Acompañados por los escritores Juan Villoro Ruiz y Javier Sicilia Zardain, y coordinados por Sergio Aguayo Quezada, los investigadores del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México (Colmex), Delia Sánchez Rivero, Manuel Pérez Aguirre y Jacobo Dayán Askenazi, presentaron el informe “En el Desamparo: Los Zetas, el Estado, la sociedad y las víctimas de San Fernando, Tamaulipas (2010), y Allende, Coahuila (2011)”.
En el estudio se señala que “es urgente e indispensable” que el Estado reestructure y mejore el funcionamiento de las instituciones encargadas de atender a las víctimas de la violencia criminal. También se pide “buscar la verdad en estos casos de graves violaciones a los derechos humanos, para que se entiendan las lecciones dejadas, y que no se vuelvan a repetir este tipo de tragedias”.
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El cártel de Los Zetas se vengó de tres supuestos traidores en marzo de 2011 en Allende, Coahuila. Masacró a sus familiares, los quemó y derritió en ácido. De las 300 víctimas que hablan medios estadounidenses y Raúl Vera López, Obispo de Saltillo, el expediente de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila sólo reconoce a 26, basado en 61 testimonios y no en el pruebas periciales, reveló el informe.
Sin embargo, aún con las deficiencias que muestra la investigación judicial, la operación de los criminales, “el contubernio de las autoridades municipales con la célula delictiva y el abandono total de las víctimas quedan como pruebas de una impunidad garantizada”, señala el estudio. “Las víctimas, sus familiares y la sociedad, tienen derecho a conocer lo que pasó y a recibir un trato digno”, expone el reporte.
Sergio Aguayo recordó que en marzo de 2016, El Colegio de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) firmaron un convenio para que el primero realizara una investigación independiente sobre el trato y reparaciones proporcionado por el Estado mexicano —Federación, organismos autónomos, estados y municipios— a las víctimas de la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en agosto de 2010, y de la desaparición de un número indeterminado de habitantes en Allende, Coahuila, en marzo de 2011. Ambas ordenadas por Los Zetas.
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“Hasta ahora, el término que mejor define la experiencia de las víctimas es el desamparo”, indica el texto. Aguayo señaló que el diagnóstico preliminar tiene avances en la comprensión del trato que las instituciones del Estado concedieron a las víctimas de las dos tragedias, partiendo de la convicción de que las víctimas, sus familiares y la sociedad tienen derecho a conocer lo que pasó y a recibir un trato digno.
La investigación señala que las tragedias de San Fernando y de Allende fueron el resultado de múltiples factores. Los principales fueron el control casi total del crimen organizado sobre algunas regiones de Tamaulipas y Coahuila, además de la guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas iniciada en enero del 2010, y la complicidad de algunos agentes del Estado, complementada con la indiferencia, ineficiencia y/o debilidad de otras dependencias.
Un gran obstáculo es que el entramado institucional y judicial mexicano no fue diseñado para buscar la verdad y le cuesta trabajo incorporar esta perspectiva, dice el informe. Además, se evidencía comportamientos claramente diferenciados entre los gobernadores de Tamaulipas y Coahuila, sin que hasta el momento exista una solución integral a la problemática planteada por las víctimas.
En Coahuila, ni la Procuraduría General de la República (PGR), ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), atrajeron el caso de Allende, cuyo manejo ha sido responsabilidad del gobierno estatal. La negación define el interinato del gobernador Jorge Torres López, que gobernó del 4 de enero a 1 de diciembre de 2011.
La evasión fue posible porque las víctimas y los pobladores “estaban aterrorizados” y porque el asunto fue ignorado inicialmente por los medios de comunicación. Aunque el gobierno de Rubén Moreira reconoció la gravedad de los hechos y se interesó por esa tragedia, no ha logrado, hasta la fecha, una solución integral ni una atención adecuada, indica el informe.
“En el desamparo” revela además un escaso trabajo realizado por las comisiones de derechos humanos y concluye que el sistema de atención a víctimas del Estado mexicano necesita una reestructuración a profundidad que responda con seriedad al reto planteado por la multiplicación de las víctimas.
Durante su participación, el escritor y periodista Juan Villoro expuso que México es una “”necrópolis” donde proliferan las fosas en todo el territorio: “Aprendemos geografía a través de la desgracia: Río Blanco, Tetelcingo, Ayotzinapa, San Fernando y Allende pertenecen a esta resignación de la geografía a través del horror”, dijo.
El Gobierno, criticó el escritor, no solo ha omitido su tarea, sino también ha criminalizado a las víctimas. “Se necesita transitar un camino hacia la justicia: la reparación simbólica y una investigación de los sucesos”, mencionó, “una investigación clara como un principio ético”.
La academia, como parte de una red solidaria surgida a raíz de la falta de apoyo de más autoridades, “subsana lo que no hace el Estado”, agregó. El informe, aseguró Villoro “es una radiografía de la torpeza e impedimento para impartir justicia”.
“Hasta ahorita la única constante son los huecos, los faltantes. Hay vacíos de información, falta de verdad, ausencia de justicia, dudas, nula confianza en las instituciones, desarticulación entre sociedad y Estado, personas desaparecidas, cuerpos no reconocidos o encontrados de manera equivocada, nula visibilidad y atención al fenómeno de desplazamiento interno forzado, víctimas abandonadas, vacíos preocupantes para garantizar la no repetición, procesos burocráticos opacos. En resumen, lo que más se ve es la ausencia, los vacíos, el desamparo”, concluyó el estudio coordinado por Sergio Aguayo.
