Durante ocho días una mujer de 45 años de edad permaneció secuestrada por cuatro hombres que dijeron pertenecer a una célula que se desprende de la alianza del Cártel Jalisco Nuevo Generación (CJNG) con el Cártel Arellano Félix.
El secuestro fue realizado para presionar a una mujer identificada como Berenice, hermana de la víctima, para que pagara a la organización criminal el dinero que le había sido decomisado por agentes federales en Estados Unidos cuando se dirigía a México.
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Sus captores Víctor Daniel García Cázares y a Luis Ángel Ramos Cázares, ambos ex militares, fueron detenidos y presentados ante el juez Daniel Aguilar Patiño el jueves 27 de octubre.
Según los hechos expuestos por la Fiscalía, el miércoles 12 de octubre, la víctima se encontraba frente a la vivienda de su madre en la colonia Loma Dorada de Tijuana, a bordo de su vehículo y acompañada de su sobrino de seis años, cuando un vehículo tipo sedán blanco le cerró el paso al frente.
De acuerdo con la entrevista que la PGJE realizó a la mujer una vez que fue liberada, tres hombres descendieron del vehículo, uno de ellos, con un arma de fuego y le ordenaron que bajara del automóvil.
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En el trayecto, uno de los hombres le dijo “mi problema no es contigo, es con tu hermana, tiene una deuda con nosotros y como no nos quiere pagar, la única manera de presionarla es llevándonos a un familiar, si no hubieras sido tú, hubiera sido tu hermana”.
Ese día hubo un reporte de secuestro atendido sin éxito por uniformados. Sin embargo, el 18 de octubre, los agentes que trabajaban en el caso, recibieron una llamada telefónica de una mujer “Berenice” para informarles del secuestro de su hermana.
Ella reconoció haber trabajado con los secuestradores de su hermana, pero explicó que cuatro meses atrás se había convertido en informante para el gobierno estadounidense después de ser arrestada, por lo que no podía proporcionar mayores detalles sobre los delincuentes ni la cantidad de dinero que le había sido decomisado.
Los agentes a cargo del caso, explicó la Fiscalía, corroboraron la información con la madre de la secuestrada, quien reconoció no saber de su hija Berenice desde hace tres meses y haber recibido varias llamadas de teléfono, horas después del secuestro, para informarle que su hija había sido secuestrada para que Berenice pagara la deuda.
“Tenían a su hija y para entregarla, necesitaba entregarles el dinero. De lo contrario, matarían a toda su familia”.
El jueves 20 de octubre, la mujer secuestrada pidió permiso para bañarse y cuando los dos hombres encargadas de su cuidado, la dejaron en el baño, la víctima tomó un plumón y escribió en trozos de papel de baño “Secuestrada. Ayuda. Urge”, luego arrojó el mensaje hacia el patio contiguo.
Los secuestradores mantenían a la víctima en el departamento 102 del edificio tres en el fraccionamiento La Rioja. Más tarde, la mujer repitió la acción y dejó caer un segundo mensaje.
Esa noche, elementos de la Policía Municipal, se presentaron en el domicilio informando sobre la denuncia recibida. Una vez que la mujer vio los logos de la Policía y escuchó a los agentes identificarse, corrió hacia ellos para solicitar ayuda y les advirtió que sus agresores se encontraban armados.
La Policía Municipal, con apoyo de una de las Bases de Operaciones Mixtas, logró la detención de Víctor Daniel y Luis Ángel. En el lugar encontraron dos armas cortas y dos largas, todas abastecidas y con cartuchos. Incluso, los rifles de asalto estaban en estado “seminuevo”.
Los detenidos, imputados por la Fiscalía por el delito de secuestro agravado, pertenecían a las filas del Ejército Mexicano hasta hace menos de un año. Víctor Daniel García Cázares sirvió cuatro años en el 86 Batallón de Infantería en Nayarit. Y Luis Ángel Ramos Cázares, también estuvo cuatro años en la Secretaría de la Defensa Nacional, hasta enero de 2016, cuando se dio de baja por su adicción al cristal.
Extraoficialmente, se informó a ZETA que los jefes de los dos imputados responden a los apodos “El Chaparro” y “El Terrible”. Hasta el momento, siguen sin ser localizados.
Ya que los supuestos secuestradores pertenecían a las Fuerzas Armadas de México, la Fiscalía solicitó que el delito de secuestro se considere agravado, lo que incrementaría la pena, de ser encontrados culpables. El juez decidió vincularlos a proceso por ese delito.
