios públicos, hasta ahora, no han presentado ninguna prueba, no citan un solo caso en concreto”.
“Convocar a los medios de comunicación, para hacer señalamientos en contra del gobierno anterior sin presentar ninguna prueba es hacer una cortina de humo, ante la incapacidad que tiene el actual Gobierno [de Javier Corral] en materia de seguridad”, refutó Dowell.
