Javier Duarte de Ochoa cayó de la gracia del Presidente Enrique Peña Nieto. No así, Humberto Moreira Valdés. En el propio PRI hay gobernadores (o ex gobernadores) de primera y de segunda.
El veracruzano más repudiado de México, Javier Duarte, es un hombre joven de 43 años, con ideas viejas del priismo que se niega a cambiar. Es un cachorro del PRI. Hechura de ese partido que hoy reniega de él con la misma intensidad que en 2010, de la nada, con poquísima experiencia, le concedió la candidatura –de la mano del siempre cómplice Verde Ecologista- al Gobierno del Estado de Veracruz, adónde había llegado encaminado por el mandatario a quien sucedería, Fidel Herrera Beltrán.
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Los excesos de Duarte de Ochoa estuvieron impunes (aun lo están, de hecho, pero ya en proceso de investigación) hasta julio de 2016, cuando por obra de la política y la grilla de alto nivel, inconformes priistas decidieron introducir una denuncia a la Comisión de Justicia Partidista del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Así, sin más, por hojas de papel el futuro político de Duarte quedó sellado y cerrado.
Hace unos días la Comisión que preside Fernando Elías Calles dictaminó, en base a otras denuncias interpuestas por otros priistas en septiembre, que había materia suficiente, pruebas robustas, para considerar que “… la posible vinculación de militantes del PRI, al mismo tiempo servidores públicos, en actos de corrupción…”.
Por ello, los derechos partidarios de Javier Duarte de Ochoa fueron suspendidos. Lo sacan del PRI para enjuiciarlo. Le quitan el privilegio de la credencial priista para perseguirlo. Le arrebatan el manto de la impunidad que da el derecho de ser priísta, para señalarlo públicamente, y solicitar a las autoridades hacendarias y de procuración de justicia, que sea juzgado hasta llegar a la sentencia penal y administrativa.
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Lo que evidencia esta acción unilateral priísta, es que hasta en tanto el partido no lo decida, topos son impunes en la corrupción y la transa evidente y documentada por periodistas y oposición en años recientes. Los señalamientos sobre las tropelías de Duarte fueron harto expuestas por comunicadores y políticos de otros partidos durante los cinco años y meses que contó con la protección del partido y nada ocurrió. Fue defendido abiertamente, y protegido políticamente.
Era marzo de este 2016 y en el PRI que manejaba Manlio Fabio Beltrones Rivera no sabían la debacle que se venía en términos electorales. El sonorense apoyaba a su candidato al Gobierno de Veracruz, Héctor Yúnez Landa, en tierras de huapango cuando Duarte de Ochoa tenía una más de las crisis por las que ha atravesado su gobierno cuando asesinan periodistas, jinetean el presupuesto o señalan excesos. Entonces Beltrones, en campaña, intentó lo imposible: hablar bien del defenestrado priista, “ante los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, no hay ningún estado ni ningún gobernador que haya estado en las mismas que no esté sujeto a presentar sus cuentas públicas claras… el gobernador Javier Duarte ha hecho su trabajo, y por ello habrá muchos años en los cuales se podrá seguir de lo bueno y de lo malo de su gobierno”, dijo según notas de prensa de la época.
Vendría el 5 de junio y el PRI perdería Veracruz, uno de los estados con mayor participación e importancia en la elección nacional, que siempre había estado bajo su poderío. El candidato pánista, Miguel Àngel Yúnez Linares, no representaba el mejor escenario para el gobierno de Veracruz, acaso las opiniones se dividieron, “El Yúnez bueno está en el PRI y el Yúnez malo en el PAN”, pero sabían que el primero perdería no por la propuesta o el trabajo del segundo, sino por el gobierno de Duarte.
En política hay sacrificios y Duarte es uno de ellos. No es la hebra más delgada, es la más vistosa, la más llamativa, y el hambre y la sed de justicia que vio Luis Donaldo Colosio en los mexicanos del 94, se han convertido en hambruna e inanición. El presidente Peña debe hacer algo para aplacar esos sentimientos mexicanos. Hundido ante sus propias decisiones y presunciones de corrupción, inestabilidad económica, desaciertos políticos e injusticia en asesinatos, sacrificará a uno de los cachorros priistas para demostrar que hay castigo para los corruptos aunque no para los suyos.
Duarte de Ochoa poco ha dicho de la cancelación de sus derechos partidistas en el PRI, acaso que acatará las decisiones de su partido. Se ha mantenido ecuánime y ello puede ser símbolo de dos situaciones: O el PRI lo utilizará pero no lo juzgará, o su libertad ha sido comprada para un propósito mayor y dispuesto está a pagar.
Duarte de Ochoa es un apestado para el PRI. Él y su más cercano equipo de colaboradores, que según las investigaciones del tricolor, a reserva de las pruebas en la Secretaría de Hacienda y las ministeriales en la PGR, participaron en la orquestación de fraudes a través de empresas fantasmas, y son sujetos de investigación por enriquecimiento ilícito, han sido exiliados del tricolor. Tres funcionarios, incluido su ex Secretario de Seguridad y su ex Secretario de Finanzas, así como otro de menor nivel jerárquico más de suma importancia en la operación para sustraer dinero del presupuesto, y dos notarios que dieron fe de los hechos falsos, están fuera del manto protector de impunidad. Amenazados en términos políticos con la cárcel para convertirlos en ejemplo de que en este País, al final, hay justicia.
Definitivamente Duarte cayó de la gracia del Presidente Peña. No lo ha defendido, y sí ha permitido su desconocimiento público, el extrañamiento político. No hay otra forma de verlo, si consideramos que la misma Comisión de Justicia Partidaria dirigida por Elías Calles, el día que sentenció a Duarte a la ignominia política, exoneró con una declaración a los hermanos Moreira. A Rubén, el actual Gobernador, y a su hermano Humberto, el ex Gobernador y ex dirigente nacional del PRI, al decir que no existe denuncia alguna para sancionar a los de Coahuila. Al primero por el señalamiento de haber construido empresas con domicilios fiscales inexistentes para establecer convenios (lo mismo que Duarte), y al segundo por haber dejado el Estado endeudado. Pero nada, los Moreira -como tantos otros rufianes del tricolor cercanos a Peña que todavía evaden la justicia- siguen protegidos por la membresía priista con todos sus beneficios, incluido penosamente el derecho a la impunidad.
