Arnulfo de León Lavenant, quien fuera el último procurador de los Derechos Humanos en Baja California, retuvo a los empleados de esa instancia impuestos relativos al trabajo, de nómina, sobre la Renta y por servicios profesionales, por la cantidad de un millón 800 mil pesos; pero nunca los entregó al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Considerando que se encontraron irregularidades en el manejo y uso de los dineros en la PDH durante los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014, estiman que incluidos recargos y multas por no pagar a la Hacienda pública, se deben más de 4 millones de pesos. Por este hecho, entre otras irregularidades, el 25 de agosto de 2016, De León Lavenant fue inhabilitado para ejercer un cargo público por un periodo de cinco años. Las cuentas las revisó el contralor de la ahora Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, licenciado Roberto Bautista. Además, entre las transas del priista encontró que no respetaba las etiquetas que llevaban los presupuestos y que gastó el dinero de una cosa para otra sin solicitar permiso o autorización al Congreso del Estado. La conducta ilícita de De León Lavenant fue sistemática. Repitió las omisiones y cometió las mismas irregularidades año con año. Lo más grave es que el adeudo con el SAT está pendiente, y nadie sabe qué hizo el ex procurador con ese dinero. El millonario desfalco es el más grande de sus problemas, pero no el único. Con todo y que los dineros fueron auditados a detalle, explicaron que el ex titular de la PDH ha contratado al polémico abogado Rafael Flores Esquerro para que lo defienda en un intento por revertir la inhabilitación, para lo cual tiene 15 días para inconformarse, contando a partir del 25 de agosto. O sea que de aquí al 15 de septiembre, puede respingar legalmente a lo que se le ha probado en números y auditorias: las transas que lo llevaron a la inhabilitación.
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